Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Contraloría, no son defensores de derechos humanos en las condiciones que viven los presos de las cárceles de Valledupar, parecen ser cómplices de las mafias y corrupción.
En un cuento de nunca acabar se ha convertido la mala alimentación de los presos de Valledupar, recursos del Estado que se estarían quedando en actos de corrupción por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (USPEC).
Pasó el 2021 y las quejas al recibir alimentos de mala calidad y putrefactos a deshora aumentaron, no reciben agua potable, no hay líquido todos los días y tras de eso deben comprarla, y desde el mes de octubre la USPEC juega con la comida de estos, no encuentra la contratista idónea que llegue a mejorar estas irregularidades.
La empresa DNP tuvo el millonario contrato por muchos años, y desde el 15 de diciembre de 2021 llegó Unión Temporal NUTRI USPEC, de origen paisa, a ejecutar el contrato de alimentación en la ‘Tramacua’, y también sería la contratista en la Judicial. Pero no acaba el inconformismo porque esta ha seguido replicando las mismas falencias e incumplimientos que se vienen denunciando desde hace varios años atrás de otros consorcios, indicó Patricia Obando, defensora de Derechos Humanos de la población carcelaria.
“El día 18 de 2022 no se nos suministró el almuerzo ni la cena toda vez que estas no fueron recibidas por la pésima calidad y estado de descomposición en que se suministraron”, denunciaron reclusos a través del Movimiento Nacional Carcelario, dichas quejas y denuncias no tiene eco, y no reciben atención alguna de controles municipales, departamentales y mucho menos, los nacionales.
Pero lo que sí pone en tela de juicio a más de uno, son los jugosos contratos que aquí se manejan. Este medio no logró tener acceso oficial a la información contractual de la USPEC en Valledupar con operadores privadores, pero según afirman representantes de veedurías en defensa de la población privada de la libertad -PPL- de esta localidad, son varios contratos por más de $3 mil millones en juego, cada uno. La USPEC maneja alimentación, acueducto, obras de infraestructura en centros, prestación del servicio de vigilancia electrónica, cobertura en salud y sus especialidades, atención Covid-19 y aplicación de biológicos; y en su informe de rendición de cuentas 2021 no registra mayor inversión y gestión en cárceles de Valledupar, lo que despierta suspicacia de una aparente complicidad de la USPEC con los actuales directivos de estos centros.
“La situación que se está dando en la cárcel Máxima y Mediana Seguridad es precaria, el almuerzo se los dan a las 4:00 pm, el desayuno cuando hay lo dan tipo 10 am y la cena a las 9 pm, las condiciones de la alimentación muy mala, con gusanos, la venden descompuesta y no están dando ni siquiera los gramos de alimentación que se deben suministrar a un ser humano. En cuanto a las condiciones de salud, se están muriendo de cáncer de colon y los mueven de ahí cuando las personas ya están moribundas con metástasis como es el triste caso que estamos peleando por la salud de unos jóvenes”, asegura Selinda Márquez Sierra, representante de la Asociación de familiares y amigos de presos de cárceles de Valledupar a este medio de comunicación.
Además del hacinamiento, un infierno viven para obtener agua y no potable, funcionarios de estos centros penitenciarios aseguran que las pruebas microbiológicas del agua y alimentos preparados muestran Escherichia coli, y encienden las motobombas por 8 ó 10 minutos para ducharse y hacer sus necesidades fisiológicas, además de los internos que venden el agua; “los tratan como un cementerio de vivos, vuelven la vuelven a ver los días de visita para que los familiares vean la presencia del servicio”, aseguran miembros de la Asociación.
Lo cierto es que a la USPEC le queda grande garantizar servicios de calidad y en su informe de rendición de cuenta afirma que “en la alimentación de los PPL tiene en cuenta la religión y creencias, y se les ofrece menús acordes a su fe o creencias religiosas. Así mismo, mensualmente se ofrecen menús especiales regionalizados, en las fechas especiales, como el día del padre, día de la madre, semana santa y festividades de fin de año los operadores ofrecen menús especiales”, dice el documento, palabras que fueron desvirtuadas por las fuentes consultadas frente a esta situación que se vive detrás de los muros.
“De esta situación han sido conocedoras las autoridades penitenciarias, de salud y de control regionales y nacional, sin que intervengan para garantizar el derecho a la alimentación sana, balanceada y de calidad, que tiene una relación directa con la salud y la dignidad de la población reclusa. Ante estos continuos hechos, torturas, tratos inhumanos y degradantes que no cesan en La Tramacúa, elevamos un S.O.S”, dice la más reciente circular del Movimiento Nacional Carcelario.
Así las cosas, los internos ven una esperanza con las esporádicas visitas humanitarias donde todas las ‘ías’ pasean las torres y pabellones, se toman fotos para las redes sociales, pero las soluciones a la problemática que hace cada vez más indigna una prisión en Valledupar nunca llegan, y para los directores todo marcha bien.
Avanza el 2022 y preocupadas están las veedurías, asociaciones y movimientos garantes de derechos humanos por una población de más de 2.000 reclusos desamparados a la merced de guardianes del IMPEC, directivos, y una entidad que está absorbiendo miles de millones en complicidad con operadores privados, y desde afuera están los que pecan por omisión y negligencia.
Es hora de despertar, y cabe recordarle a funcionarios de las ías y a los directores, Enilda Vásquez y …. , que en diciembre de 2021, denuncias de irregularidades en contrato de USPEC por $380 mil millones comprobaron la cartelización con comida en las cárceles del país, y tal parece que la corrupción y posibles casos de violación a la libre competencia se está llevando la comida buena de los reclusos de Valledupar.