El empresario Emilio Tapia Aldana, una de las figuras más controvertidas del escándalo de Centros Poblados, vuelve a estar en el centro del huracán judicial. El Juzgado 15 Penal de Conocimiento de Bogotá emitió una orden de captura en su contra, tras acoger el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la Nación, que solicitó revisar la decisión tomada el pasado 11 de abril por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla.
La nueva orden judicial ordena a las autoridades localizar y capturar al empresario cordobés, quien fue condenado por su participación en uno de los mayores casos de corrupción relacionados con la contratación pública en Colombia.
Este giro en el proceso judicial marca un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia dentro del entramado de irregularidades que afectó la conectividad rural del país y dejó al descubierto fallas estructurales en los mecanismos de contratación estatal.




