La suspensión provisional del acuerdo que modificó el impuesto de alumbrado público, tras una demanda presentada por el veedor ciudadano Luis Alonso Colmenares, y los cuestionamientos surgidos alrededor de un eventual empréstito superior a los $15.000 millones mantienen al Concejo Municipal de Villanueva en el centro del debate público.
Mientras uno de los casos avanza en la jurisdicción contencioso administrativa, las denuncias sobre presuntos ofrecimientos de dinero a concejales corresponden, hasta el momento, a señalamientos públicos que no han sido probados judicialmente.
El Concejo Municipal de Villanueva enfrenta una serie de cuestionamientos relacionados con decisiones adoptadas durante el presente año, las cuales hoy son objeto de acciones judiciales, denuncias ciudadanas y críticas por parte de veedores y habitantes del municipio.
Los hechos que hoy generan mayor discusión corresponden, por un lado, a la suspensión provisional del Acuerdo 13 de 2025, mediante el cual se modificó el impuesto de alumbrado público, y por otro, a la posibilidad de tramitar un empréstito superior a los $15.000 millones para el municipio, iniciativa que aún no ha sido presentada oficialmente, pero sobre la cual ya existen cuestionamientos públicos.
La demanda contra el impuesto de alumbrado público
La primera controversia surgió luego de que el contador público y veedor ciudadano Luis Alonso Colmenares interpusiera una demanda contra el Acuerdo 13 de 2025, expedido por el Concejo Municipal, mediante el cual se modificó el impuesto de alumbrado público.
Como consecuencia de esa acción judicial, el Tribunal Administrativo de La Guajira admitió la demanda y decretó la suspensión provisional del acuerdo mientras estudia el proceso de fondo.
Para Colmenares, el municipio no tenía razones para incrementar el impuesto debido a que el recaudo existente era suficiente para garantizar la prestación del servicio.
“El municipio estaba recaudando más de lo necesario para sostener el servicio de alumbrado público, por lo que no había razones para aumentar el impuesto.”
Añadió que esos recursos podían utilizarse para ampliar la cobertura del servicio en sectores donde actualmente no existe iluminación.
“Ese exceso de recaudo podía destinarse a ampliar la cobertura del alumbrado público, no a incrementar la carga para los contribuyentes.”
Otro de los puntos cuestionados por el veedor tiene que ver con la obligación de pagar el impuesto para propietarios de predios ubicados en sectores donde no existe alumbrado público.
“La modificación incluía a propietarios de inmuebles que ni siquiera cuentan con servicio de alumbrado público.”
Según explicó, incluso fincas y lotes rurales sin cobertura del servicio quedarían obligados a cancelar el tributo.
“Una finca o un lote en zonas rurales donde no existe alumbrado público también iba a quedar obligado a pagar el impuesto.”
A su juicio, esta medida representa una afectación desproporcionada para los contribuyentes.
“Ese cobro termina siendo prácticamente confiscatorio.”
Colmenares recordó que fue precisamente esa situación la que motivó la solicitud de suspensión provisional del acuerdo.
“Solicité la suspensión provisional del acuerdo y el Tribunal admitió la demanda, concediendo la medida cautelar mientras se decide el proceso de fondo.”
Actualmente, el acuerdo permanece suspendido mientras avanza el proceso judicial.
Otra acción judicial por el presupuesto municipal
El contador público también cuestionó otro acuerdo aprobado por la corporación.
Se trata del Acuerdo 11 de 2025, mediante el cual el Concejo otorgó facultades extraordinarias para modificar el presupuesto de ingresos y gastos correspondiente a la vigencia 2026.
Según Colmenares, esa decisión desconoce lo establecido por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-036 de 2023.
“La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-036 de 2023, estableció que el presupuesto no puede modificarse mediante facultades extraordinarias otorgadas por una corporación pública.”
El veedor agregó que el Juzgado Segundo Administrativo de Riohacha suspendió inicialmente ese acuerdo y posteriormente lo anuló mediante decisión de fondo.
