Los corregimientos de Villa del Río, Veracruz y Guayacanal sobreviven entre salones prestados, camillas viejas y promesas incumplidas. A los habitantes de los corregimientos de San Juan del Cesar les tumbaron los puestos de salud con la promesa de construir centros médicos modernos. Dos años después, lo único nuevo son las varillas oxidadas, los lotes abiertos y la rabia de las comunidades.
En Villa del Río, los enfermos esperan consulta dentro de un salón escolar. En Guayacanal, primero atendieron debajo de un árbol y ahora sobreviven en un pequeño cuarto de la institución educativa. En Veracruz, el servicio funciona en una casa prestada que su dueño ya no quiere seguir cediendo porque necesita arrendarla para vivir.
“Es una grave irresponsabilidad institucional”: veedor ciudadano
El Semanario La Calle habló con Luis Horgelys Brito Ariza, veedor ciudadano del municipio y abogado que lucha por causas dignas. “Levanto mi voz como activista social y defensor de los derechos colectivos del municipio de San Juan del Cesar para rechazar de manera categórica la grave irresponsabilidad institucional que hoy mantiene abandonadas las obras de los CAPS en los corregimientos de Guayacanal, Veracruz y Villa del Río”, dijo Brito.
La promesa del Gobierno terminó convertida en un monumento al abandono
Todo empezó cuando el Ministerio de Salud incluyó varios corregimientos de La Guajira en un ambicioso proyecto de reconstrucción de Centros de Atención Primaria en Salud (Caps). En San Juan del Cesar fueron escogidos Villa del Río, Veracruz y Guayacanal. La idea parecía buena: demoler las viejas estructuras y construir sedes nuevas, más modernas y mejor dotadas.
“Es una verdadera tragedia social”: Brito Ariza
“Lo que prometieron como un avance para garantizar el derecho fundamental a la salud, terminó convirtiéndose en una verdadera tragedia administrativa y social para nuestras comunidades rurales”, le dijo Brito Ariza a La Calle. “Derribaron los antiguos puestos de salud con la promesa de construir infraestructuras dignas y modernas, pero lo único que dejaron fue abandono, estructuras inconclusas, varillas oxidadas, maleza y comunidades completamente desprotegidas”, agregó el veedor sanjuanero.
Las comunidades siempre desconfiaban
Muchos líderes advirtieron desde el principio que derribar los puestos existentes sin tener asegurada la nueva construcción era un riesgo enorme. Temían otro elefante blanco, como tantos que ya adornan la geografía política del Caribe colombiano. No se equivocaron.
Guacamayal: obras inconclusas, en la intemperie
En Guayacanal, por ejemplo, “las estructuras metálicas y las excavaciones permanecen expuestas a la intemperie, representando no solo un monumento al incumplimiento estatal, sino también un peligro para la comunidad”, expresó Luis Brito a La Calle. “Mientras tanto, los habitantes continúan siendo atendidos en espacios improvisados que no cumplen con condiciones mínimas de dignidad, privacidad ni salubridad”, acusó.
Veracruz: “Lo que hay son varillas oxidadas”
En Veracruz, el panorama resume perfectamente el fracaso. El lote donde funcionaba el antiguo centro médico hoy parece una obra fantasma: tierra removida, hierro oxidado y excavaciones abandonadas. El portal Consonante publicó un reportaje sobre esta problemática. “Lo que hay aquí es varillas oxidadas y el terreno socavado”, reclama Einer Molina, presidente del Consejo Comunitario Pedro Manuel Molina, al mencionado medio.
Las obras debían ejecutarse en ocho meses. No alcanzaron ni siquiera el diez por ciento de avance. La indignación es todavía mayor porque las comunidades aceptaron la demolición creyendo que el sacrificio sería temporal. Hoy sienten que las dejaron sin lo poco que tenían.
“Los responsables se señalan mutuamente, mientras las comunidades sufren”: veedor sanjuanero
Para el veedor Luis Brito, resulta inadmisible que entidades del orden nacional, contratistas y demás responsables “se sigan señalando mutuamente, mientras las comunidades pagan las consecuencias del abandono institucional”. En su diálogo con La Calle, agregó que “aquí no se trata únicamente de contratos, cronogramas o sanciones administrativas; aquí se está vulnerando el derecho fundamental a la salud de cientos de familias campesinas y vulnerables que hoy sienten que fueron engañadas”.
Villa del Río: ahora un salón de clases es el puesto de salud
En Villa del Río, por ejemplo, el antiguo puesto de salud desapareció y la atención médica quedó reducida a jornadas improvisadas cada quince días dentro de una escuela. “Todos los equipos del puesto de salud se trasladaron a un salón de clases que se adecuó para la atención, pero no cuenta con las condiciones necesarias”, denunció Eduberto Daza, presidente de la Junta de Acción Comunal, al portal Consonante.
El médico atiende en un pupitre escolar. Detrás tiene un tablero verde lleno de marcas de tiza y en los estantes reposan historias clínicas en vez de cuadernos. Afuera, una camilla vieja y una silla odontológica desgastada completan el paisaje de precariedad.
“Esto no se puede seguir dejando a la improvisación”: veedor Luis Ariza
“Las comunidades no pueden seguir siendo víctimas de proyectos inconclusos, de la improvisación estatal ni de decisiones burocráticas alejadas de la realidad social del territorio”, expresó su inconformidad ante La Calle el veedor Luis Ariza. “La salud no puede convertirse en un escenario de abandono ni en otro ‘elefante blanco’ más para La Guajira”, agregó.
La alcaldía tiene responsabilidad, dicen líderes comunales
Los líderes comunitarios aseguran haber enviado derechos de petición y solicitudes formales preguntando qué ocurrirá con el proyecto. Tampoco han obtenido respuesta. “La Alcaldía también tiene responsabilidad”, sostiene Pedro Molina. “No manejaron los recursos de construcción, pero sí participaron en la demolición de los puestos de salud”, agregó.
Desde la administración municipal reconocen preocupación. Funcionarios aseguran que estudian acciones legales para exigir que las obras sean terminadas.
Pero en los corregimientos las promesas ya generan desconfianza. Porque mientras los funcionarios hablan de convenios, cronogramas y procesos jurídicos, la realidad es otra: campesinos esperando atención médica en salones escolares y consultorios improvisados.
“Que los organismos de control actúen”: activista social
“Exigimos de manera urgente al Ministerio de Salud, a EnTerritorio, a los contratistas responsables y a las autoridades competentes, que informen públicamente cuál será la ruta definitiva para reactivar y culminar estas obras. Asimismo, solicitamos a los organismos de control ejercer vigilancia inmediata sobre los recursos públicos comprometidos y determinar las responsabilidades correspondientes”, pidió Ariza en su diálogo con el Semanario La Calle. “San Juan del Cesar merece respeto. Las comunidades rurales merecen dignidad. Y la salud del pueblo no puede seguir enterrada entre varillas oxidadas y promesas incumplidas”, finalizó diciendo Brito a La Calle.