Las demoras en la contratación de los servicios del Programa de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) están poniendo en riesgo a aproximadamente 1.2 millones de menores en todo el territorio nacional.
Según la Procuraduría, un caso que ilustra esta preocupante situación se observa en el departamento de La Guajira, donde al menos 44 mil niños pertenecientes a la comunidad Wayúu están experimentando la ausencia del Programa de Primera Infancia. Este programa abarca aspectos como educación inicial, alimentación nutritiva, apoyo a las familias, entornos protectores y espacios para menores y madres gestantes.
Las alarmas fueron encendidas por la Procuraduría tras un análisis exhaustivo realizado en diversas zonas del país, que reveló los serios problemas que enfrenta el ICBF en los procesos de selección de operadores, firma de contratos y el inicio de su ejecución. Esta situación ha generado graves inconvenientes para los derechos de los niños, niñas y madres gestantes.
Durante las diligencias de seguimiento, el ente de control constató la falta de planificación y capacidad del ICBF para implementar el nuevo modelo de contratación de servicios, así como los desafíos que esto implica, lo que resulta insuficiente frente a la urgencia de mantener la continuidad del Programa de Primera Infancia.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública también señaló que el ICBF, desde finales de 2023, debería haber avanzado significativamente en los procesos de contratación, pero esto no ocurrió. Además, la entidad no contaba con un plan alternativo para garantizar la prestación del servicio, lo que agravó la situación.
La incertidumbre aumenta y causa gran preocupación para el ente de control al conocer que, de las 1,325 zonas en las que se ofrecen los servicios del ICBF, hasta el 26 de febrero de 2024, 240 zonas han quedado desiertas. Además, de las zonas restantes seleccionadas, ni siquiera se han firmado los respectivos contratos ni se ha iniciado su ejecución.