Una auditoría ordenada por la Alcaldía de Tamalameque habría detectado movimientos financieros sin justificación que comprometerían recursos producto de rendimientos financieros. El alcalde Leonardo Vega Sánchez confirmó denuncias ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría.
Bajo la Resolución 0919 del 27 de marzo de 2019, Tamalameque entró en la Ley 550 o Ley de Restauración de Pasivos, ya que para ese entonces el municipio tenía 418 acreencias con embargos, con millonarias deudas acumuladas desde varias administraciones.
Fue así como en el gobierno del exalcalde, Alfonso Castro Jaraba, el Ministerio de Hacienda aprobó dicha figura para los pagos correspondientes. A lo largo de varios años, y el paso de los exalcaldes Olga Rojas, de Luis Lascarro hasta llegar al actual mandatario Leonardo Vega Sánchez, el municipio pagó y saneó un total de $22.000 millones, tras el cumplimiento de su acuerdo de reestructuración de pasivos.
Las principales deudas fueron por ejemplo el pago final de una acreencia superior a los $3.500 millones de pesos a la empresa Caribe Mar de la Costa (Afinia). Más de 100 embargos judiciales que tenían congeladas las cuentas del municipio que afectaban los recursos del Sistema General de Participaciones. Igualmente se cancelaron la totalidad de las obligaciones en entidades bancarias, nóminas de personal, prestaciones sociales, seguridad social, cuentas con proveedores de funcionamiento y se restauraron los pasivos del Hospital Local mediante el saneamiento presupuestal.
A partir de ahí hubo un rendimiento financiero positivo, que interrumpió la acumulación de intereses comerciales y permitió optimizar la liquidez acumulada. Por ello al congelar el pago inmediato de las deudas ‘viejas’ y suspender los procesos ejecutivos o embargos, la entidad genera excedentes monetarios temporales que, al ser invertidos o bien administrados, producen rendimientos financieros directos e indirectos. Y es en este punto en el que se da una presunta irregularidad con lo que sería el desvío de más de $1.200 millones; los cuales son producto del rendimiento financiero.
El Semanario La Calle conoció mediante exfuncionarios de la administración municipal de Tamalameque que presuntamente el extesorero Joel Alberto Guerra Torres, y el excontador Gleinet Lobo Ospino habrían extraído paulatinamente dineros de dichos recursos. Supuestamente el modus operandi fue que crearon un correo electrónico paralelo a los oficiales del municipio para que cada notificación bancaria llegara directamente en esa cuenta, y así ser los únicos en enterarse.
Una vez sacaban los dineros estos eran depositados a cuentas personales, en este caso a la cuenta bancaria de Dairo Guerra Torres, hermano de Joel Alberto, extesorero. E igualmente a la cuenta de un tercero, que sería el hermano del excontador.
La misma fuente que reveló esta información indicó que fue la entidad financiera en alertar al alcalde Leonardo Vega Sánchez, en que desde hace varios meses de la cuenta bancaria estaban retirando sumas altas de dinero (30 millones, 50 millones, 60 millones, y más), a cuentas personales que no estaban justificadas como cuentas jurídicas que estuvieran relacionadas con el gasto y manejo de la Alcaldía Municipal.
Alcalde confirma auditoría y denuncias ante organismos de control
Ante estos señalamientos, el alcalde Leonardo Vega Sánchez confirmó que, tras realizar un cambio en la Tesorería Municipal, ordenó una auditoría a los funcionarios salientes y que fueron encontradas situaciones que requieren ser esclarecidas.
“Bueno sí en días anteriores, yo hice cambio de tesorero, mandé a hacer una auditoría de los salientes, y encontramos que no hay justificación en algunos recursos”, explicó el mandatario.
Vega Sánchez aseguró que la administración ha optado por entregar la información a las autoridades competentes para evitar señalamientos sin que exista previamente una determinación oficial. “Lo que hemos tratado es que sean las autoridades quienes definan con claridad el tema, para no salir a hacer aseveraciones infundadas y sin la claridad del caso”, sostuvo.
El alcalde confirmó además que el caso ya fue puesto en conocimiento de los organismos de control. “Yo de todos modos ya puse en conocimiento a las autoridades competentes, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, y estamos esperando que sean ellos los que nos determinen”, manifestó.
Sobre el monto de los recursos que estarían comprometidos, el mandatario aseguró que todavía no existe una cifra oficial, debido a que la auditoría se encuentra en desarrollo. “Tampoco tengo el dato. Hablan de quinientos, seiscientos, ochocientos, un mil. Como te digo, el resultado lo va a arrojar cuando ya tengamos todo el informe”, indicó.
La administración municipal también busca establecer con precisión el origen de los recursos que habrían sido objeto de los movimientos financieros cuestionados. “Ahí el problema que encontramos es que hablan de recursos propios, hablan de recursos de rendimiento financiero, de todo el proceso en la Ley 550. Entonces las personas nunca dieron claridad sobre el tema y eso lo va a arrojar la auditoría fiscal que estamos haciendo”, explicó Vega Sánchez.
“Una denuncia formal que administrativamente encontramos, donde hay posible desviación de recursos del municipio y que queremos que ellos nos ayuden a clarificar la situación”, señaló.
El burgomaestre insistió en que será el resultado de estas investigaciones el que permitirá establecer qué ocurrió con los recursos y evitar conclusiones anticipadas mientras no exista una decisión de las autoridades competentes.
Este medio de comunicación también tuvo acceso al documento de la denuncia instaurada por el mandatario municipal ante la Fiscalía General de la Nación; la misma fue por el delito de peculado por apropiación en contra de Joel Alberto Guerra Torres, extesorero.
Posible responsabilidad en dos delitos
En este tipo de hechos podrían darse dos escenarios y la denuncia prospera ante la Fiscalía General de la Nación, tras la recopilación de acervo probatorio. De acuerdo con un investigador de este órgano de control penal, los delitos a investigar serían abuso de confianza. Asimismo, añadió que los tesoreros y contadores no tienen la tenencia, administración o custodia de los recursos públicos, ya que ellos trabajan bajo órdenes del ordenador de gasto, en este caso el alcalde municipal.
No hubo respuesta
Este medio de comunicación buscó la versión de los presuntos implicados en los supuestos desvíos de recursos, pero no respondieron las llamadas telefónicas, ni tampoco contestaron los mensajes dejados a cada uno en mensajes de WhatsApp.
