En Valledupar, un grupo de ciudadanos radicó ante la Procuraduría Regional del Cesar una denuncia formal contra la directora de Corpocesar, Adriana M. García Arévalo, señalándola de no responder de manera oportuna y completa varios derechos de petición relacionados con la ejecución de presupuestos, contratos y proyectos ambientales en el departamento. La queja, puesta en conocimiento del organismo disciplinario el pasado 11 de septiembre, bajo el número E-2025-469608, solicita la suspensión preventiva de la funcionaria mientras avanzan las investigaciones.
Según los denunciantes, el derecho de petición presentado el 30 de julio de 2025 buscaba detalles sobre recursos invertidos entre 2022 y 2025, convenios con fundaciones y avances de programas como la recuperación del río Guatapurí y el estado del centro de acopio de residuos en la vía a Valencia de Jesús. Sin embargo, insisten en que Corpocesar no entregó la información completa ni dentro de los plazos establecidos, hecho que consideran una vulneración al derecho fundamental de petición.
La ciudadanía reclama mayor claridad en el manejo de los recursos públicos destinados a la protección ambiental y solicita a la Procuraduría iniciar un control disciplinario para evitar que la confianza en la autoridad ambiental del Cesar continúe deteriorándose. Este episodio se suma a las reiteradas exigencias de la comunidad sobre la necesidad de fortalecer la transparencia y eficacia en la gestión ambiental de la región.
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