En el IDREEC hay algo que no falta: problemas. Lo que, según funcionarios y exfuncionarios, sí empezó a faltar son los pacientes.
Y no hablamos de unos cuantos días. El deterioro lleva más de una década. Cambian las administraciones, pasan los años y se anuncian salidas, pero la crisis sigue instalada. Lo incómodo es que el Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar conserva su nombre, sus oficinas y su infraestructura, mientras quienes conocen su operación desde adentro describen una entidad que hoy prácticamente no rehabilita.
Una exfuncionaria del IDREEC, quien pidió expresamente que su nombre no fuera utilizado, lo dijo sin anestesia: “Nosotros ahorita mismo no tenemos contrato con ninguna EPS, con ninguna. Pacientes que lleguen a hacerse terapias, terapias físicas, psicología, salud, fonoaudiología, no hay uno”. No hay uno.
La precisión importa. El instituto no está cerrado. Según las fuentes consultadas, existen convenios, principalmente para certificación de discapacidad y rehabilitación basada en la comunidad. Pero una cosa es certificar una discapacidad y otra prestar regularmente las terapias que necesita una persona para rehabilitarse.
La escena resulta casi surrealista: un instituto de rehabilitación sin pacientes en sus servicios terapéuticos convencionales, mientras conserva una estructura diseñada para atenderlos. El informe señala que ninguna EPS del territorio tiene actualmente un contrato activo con el IDREEC y que la falta de contratación dejó a los usuarios sin acceso regular a terapias especializadas.
La caída aparece también en los números. El informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2025 registra 4.940 usuarios menos en Terapia Física frente a 2024. El REPS registra 24 consultorios, 16 camas para salud mental de adultos y 16 para hospitalización PSA, pero buena parte de esa capacidad permanece subutilizada por falta de pacientes y contratos.
Y aquí aparece el asunto que nadie debería pasar por alto: si hay espacios y existe una población que necesita atención, ¿dónde están los pacientes?
El Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad acumula 49.545 registros en el Cesar. Una población que necesita servicios no puede convertirse en una cifra decorativa mientras la institución llamada a atenderla pierde capacidad asistencial.
La paradoja se vuelve más dura cuando se mira al personal. Durante entrevista a empleados del lugar, señalaron que actualmente quedan 12 funcionarios. La misma fuente explicó que la misión asistencial prácticamente se acabó y que lo que queda es, en buena medida, administrativo: “Mira en lo que se quedó el IDREEC”.
Antes, el informe hablaba de 14 funcionarios: apenas tres asistenciales y 11 administrativos. La salida de profesionales no es un simple dato de nómina. Si se van los terapeutas, también se va la posibilidad de sostener procesos continuos de rehabilitación.

Y mientras los pacientes desaparecen de las salas, los problemas sí hacen presencia.
La ironía es difícil de ignorar: cuando no hay pacientes, sobra tiempo; y cuando sobra tiempo, la jornada puede convertirse en espera. El problema es que para los empleados la espera no significa descanso. Significa cuentas pendientes, salarios atrasados y una incertidumbre que se prolonga mientras siguen teniendo que presentarse a trabajar.
El personal denuncia atrasos salariales superiores a 26 meses, además de obligaciones por prestaciones, cesantías, vacaciones y primas. La crisis laboral ha provocado protestas, huelgas de hambre y encadenamientos.
Una funcionaria lo resume: “Yo estoy vendiendo comida porque tengo que sostenerme, pagar”.
Otra lo deja claro: “No se trata de pañitos tibios”.
Y cuando se pregunta por el impacto emocional, la respuesta es brutal: “Nuestras emociones están por el piso”.
Los números financieros explican el tamaño de la espera. Al cierre de 2025, el IDREEC acumuló $7.266 millones en pasivos, un aumento del 13,1 %. Los beneficios a empleados alcanzaron $3.720 millones. Además, registró una pérdida neta de $1.102 millones y su patrimonio pasó de -$378 millones en 2024 a -$1.480 millones en 2025.
Todo esto ocurre dentro de un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero vigente desde 2023. La entidad lleva años intentando salir del hueco y, sin embargo, el hueco sigue ahí.
La gerente actual, Sandra Milena Albor Araújo, está al frente de una crisis que no comenzó con su llegada. Pero precisamente porque el problema viene de atrás, queda una cuestión inevitable sobre el presente: ¿qué se ha hecho durante todos estos años para impedir que el deterioro se convierta en normalidad?.
Porque el problema del IDREEC ya no parece solamente financiero. Es institucional, laboral y, sobre todo, de usuarios.
Mientras la entidad expide certificados de discapacidad, quienes necesitan terapias no encuentran una oferta regular respaldada por contratos con EPS. Mientras quedan empleados esperando pagos, se reduce la capacidad asistencial. Mientras existen consultorios y camas registradas, buena parte permanece subutilizada.
El contraste es difícil de digerir: una institución creada para rehabilitar, con cada vez menos pacientes y cada vez más obligaciones.
Más de diez años después, el IDREEC parece atrapado en una crisis que nadie termina de resolver y que, por costumbre, amenaza con convertirse en paisaje.
Los pacientes no pueden ser fantasmas. Los empleados no pueden ser acreedores eternos. Y la rehabilitación no puede quedarse en el nombre de una institución.
Al final, queda una pregunta sencilla y brutal: ¿cuánto tiempo más puede una entidad de rehabilitación seguir funcionando sin rehabilitar?

