El Hospital Rosario Pumarejo de López no está para experimentos. Tampoco para discursos triunfalistas mientras en sus pasillos persisten problemas financieros, administrativos y laborales que llevan años golpeando a la principal institución pública de salud del Cesar.
La llegada de Lina de Armas como agente especial interventora generó expectativas. Su experiencia en el sector público y su conocimiento de la administración sanitaria permitían esperar decisiones firmes, transparencia y, sobre todo, resultados. Sin embargo, transcurridos sus primeros meses al frente de la institución, empiezan a surgir más preguntas que respuestas.
Es cierto que la nueva administración recibió un hospital en una situación delicada. La propia interventora ha revelado un pasivo cercano a los $76.500 millones y compromisos presupuestales que, según sus declaraciones, alcanzaban el 62 % del presupuesto anual cuando apenas avanzaba la mitad del año. También denunció contratos que quedaron sin recursos para cubrir todo el periodo y presuntas irregularidades que ahora son objeto de revisión.
Pero precisamente por eso la ciudadanía tiene derecho a exigir algo más que diagnósticos.
El Rosario lleva años intervenido por la Superintendencia Nacional de Salud. Han pasado varios agentes interventores y la crisis no termina. El hospital continúa cargando pasivos, dificultades de liquidez y problemas administrativos. La pregunta inevitable es: ¿cuándo llegará la solución definitiva?
La interventoría no puede convertirse en una sucesión interminable de funcionarios explicando por qué el hospital está mal. Cada nuevo administrador encuentra problemas, los denuncia y promete corregirlos. Pero el paciente, el médico, la enfermera, el proveedor y la comunidad siguen esperando que el Rosario funcione con estabilidad.
También preocupa que algunas decisiones de la actual administración estén generando controversia. La declaratoria de insubsistencia de funcionarios y los cuestionamientos sobre posibles demandas laborales obligan a actuar con extrema prudencia. Una institución con una situación financiera tan delicada no puede darse el lujo de asumir nuevos riesgos jurídicos. La propia gerencia ha defendido la legalidad de sus decisiones, pero serán las autoridades competentes las que determinen si existen o no responsabilidades.
Y hay otro asunto que no puede pasar inadvertido: la transparencia.
Si existen contratos irregulares, que se investiguen. Si existen personas que cobraron sin cumplir funciones, que se denuncie. Si hubo decisiones administrativas que comprometieron recursos públicos de manera indebida, que los organismos de control actúen. Pero cada señalamiento debe estar acompañado de pruebas, documentos y resultados. El Rosario no necesita escándalos mediáticos: necesita verdad.
La reciente puesta en funcionamiento de servicios como resonancia magnética y ecografías 3D y 4D es una buena noticia para Valledupar y para todo el Caribe. Pero la tecnología, por sí sola, no salva un hospital. Un resonador no resuelve una crisis financiera. Una nueva máquina no corrige una mala contratación. Una inauguración no reemplaza un plan serio de saneamiento.
El Rosario Pumarejo necesita gerencia, austeridad, transparencia y continuidad.
Y necesita que la Superintendencia Nacional de Salud ejerza realmente su papel de vigilante de una intervención que ya lleva demasiado tiempo.
Lina de Armas tiene todavía la oportunidad de demostrar que su paso por el Rosario no será uno más en la larga lista de interventores que llegan, diagnostican la enfermedad y se marchan sin haber conseguido curarla.
Porque el Rosario Pumarejo no necesita más explicaciones sobre por qué está enfermo. Necesita resultados.