La Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia de Economía Solidaria intervinieron a Coosalud EPS tras detectar presuntas irregularidades financieras que comprometen recursos del sistema de salud. Según las investigaciones, el monto total desviado ascendería a $433 mil millones, utilizados para actividades y contratos de dudosa procedencia.
Las autoridades encontraron movimientos financieros irregulares, entre ellos el pago de más de $200 mil millones para cubrir un crédito de una empresa privada que comparte gerencia con Coosalud EPS. A esta cifra se suman $229 mil millones adicionales destinados a contratos y actividades de terceros.
Además, la Supersolidaria denunció la manipulación de estados financieros, lo que incluye inconsistencias en la contabilidad y fallas en las políticas de prevención de lavado de activos. En una muestra del 2023, se detectaron $3 mil millones en consignaciones sin identificar y la posible existencia de empresas fachada utilizadas para gestionar recursos.
Entre los hallazgos, se destaca la compra de una casa por $10 mil millones, adquirida por la empresa privada del mismo nombre, que luego fue arrendada a la EPS por un precio mensual de $1.000 millones. Estas operaciones han generado sospechas sobre el manejo transparente de los recursos.
El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X (antes Twitter), afirmó que el desfalco en Coosalud EPS asciende a $433 mil millones, según los hallazgos de la Superintendencia de Salud. Petro también denunció que la EPS ocultó $1.5 billones en facturas no pagadas, dejando en evidencia su situación de quiebra. Además, señaló que la junta directiva de la EPS incluye familiares de expresidentes y exvicepresidentes, lo que genera dudas sobre su administración.
Por su parte, la Supersalud y la Supersolidaria intervinieron la EPS y su cooperativa con el objetivo de proteger los recursos del sistema de salud. Estas acciones buscan garantizar la continuidad del servicio para los afiliados, mientras avanzan las investigaciones administrativas y judiciales que esclarecerán los hechos y determinarán las sanciones correspondientes.
Este caso expone la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el sistema de salud colombiano para evitar el desvío de recursos públicos y garantizar el bienestar de los ciudadanos.