En los 13 años de circulación que lleva el Semanario La Calle, hay una preocupante constancia entre los actuales políticos guajiros: su renuencia a dar declaraciones a los medios de comunicación masiva, sobre todo, cuando se trata de temas álgidos dentro del acontecer social de los municipios y del departamento. Y, por si acaso, en alguna rara ocasión alguno decide dar un concepto, lo hace bajo la promesa del anonimato; por eso, este periódico valora al funcionario y/o político guajiro que, además de acceder a dar su declaración, autoriza que se la publiquen con su nombre; obviamente, esto, aunque habla de la gallardía y el empuje de quien lo hace, no es suficiente para valorar las acciones de un personaje público dentro de un determinado período de tiempo. Para analizar resultados de gestión, este Semanario también consulta con analistas y expertos en el tema a evaluar.
La voz solitaria de Luis Fernando Lobo en el recinto
Luis Fernando Lobo Barrera es de las pocas voces solitarias que en la Asamblea Departamental de La Guajira se atreven a contradecir con argumentos; además, saca la cara para que esta corporación cumpla con uno de sus propósitos fundamentales: el debate de control político; por ejemplo, el más reciente fue el que estaba citado para el pasado miércoles, donde la Aqualia, la empresa requerida, no asistió.
“Al parecer, como un truco, la empresa, diría yo, que para poder venir a la Asamblea departamental propone que podamos presentar un cuestionario de manera específica. Y yo agregaría que lo que ganaron fue tiempo: un ejercicio que, sin duda, era obvio porque si hoy se está desarrollando un vertimiento desmedido de aguas residuales a las playas de Riohacha, y si hay una queja por parte de la ciudadanía sobre todo el problema de salud pública que está presentando el sistema de alcantarillado del distrito de Riohacha y sobre cómo está funcionando el sistema de acueducto, creemos nosotros que esos eran los argumentos que estaban planteados en la citación a Aqualia”, dijo en el diputado Lobo Barrera en el seno de la corporación guajira al referirse a la no asistencia de Aqualia al debate de control político para el que fue citada.
Además de recordar que es obligatoria la asistencia de Aqualia a la citación, Luis Fernando Lobo anunció que, por derecho de petición o por tutela, “se le hará un conjunto de preguntas frente a cómo está funcionando el alcantarillado público y el agua potable en el Distrito de Riohacha”. Hay que recordar que Lobo fue el único de los cinco corporados consultados por el Semanario La Calle en agosto que respondió sobre la deficiente gestión de Esepgua. En esa oportunidad, el diputado Luis Lobo prometió que está preparando un debate de control político sobre ESEPGUA que presentará en las próximas sesiones. Según dijo, aún le falta consolidar información para que su intervención tenga el impacto necesario frente a las denuncias que la comunidad ya ha venido visibilizando.
La Presidencia de Daniel Ceballos dio garantías en la Asamblea
El jueves 28 de noviembre de 2024, el diputado Daniel Elías Ceballos Brito fue elegido, por unanimidad, como nuevo presidente de la Asamblea Departamental de La Guajira para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Es obvio suponer que en una coalición de gobierno, los integrantes no están para oponerse a la administración, pero tampoco están para ser ‘una caja de resonancia’ de la administración. Los analistas guajiros, consultados por el Semanario La Calle, dicen que Daniel Ceballos supo guardar ese equilibrio en este año que ya agoniza.
En relación con expedir, reformar y derogar ordenanzas, lo cierto es que se han debatido cada una de las presentadas por la Administración de Jairo Aguilar. La Calle le preguntó a los expertos políticos en estas lides si era función de la Asamblea esperar lo que la gobernación le diga para actuar en consonancia frente a las ordenanzas. “No, obviamente la Asamblea Departamental también tiene facultades para poder presentar proyectos de ordenanza, tiene iniciativas sobre algunos temas, no sobre todos los temas, también para derogarlas, por supuesto, para modificarlas, no sobre todos los temas, hay temas que son exclusivos de iniciativa departamental, todos aquellos temas que involucren la modificación del presupuesto departamental, que generen obligaciones en materia presupuestal para la gobernación, no pueden ser de iniciativa de los diputados, tiene que ser de iniciativa del gobierno o con una iniciativa de los diputados, pero con aprobatoria del gobierno”, expresó uno de los consultados. Y Ceballos, de acuerdo a los analistas, supo garantizar la fluidez de los procesos.
Como le dijo la misma fuente a La Calle, “en el accionar del control político es donde la Asamblea se convierte en una institución fuerte, poderosa, que controla al gobierno y que corrige el rumbo del gobierno en virtud de lo que demanda la ciudadanía”. Y, en esto, la Asamblea de La Guajira pudo ejercer, desde la oposición, este deber, gracias a las garantías brindadas por Ceballos en este 2025. Lo único que se le pediría a Ceballos Brito es que sea un poco más asequible cuando es requerido para solicitar su opinión sobre asuntos de interés político y administrativo de La Guajira ante la prensa.
Arnoldo Marulanda es la defensa de los más vulnerables en la Asamblea
Mediante la Proposición N.° 009 de 2025, centrada en las facultades legales del Estado frente a la profunda crisis de desnutrición infantil que golpea a La Guajira, el diputado Arnoldo ‘Nono’ Enrique Marulanda Brito fue ponente del debate de control político por la grave situación de la niñez guajira. “La sesión, que contó con la participación de la Secretaría de Salud, la directora del ICBF, autoridades locales y representantes de la población migrante, reunió a actores clave de Manaure, Uribia y Riohacha. Desde las 9:30 a.m. hasta las 3:30 p.m., mantuvimos un espacio de diálogo serio, participativo y comprometido”, dijo el corporado Marulanda.
Además, presentó la proposición que permitió abrir un espacio de reconocimiento y reflexión sobre una deuda histórica: el desalojo forzado del 9 de agosto de 2001 a los habitantes de la población de Tabaco para permitir la actividad minera de Cerrejón. “No es sólo una fecha. Es el recuerdo de más de 1.200 personas que fueron desplazadas de su territorio ancestral por intereses mineros, una herida que aún sangra y exige justicia. Hoy levantamos la voz desde lo público, no sólo para conmemorar, sino para exigir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema que ordena la reparación integral de Tabaco. Que este sea un punto de partida para acciones concretas, y no sólo palabras”, dijo el diputado Arnoldo Marulanda.