Ya el 2 de diciembre, este Semanario había visibilizado lo que Jimmy Gamboa Ramírez, presidente de la vereda y asentamiento humano Diviso, en el municipio de San Martín, Cesar, consideraba las irregularidades que hubo en la creación de dos nuevas Juntas de Acción Comunal (JAC) en la población. De acuerdo a Gamboa Ramírez, la administración municipal, en cabeza del alcalde Yan Navarro Pérez, entregó radios de acción o “territorios” a estas nuevas juntas, a pesar de que el ordenamiento territorial del municipio no ha sido actualizado desde 2005. “Y, con esa irregularidad, empezaron a dar radios de acción, sabiendo que no pueden hacerlo porque no hay nada actualizado. Ellos conformaron una JAC, prácticamente, con una sola familia. Y me enteré de que no sólo lo hacen aquí en El Diviso, sino que también lo están haciendo en otras veredas”, llamó la atención. Poco más de un mes después, las tensiones en ese sentido se han incrementado.
En esa oportunidad, el presidente veredal explicaba, además, que él consideraba que la motivación para que la administración de Navarro Pérez tome esta “ilegal decisión” es por “fines personales, políticos y vínculos detrás de las empresas”; precisamente, este ‘vínculo detrás de las empresas’ es lo que ha hecho aumentar la tensión entre el primer mandatario de San Martín y los asentamientos humanos.
El verdadero interés del alcalde Yan Navarro
De acuerdo a uno de los dirigentes de El Diviso, “hay un interés muy particular por parte del alcalde Yan Navarro en la creación de una JAC y darlo a conocer a empresas, como lo son Ecopetrol y Gran Tierra Energy (GTE), ambas compañías son sobre la exploración y extracción de crudo, ambas están en nuestro municipio y dentro del radio de acción del asentamiento humano El Diviso; entonces, la pregunta es qué tanto es el interés del alcalde en dar a socializar a estas empresas la creación y acercamiento de una nueva JAC, creada en el radio de acción de la JAC del asentamiento humano”.
El Semanario La Calle se contactó nuevamente con Jimmy Gamboa para verificar esta nueva información entregada por unos de sus paisanos; sin embargo, Gamboa Ramírez se excusó de no poder opinar esta vez por no entorpecer una demanda que estaba preparando sobre todo este lío.
Lo cierto es que cuando se comunicó con La Calle, a finales de noviembre, precisamente, para denunciar lo que se publicó el 2 de diciembre, Jimmy Gamboa Ramírez le contó a este semanario que, por haber dos operadores de petróleo en la zona, el presidente da la vereda El Diviso contó que “aquí, antes, había mucha corrupción: era una de las veredas más corruptas que tenía el municipio de San Martín. Esto se prestaba para muchas cosas: para prostitución, para la venta de cupos laborales, en fin. Y, gracias a nuestra gestión, eso se acabó; entonces, yo le dije al alcalde ‘venga, así no son las cosas, revise lo que está pasando. Usted no le va a hacer daño al presidente de la vereda, usted se lo va a hacer a todo el municipio’. He dado una lucha grande con mi comunidad para acabar esta corrupción. Y lo habíamos logrado erradicar; sin embargo, hoy, esas personas a las que se les había acabado el poder, lo quieren retomar de esa forma, volviendo al municipio ilegalmente con ese radio de acción abiertamente ilegal”.
Tráfico de puestos de trabajos en empresas mineras
Cuando Gamboa Ramírez habla de “venta de cupos laborales” coincide con el también dirigente de ese asentamiento que se comunicó la semana pasada con este Semanario. “Nos reunimos las tres partes (Alcaldía, GTE y la comunidad del asentamiento), ya que fue una invitación por escrito por parte de la administración de Yan Navarro. No sé qué tanta cosa tiene él con GTE, una empresa petrolera canadiense con una producción de muchos barriles de crudo y también un alto flujo de trabajo, con muy buenos salarios (por encima de los 2 salarios mínimos, aparte de otras arandelas). Se levantó un acta y la tengo donde se manifiesta la repartición de la mano de obra laboral en dicha empresa. Eso es el único tema: la intervención laboral por parte de la administración municipal en el mercado laboral de estas grandes empresas petroleras”.
