El proyecto habitacional de Pondores aparece en documentos oficiales con una inversión de $23.400 millones para 200 hogares. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda informó que apenas 20 viviendas fueron construidas, ahora se anuncian $22.000 millones para completar las 180 restantes. En Fonseca, La Guajira, una cifra puso nuevamente los ojos sobre la Ciudadela de Paz Bertulfo Álvarez: de las 200 viviendas contempladas, solamente 20 fueron construidas.
El dato no proviene de una denuncia ni de una fuente anónima, fue revelado por el propio Ministerio de Vivienda el pasado 17 de septiembre, cuando anunció la reactivación del proyecto con $22.000 millones para avanzar en las 180 viviendas restantes. La cartera señaló además que la iniciativa había sido programada entre 2022 y 2023; La noticia resulta relevante no solamente por los recursos que ahora se anuncian, sino por lo ocurrido antes. Documentos oficiales revisados por Semanario La Calle muestran que el proyecto destinado a firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias cuenta con una inversión registrada, contrato de obra, interventoría y asignación de subsidios. La pregunta, entonces, resulta inevitable: ¿qué pasó para que nueve de cada diez viviendas todavía estuvieran pendientes?
$23.400 millones para 200 hogares
El Informe de Gestión 2025 del Ministerio de Vivienda registra el proyecto de Pondores, en Fonseca, con 200 hogares y una inversión de $23.400 millones, la cifra permite dimensionar el proyecto, pero exige una precisión: inversión registrada no significa necesariamente dinero completamente desembolsado o gastado.
Por eso no sería correcto afirmar que se utilizaron $23.400 millones para construir solamente 20 casas. Para establecerlo habría que conocer cuánto fue efectivamente contratado, desembolsado y pagado, además del porcentaje de ejecución financiera, lo que sí está documentado es el contraste: el proyecto registra 200 hogares y $23.400 millones de inversión, mientras que el balance oficial de septiembre señala que solo 20 viviendas fueron construidas.
Hay contrato, ejecutor e interventoría
La revisión documental permite avanzar un poco más, la Resolución 0004 del 6 de enero de 2026 de MinVivienda identifica el Contrato de Obra 012F-2025, celebrado entre Fiduagraria, como administradora del patrimonio autónomo del Programa de Promoción de Vivienda Rural, y la empresa GEO K S.A.S.; Su objeto es ejecutar los subsidios de vivienda rural para desarrollar el proyecto habitacional del ETCR Pondores y proporcionar una solución permanente a exintegrantes de las FARC-EP y sus familias.
La interventoría también está identificada. Documentos de Fonvivienda señalan que fue asignada a ENTerritorio, mediante el Contrato de Interventoría 004F-2021 Y aparece una fecha determinante: el acta de inicio del contrato de obra estableció el 4 de junio de 2025 cómo comienzo de la ejecución y fijó un plazo de 14 meses. Ese término inicial llevaría el contrato aproximadamente hasta agosto de 2026. No obstante, para determinar cuál era su fecha efectiva de terminación es necesario establecer si durante el proceso existieron suspensiones, prórrogas o modificaciones; Un mes después de ese horizonte inicial, el Gobierno habló públicamente de reactivar la Ciudadela.
El proyecto avanzaba administrativamente
Los documentos también muestran que durante 2026 continuaba la asignación de subsidios, Por ejemplo, la Resolución 0455 del 21 de mayo asignó 50 Subsidios Familiares de Vivienda Rural a hogares de exintegrantes de las FARC-EP vinculados al antiguo ETCR Pondores. La misma resolución confirma tanto el contrato con GEO K como la interventoría de ENTerritorio y los 14 meses establecidos desde el inicio de junio de 2025. Es decir, mientras la estructura administrativa continuaba avanzando, también corría el tiempo contractual de la obra.
Sin embargo, asignar un subsidio no significa que la vivienda correspondiente haya sido construida o entregada y es precisamente allí donde la documentación administrativa termina encontrándose con la realidad física reportada por el Gobierno.
La cifra que cambió la historia
El 17 de septiembre, el Ministerio de Vivienda resumió la situación en tres números:
200 viviendas contempladas.
20 construidas.
180 pendientes.
Eso significa que, según el reporte oficial, el 90 % de las viviendas previstas todavía faltaba por construir, la documentación pública examinada no permite concluir que haya existido pérdida de recursos, corrupción o incumplimiento del contratista. Cualquiera de esas afirmaciones necesitaría evidencias adicionales, pero el enorme desfase entre las viviendas contempladas y las construidas sí plantea preguntas sobre el desarrollo de la obra.
La preocupación también se siente alrededor del proyecto. Una fuente local consultada por Semanario La Calle resumió la expectativa que existe en el territorio: que las familias puedan finalmente recibir las viviendas y que la nueva etapa permita culminar una iniciativa que lleva años desarrollándose.
“Aquí se viene hablando de esas viviendas desde hace bastante tiempo y la expectativa siempre ha sido que las familias puedan tener finalmente su casa. Lo que genera preocupación es que el proyecto no haya avanzado al ritmo esperado” señaló la fuente consultada por el semanario que pidió que se reservara su nombre para esta nota.
$22.000 millones para las 180 restantes
Ahora comienza otro capítulo; MinVivienda anunció $22.000 millones para reactivar la Ciudadela Bertulfo Álvarez y avanzar en las viviendas que quedaron pendientes. La nueva cifra abre otra pregunta: ¿cómo se relacionan esos $22.000 millones con los $23.400 millones de inversión que ya aparecen registrados para las 200 viviendas?
Una historia que todavía no cierra
El nuevo anuncio puede representar la oportunidad de completar finalmente las viviendas para las familias vinculadas a Pondores. Pero también obliga a revisar lo sucedido hasta ahora, hay hechos que ya están documentados: 200 viviendas proyectadas, $23.400 millones de inversión registrada, un contrato de obra iniciado en junio de 2025, interventoría identificada y solamente 20 viviendas construidas según el último balance del Ministerio.
Y todavía faltan respuestas importantes: ¿cuánto dinero ha sido efectivamente pagado?, ¿cuál fue el avance físico y financiero alcanzado?, ¿el contrato tuvo suspensiones o prórrogas?, ¿qué factores explican que solo 20 viviendas estuvieran construidas?, ¿y mediante qué mecanismo se ejecutarán los nuevos $22.000 millones?, la reactivación anunciada pone nuevamente en marcha la esperanza de las familias beneficiarias, pero también coloca las cuentas del proyecto bajo la lupa, porque antes de mirar únicamente los nuevos recursos, Fonseca todavía merece una explicación sobre una cuenta sencilla y contundente:
200 viviendas proyectadas, 20 construidas y 180 todavía pendientes.
El anuncio de $22.000 millones puede abrir una nueva etapa para la Ciudadela Bertulfo Álvarez, pero no borra las preguntas que deja la anterior, antes de celebrar la reactivación, todavía falta conocer cuánto se ejecutó, qué frenó el proyecto y por qué de 200 viviendas contempladas solo 20 llegaron a construirse según el propio Ministerio.
Las otras 180 casas no son solamente una obra pendiente, son también la medida de una promesa que aún no termina de convertirse en realidad y ahora que llegan nuevos recursos, la pregunta en Fonseca ya no es cuánto se anuncia, sino cuánto de lo anunciado finalmente se convierte en viviendas.