Una crisis que no se discute
Si bien es cierto, La Guajira atraviesa una crisis hídrica que no da tregua. En los municipios, el agua llega tarde y cara. En las zonas rurales, simplemente no llega. Mientras tanto, la Empresa de Servicios Públicos de La Guajira, ESEPGUA, permanece sin control político alguno. La Asamblea Departamental guarda un silencio que ya empieza a incomodar incluso dentro de sus propias filas. A pesar del profundo malestar de la ciudadanía por la deficiente gestión de la entidad, ningún diputado ha citado a su gerente, Andreina García, a rendir cuentas. ¿Por qué?
Mayoría oficialista, oposición débil
Actualmente, la Asamblea está compuesta por once diputados elegidos para el periodo 2024–2027. La mayoría pertenece o está alineada con la coalición de gobierno del actual mandatario departamental, Jairo Aguilar Deluque, respaldado por partidos como La U, Cambio Radical, ASI y La Fuerza de la Paz. Esta mayoría oficialista ha generado un ambiente de comodidad política dentro del recinto, donde escasean los cuestionamientos y los ejercicios de control se diluyen en la lógica de la gobernabilidad. En otras palabras, los diputados que deberían representar al pueblo parecen estar más preocupados por no incomodar al gobernador que por defender el acceso al agua de sus electores.
Solo uno respondió
De parte del equipo de Semanario La Calle nos comunicamos con cinco diputados para conocer sus posturas frente al tema: Olimpo Núñez, Jimmy Boscán, Daniel Ceballos, Mateo Luquez y Luis Fernando Lobo. De todos ellos, solo respondió Luis Fernando Lobo, quien aseguró que está preparando un debate de control político sobre ESEPGUA que presentará en las próximas sesiones. Según dijo, aún le falta consolidar información para que su intervención tenga el impacto necesario frente a las denuncias que la comunidad ya ha venido visibilizando.
El peso de la omisión
La falta de acción por parte del resto de los diputados es preocupante. En las redes sociales circulan denuncias ciudadanas, protestas de comunidades sin agua, y múltiples reportes de deficiencias en los sistemas de acueducto rural. Sin embargo, la Asamblea no ha citado ni una sola vez a la gerente de ESEPGUA para explicar por qué los recursos no se traducen en soluciones. La entidad, encargada de diseñar y coordinar la política departamental de agua, sigue operando sin supervisión institucional clara. El hermetismo en torno a sus contratos, los proyectos que adelanta y su ejecución presupuestal, solo agrava la percepción de una gestión opaca.
“Falta información”, dicen algunos
Algunos diputados consultados por fuera del registro periodístico alegan que no tienen “toda la información” o que los debates deben ser “bien estructurados” para no politizar el problema. Pero la realidad es que la inacción institucional ha contribuido al deterioro de la confianza pública en la Asamblea. Mientras los acueductos colapsan y las comunidades Wayúu vuelven a caminar kilómetros en busca del preciado líquido, el control político parece ser un lujo que la duma guajira no se quiere permitir.
La negligencia también es política
La crisis del agua no es un tema menor ni pasajero. Es un problema estructural que afecta derechos fundamentales, especialmente en una región como La Guajira, donde la vulnerabilidad social y ambiental es extrema. Si los diputados continúan callando, no solo traicionan su mandato, sino que se convierten en cómplices de una negligencia institucional que cuesta vidas. La ciudadanía espera respuestas, pero, sobre todo, espera acción.