Lo que dice el acta
La Calle tuvo acceso al acta que menciona el dirigente de El Diviso. En ella se deja constancia que el alcalde Yan Navarro dice que él “genera estos espacios para que GTE y las JAC podamos desarrollar las actividades de la empresa en el municipio”. Y también queda claro en el mismo documento que la “comunidad de JAC de El Diviso manifiesta inconformidad (SIC) por participación de la Alcaldía en conformación de nueva JAC, que consideran no cumple con lo establecido en la normatividad que atañe a los temas comunales”.
Por su parte, también quedó consignado en el acta que GTE expresa, respecto al reconocimiento de una nueva JAC, “como Compañía debemos esperar un pronunciamiento por parte de las autoridades locales, en este caso la Alcaldía de San Martín para conocer de manera oficial, de acuerdo con el EOT, cuáles son las unidades territoriales que hacen parte de El Diviso”. Y agregan que, una vez tengan esa información oficial, “podremos contrastar la información con nuestras herramientas geográficas y así validar si esta nueva JAC hace parte del área que se encuentra afectada por los impactos ambientales del proyecto”.
La GTE y la participación laboral
La compañía GTE dejó establecido en el acta lo que llamó ‘tres mensajes’. El primero, que para dar reconocimiento a una JAC “debe surtirse unos efectos y toma unos tiempos administrativos que deben esperarse”.
Con respecto a la participación laboral y de inversión social, GTE explica que si la Administración informa que la nueva JAC está dentro del área que recibe el impacto ambiental de la operación, “la participación laboral y de inversión social será la misma, la mano de obra es por requerimiento operativo; es decir, que no incrementará y, por ende, la inversión social tampoco; por ende, esta se dividirá para las dos” JAC.
Empresa minera llama al alcalde a resolver el conflicto
El tercer mensaje de GTE que se lee en el acta es el llamado que hace “al Alcalde y al Secretario de Gobierno a participar en la resolución del conflicto de las dos comunidades y entrar a apoyar la viabilidad de la operación, en caso de materializarse vías de hecho asociadas a las diferencias entre las comunidades Piedemonte y El Diviso, reiterando la responsabilidad del ente territorial de garantizar el orden público en el municipio”.
Lo que dice la JAC El Diviso
El acta dice que el Presidente de la JAC El Diviso manifiesta que “respeta y reconoce que el Alcalde está socializando una nueva JAC, pero pide que su comunidad no sea afectada y que, si se trata de intereses en participación laboral, su comunidad entrará a defender sus derechos. Manifiesta que no puede detener a su comunidad porque actuará de forma autónoma”.
Lo que dice la JAC del Piedemonte
Por su parte, el presidente de la JAC del Piedemonte informa que si la comunidad de El Diviso realiza vías de hecho, su JAC también las realizará. GTE, de acuerdo al acta, reiteró la importancia de no acudir a las vías de hecho. “En caso de presentarse, acudirá a las autoridades locales y a las actuaciones pertinentes para solicitar el restablecimiento del orden público”, dice el acta.
El Piedemonte y El Diviso compartían la misma JAC
“La parcelación de Piedemonte está en el corazón del asentamiento humano El Diviso; por tanto, la JAC era la misma para ambos. Lo que pasa es que la Presidenta de la nueva JAC de Piedemonte es la mamá de un concejal de San Martín, que es de la misma línea del alcalde Yan Navarro. Y algunos funcionarios de la Alcaldía, como el Secretario de Planeación, hacen parte de la JAC de piedemonte”, le aseguró a La Calle el líder de El Diviso.
“Los alcaldes no conformamos juntas”: Yan Navarro
El alcalde Yan Navarro, en diálogo con el Semanario La Calle recordó que “los alcaldes no tienen la autoridad de conformar Junta de Acciones Comunales. Quien conforma la Junta de Acciones Comunales es la misma comunidad. Segundo, hay un conducto regular donde ellos se desplazan a la oficina de Asojuntas, quien es quien los direcciona para conformar las Juntas de Acciones Comunales y ellos, a su vez, presentan toda la documentación a la Secretaría de Gobierno Departamental, quien, realmente, es el que hace reconocimiento de la Junta de Acciones Comunales en todo el Departamento del Cesar. Entonces, los alcaldes no somos autónomos y no aprobamos Junta o no reconocemos Juntas de Acciones Comunales. Nosotros, simplemente, nos regimos por las directrices de aceptarlas y trabajar con todas las Juntas de Acciones Comunales. En el municipio de San Martín hay 76 Juntas de Acciones Comunales entre barrios, veredas y corregimientos. Y con la única Junta que no he podido trabajar es con la del señor Jimmy Gamboa, en la de El Diviso, que tiene una persecución conmigo, personal y política”.