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Defensoría del Pueblo Regional Cesar, cerrará sus puertas por COVID-19

Como medida preventiva para evitar la propagación del Covid-19,  la Defensoria del Pueblo Regional Cesar, se suma al cierre de puertas como lo han venido haciendo otros entes públicos, para quelas personas se queden en casa.

La medida, puesta en marcha por la defensora, Dania Zuleta, se implementará a partir de este martes 24 de marzo e ira hasta el 13 de abril. Sin embargo, los ciudadanos podrán seguir haciendo sus denuncias a través de los siguientes canales: 310 8539364 (llamadas) y al 300 3245292 (Whatsapp) o escribir al correo cesardefensoria.gov.co

En la página web www.defensoria.gov.co pueden hacer llegar sus denuncias en servicios en línea.

Es importante mencionar que a la fecha en Colombia se registran 277 casos positivos, de estos el Cesar (1) en su capital, Valledupar. Los demás casos confirmados son en:  Bogotá (22), Medellín (10), Cartagena (2), Barbosa (1), Bello(1), Cajicá (1), Chía (1), Cota (1), Envigado (1), Guatapé (1) y Sabaneta (1).

Decreto del presidente, Iván Duque

Por último, el presidente Iván Duque, a través del Decreto 457 de marzo de 2020, mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el territorio colombiano, que regirá a partir de las cero horas del 25 miércoles de marzo, hasta las cero horas del lunes 13 de abril, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus COVID-19.

El Decreto, de siete artículos, firmado por el Presidente Iván Duque y los ministros de su gabinete, ordena el Aislamiento Preventivo Obligatorio o cuarentena “de todas las personas habitantes de la República de Colombia” durante el periodo de tiempo establecido, y como medida para enfrentar la pandemia.

La normativa determina que quien viole las medidas adoptadas y las instrucciones dadas, se verá sujeto a sanción de tipo penal prevista en el artículo 368 del Código Penal.

Dicho artículo indica que quien viole una medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro 4 a 8 años y, además, tendrá que pagar las multas que ordena el Decreto 780 de 2016, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

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