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Denuncian a Iván Duque y Álvaro Uribe ante la Corte Penal Internacional

Ante la Corte Penal Internacional (CPI) y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se envió una denuncia de más de 100 páginas contra el presidente de Colombia, Iván Duque; el ministro de Defensa, Diego Molano; el exsenador Álvaro Uribe; el general Eduardo Enrique Zapateiro y el director nacional de la Policía, general Jorge Luis Vargas.

La acción, presentada por varias organizaciones sociales y el senador Iván Cepeda, señala al presidente Iván Duque, su ministro de Defensa y varios de sus mandos policiales y militares de cometer abusos contra los manifestantes durante las protestas registradas en Colombia desde el 28 de abril. El Gobierno asegura que ha manejado la situación con «estrictos protocolos» de derechos humanos. Según la ONG Temblores, se han registrado 2.110 casos de violencia policial y 39 víctimas mortales en el marco de las manifestaciones antigubernamentales.

La denuncia llegó a la CPI y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde acusan a la Fuerza Pública de Colombia de cometer “delitos contra la población civil en la modalidad de homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas”, en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales que se viven desde el 28 de abril.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil y el senador de izquierda Iván Cepeda, enviaron a la CPI un amplio informe donde dan cuenta de 1.595 hechos ocurridos en varios departamentos de Colombia que registraron, según los denunciantes, violaciones a los derechos humanos. «Se documentaron 24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual; 11 víctimas de desaparición forzada; 129 víctimas de tortura y 1.365 víctimas de detención irregular», resalta la denuncia.

El documento, de más de 100 páginas, señala a varios mandos militares y policiales como los responsables de los desmanes, así como al propio presidente Iván Duque y a su ministro de Defensa, quienes no han logrado llegar a un acuerdo con los manifestantes a pesar del retiro de la reforma tributaria que encendió los ánimos para luego ampliar las exigencias.

El informe señala al comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, así como al director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, al ministro de Defensa Diego Molano y al presidente Iván Duque como “máximos responsables” de la represión y abusos a estas manifestaciones. Según los denunciantes, estos funcionarios «teniendo la capacidad material para prevenir la comisión de estos delitos o promover el castigo efectivo de los presuntos responsables, no lo hicieron».

La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda y la ONG Temblores, piden la intervención de la CPI ya que “el Estado colombiano no tiene voluntad de adelantar las investigaciones” y agregan que es “debido al exceso de concentración de poder en cabeza del presidente Iván Duque”.

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“Los incidentes documentados dan muestra de patrones claros de actuación de las autoridades, incluso dan cuenta del conocimiento que tuvieron los más altos responsables de la autoridad policial en la comisión de los crímenes internacionales nos permite asegurar que se alcanza el umbral de prueba necesario en esta etapa”, añaden.

Expertos de la ONU piden investigar la represión en Colombia

«Estamos profundamente consternados por el uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de la policía y los miembros del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) contra manifestantes pacíficos, defensores de los derechos humanos y periodistas en varios lugares del país”, señalaron en un comunicado expertos en derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Los expertos mostraron su preocupación por la participación de los militares en la respuesta del Gobierno a estas protestas y solicitaron una investigación independiente de los abusos denunciados.

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Varios organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea y otros gobiernos solicitaron al Estado colombiano que tome acciones contra la violencia policial y que garantice el derecho a la protesta pacífica. Por ahora, las convocatorias a nuevas manifestaciones continúan en varias ciudades mientras las demandas no sean escuchadas.

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