Veeduría cuestiona el funcionamiento del Concejo
Las críticas también fueron respaldadas por Germán Arenas Sierra, coordinador general de la Veeduría Municipal de Villanueva, quien manifestó que las decisiones del Concejo se estarían aprobando
sin el análisis suficiente.
“Los 13 concejales hacen parte de la coalición de la alcaldesa y están aprobando los acuerdos a pupitrazo, sin el estudio que exige la ley.”
Aseguró que durante la discusión de los proyectos no se estaría cumpliendo el procedimiento previsto en el reglamento interno de la corporación.
“Se está violando el reglamento interno del Concejo, así como lo que establecen la ley y la Constitución.”
También sostuvo que la comisión encargada de estudiar las iniciativas no estaría realizando el análisis previo antes de que los proyectos lleguen a la plenaria.
“La comisión encargada de estudiar los proyectos no está haciendo el análisis previo que corresponde antes de llevarlos a plenaria.”
Arenas recordó que Colmenares demandó tanto el Acuerdo 11 de 2025 como el Acuerdo 13 de 2025, relacionados con el presupuesto y el impuesto de alumbrado público, respectivamente.
Cuestionamientos al posible empréstito
Otro de los temas que ha generado debate corresponde a un eventual empréstito superior a los $15.000 millones.
Sobre este asunto, Luis Alonso Colmenares aclaró que únicamente formuló preguntas públicas acerca de la existencia de esa iniciativa y del conocimiento que tendrían los concejales.
“Sobre el posible empréstito por más de $15.000 millones, lo único que hice fue preguntar si existía la intención de presentarlo y si los concejales tenían conocimiento de esa iniciativa.”
Añadió que, de llegar a presentarse el proyecto, será necesario explicar detalladamente el destino de los recursos y demostrar la capacidad financiera del municipio.
“Si ese crédito llega a presentarse, habrá que explicar en qué se invertirán esos recursos y si el municipio tiene capacidad de pago.”
Por su parte, Germán Arenas consideró que un crédito de esa magnitud comprometería las finanzas del municipio.
“El empréstito por más de $15.000 millones comprometería las vigencias futuras del municipio y dejaría una carga fiscal para la próxima administración.”
Asimismo, señaló que resulta cuestionable que después de aprobado el presupuesto de 2026 se pretendieran otorgar facultades para modificarlo y gestionar un nuevo crédito.
Reclaman mayor transparencia
El coordinador de la Veeduría Municipal también manifestó que las sesiones del Concejo se estarían desarrollando sin suficiente participación ciudadana.
“Las sesiones se están realizando prácticamente a puerta cerrada, sin permitir la participación de las veedurías, líderes comunales y la ciudadanía.”
Agregó que presentó denuncias ante la Procuraduría contra miembros del concejo, por presuntamente sabotear una sesión de la veeduría.
Según Arenas, durante esa reunión se presentaron descalificaciones en lugar de permitir el ejercicio del control ciudadano.
La comunidad también expresa inconformidad
Las críticas también provienen de habitantes del municipio.
Luis Contreras aseguró que el estado del alumbrado público no justifica un incremento del impuesto.
“El alumbrado público en Villanueva es un desastre; gran parte del municipio permanece a oscuras.”
Añadió que no resulta razonable cobrar el tributo en sectores rurales donde el servicio ni siquiera existe.
“No tiene sentido cobrar impuesto de alumbrado público en el sector rural, donde ni siquiera existe ese servicio.”
El ciudadano afirmó que entre el 60 % y el 70 % del municipio presenta deficiencias en iluminación, situación que favorece la inseguridad y obliga, en algunos casos, a los habitantes a instalar iluminación por cuenta propia.
“La comunidad se queja constantemente por el mal servicio de alumbrado público.”
Finalmente, reiteró que, desde la perspectiva de numerosos ciudadanos, cualquier aumento en el impuesto debería ir precedido de mejoras reales en la prestación del servicio.
Hasta el momento, las afirmaciones sobre presuntos ofrecimientos de dinero a concejales para respaldar un eventual empréstito corresponden exclusivamente a denuncias públicas y no constituyen hechos probados ni han sido objeto de una decisión judicial.
