En el departamento con más regalías, más escándalos de corrupción y más necesidades insatisfechas del Caribe, los organismos de control llevan el peso —y a veces la mancha— de una institucionalidad que siempre está a prueba y que se mueve presionado por ‘los más fuerte’ del departamento.
La Guajira mueve cifras astronómicas. Las regalías del Cerrejón, los recursos del Sistema General de Participaciones para educación, salud y agua potable, y los fondos de atención a comunidades Wayúu componen un presupuesto que haría enrojecer de envidia a departamentos con el doble de capacidad institucional. El problema es que esos recursos, en La Guajira, tienen una trayectoria conocida: entran por la puerta grande y salen por los resquicios. Aquí están quienes, en teoría, deberían evitarlo.
María Eugenia Cotes Gómez — Procuradora Regional de La Guajira
En Riohacha, María Eugenia Cotes es la representante directa del Ministerio Público en un departamento señalado repetidamente como epicentro del desvío de recursos del SGP (Sistema General de Participaciones), especialmente los del sector educación y los destinados a la comunidad Wayuu. En su escritorio hay asuntos que serían noticia nacional en cualquier otro rincón del país: la crisis del agua, los contratos con el Cerrejón, la cadena de funcionarios investigados por el manejo de regalías mineras. Sus decisiones de fondo siguen el camino jerárquico a Bogotá; pero en el día a día, la influencia política local también tiene teléfono.
El brazo fiscal – Mauricio Núñez Caro — Director Seccional de Fiscalías de La Guajira
Núñez Caro dirige la Fiscalía Seccional en un territorio que figura en múltiples informes nacionales e internacionales como zona de corrupción sistémica, crisis humanitaria y captura del Estado. Los recursos del Cerrejón, del SGP y de las regalías han sido históricamente objeto de saqueos que la Fiscalía apenas alcanza a documentar, pero raramente sanciona de manera contundente. Hereda además un escenario complejo: grupos ilegales que no solo delinquen, sino que en muchas ocasiones han permeado estructuras de contratación pública. La agenda de casos desbordaría cualquier capacidad instalada.
La Contraloria – Jorge Ariza Ariza — Contralor Departamental de La Guajira
La Contraloría Departamental de La Guajira tiene el reto mayúsculo de vigilar uno de los presupuestos públicos más abultados del Caribe colombiano, inflado por las regalías del carbón del Cerrejón y los recursos del SGP para atender a una población con enormes necesidades insatisfechas. Jorge Ariza es el titular de ese cargo, elegido también por la Asamblea Departamental de La Guajira.
La Guajira ha sido señalada en múltiples informes de la Contraloría General y de organismos internacionales como uno de los territorios con mayor riesgo de corrupción en el manejo de regalías. El desvío de recursos destinados a agua potable para comunidades Wayuu ha sido un escándalo que ha llegado hasta la Corte Constitucional. En ese contexto, el Contralor Departamental es la primera línea de defensa institucional local. La respuesta requiere más que un cargo y un salario.
La Personería – Yeison Deluque Guerra — Personero de Riohacha
En Riohacha, el apellido Deluque no es ajeno a la política guajira —tierra donde los linajes familiares son también marcas de poder—. Deluque Guerra fue elegido por el Concejo Municipal, cuerpo que encarna los equilibrios y desequilibrios del poder político local. La Personería de la capital tiene bajo su radar una ciudad donde la crisis del servicio de acueducto es motivo permanente de vergüenza institucional, y donde los contratos de infraestructura, salud y agua potable tienen un historial que obliga a mirar con lupa. La dependencia estructural de quien elige al personero es la misma paradoja de siempre: el vigilante le debe el puesto al vigilado.
¿Quién vigila al vigilante?
En el Cesar y La Guajira, los órganos de control están atados por múltiples hilos al poder político que deben vigilar. El Procurador General le debe su cargo a un proceso donde el ejecutivo puso la terna. Los contralores departamentales y los personeros les deben sus cargos a las corporaciones públicas que, en teoría, deben auditar. Los directores seccionales de la Fiscalía hacen parte de una cadena de mando cuya cima fue nombrada por el ejecutivo. No se trata de acusar de corrupción a quienes hoy ocupan estos cargos. Se trata de señalar las estructuras que hacen posible, si no la corrupción, al menos la docilidad institucional. Y en regiones donde los recursos son abundantes, la supervisión ciudadana es débil y las redes de poder llevan décadas tejidas, esa docilidad cuesta billones de pesos y años de desarrollo perdido.
Semanario La Calle seguirá mirando. Porque si los órganos de control no se vigilan a sí mismos, alguien tiene que hacer el trabajo.