En Valledupar, las administraciones parecen especializarse en dejar cargas ocultas que tarde o temprano estallan en la cara de la ciudadanía. Esta vez, la herencia lleva nombre propio: la Tasa de Administración de Historiales, una medida introducida en el gobierno de Mello Castro González, avalada sin mayor reparo por 18 concejales, y que hoy se convierte en un símbolo de deslealtad política.
El problema no es únicamente el pago, sino la forma en que fue impuesto: sin socialización, sin pedagogía y sin transparencia. Durante tres años, la mayoría de los propietarios de carros y motos desconoció la existencia del tributo y sólo se enteró cuando recibió la factura, con intereses y amenazas de embargo incluidas. Así, lo que pudo ser un acto de gestión legítima terminó en un golpe bajo contra la confianza ciudadana.
La indignación en redes sociales es prueba del engaño colectivo: “nos cobraron por un impuesto del que nunca supimos”. Esa frase resume el vacío de legitimidad de un acuerdo que, aunque legal, carece del respaldo fundamental de la gente. Porque la política, más allá de los trámites y los votos en el Concejo, se sostiene en la participación, la transparencia y la confianza.
La responsabilidad no recae solo en el exalcalde. También pesa sobre los concejales que votaron a favor del Acuerdo 021 de 2021, entre ellos el hoy diputado Manuel Gutiérrez Pretel, ponente de la iniciativa. A espaldas de los ciudadanos, se consolidó una decisión que alimenta la desconfianza hacia las instituciones locales y que, de paso, se enlaza con la cuestionada concesión de la movilidad en Valledupar, otorgada a una sociedad de economía mixta que parece más interesada en recaudar que en servir.
Lo que está en juego no es un simple tributo adicional. Lo que se erosiona es la credibilidad de quienes gobiernan y legislan. Una ciudad donde las decisiones trascendentales se toman en silencio está condenada a repetir la historia de la improvisación, el clientelismo y el desgobierno.
El exalcalde, hoy precandidato, guarda silencio. Pero la ciudadanía no debería hacerlo. El voto, más que nunca, debe ser entendido como un juicio contra quienes han gobernado de espaldas al pueblo. Valledupar no merece más herencias envenenadas disfrazadas de legalidad.