En González, Cesar, “ya no sorprenden las mentiras oficiales”, le dijo al Semanario La Calle una fuente de ese municipio. “Lo que indigna es ver cómo se manipula la información, cómo se acomoda la verdad y cómo se juega con la necesidad del pueblo. La alcaldesa Katherine Mora Rosado habla de progreso, pero lo que se ve en la práctica son intereses personales, contratos sospechosos y decisiones improvisadas que nada tienen que ver con la transparencia que prometió”, agregó el mismo gonzalense a este periódico. Y mostró unos casos específicos que demostrarían lo que afirma.
Hogar juvenil campesino: mil millones para dos cuartos
El Hogar Juvenil Campesino fue, por más de treinta años, el refugio de cientos de jóvenes campesinos que buscaban estudiar y salir adelante. “Era un espacio digno, gestionado por la comunidad y símbolo de esfuerzo rural”, aseguró la fuente. Contó, además que el proyecto para su mantenimiento y mejoramiento fue presentado y gestionado por el exalcalde Óscar Emiro Osorio Ríos, quien lo radicó ante el ministerio de educación con un objetivo concreto: el mejoramiento de la casona existente, sin alterar su función como residencia escolar.
Sin embargo, al llegar la nueva administración, “la alcaldesa cambió por completo el sentido del proyecto. De un día para otro, el plan pasó de ‘mejoramiento’ a ‘construcción’, alterando el propósito original. Lo más preocupante es que el supuesto estudio técnico que justificaría ese cambio se realizó en 2024, pero sólo hasta 2025 se conoció públicamente la modificación del proyecto. Una decisión que se tomó en silencio, sin participación ciudadana ni socialización con la comunidad educativa”, contó otro habitante de González que dialogó con La Calle. Según los documentos, la alcaldesa pretende invertir mil millones de pesos en una obra que apenas contempla dos habitaciones —una para niños y otra para niñas— y una sala de descanso, sin incluir cocina ni comedor. “¿Eso es una residencia escolar? Claramente, no”, dijo el mismo habitante. Y agrega que el proyecto no cumple ninguno de los requisitos establecidos para las residencias escolares: “no contempla áreas de alimentación, preparación de alimentos, espacios pedagógicos ni condiciones adecuadas de habitabilidad. En resumen, lo que se proyecta construir en González no es una residencia escolar, sino un cascarón vacío que no servirá para los fines que la ley exige”.
La Alcaldesa deja desprotegido el Hogar Campesino
De acuerdo a la primera fuente, la situación se agravó aún más cuando, el 8 de octubre de 2025, la alcaldesa terminó el comodato que existía entre el Hogar y la alcaldía. Esa terminación no es un detalle administrativo menor: “representa la retirada de la protección legal sobre el bien, deja en incertidumbre la continuidad del servicio de residencia y siembra miedo entre las familias cuyos hijos dependen de ese techo. Para los habitantes, la decisión suena a despojo encubierto: primero se cambia el objeto del proyecto; luego, se corta el vínculo legal que protegía el Hogar, y, finalmente, se intenta imponer una ‘solución’ a la medida de intereses políticos y económicos”, opinó la fuente.
Según ella, la alcaldesa afirma que el Hogar no puede funcionar como residencia escolar porque “no cumple condiciones”, pero ahora pretende convertirlo en Casa de la Cultura donde también habrá niños y adolescentes. “Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El edificio es riesgoso o no? Para la comunidad, la respuesta es clara: no se trata de seguridad, sino de conveniencia. El cambio tiene olor a negocio familiar y a manipulación política”, dijo la gonzalense que se comunicó con La Calle.
La Acción popular que detuvo las obras
Un ciudadano del municipio interpuso una acción popular ante el Juzgado Administrativo de Aguachica, buscando proteger el patrimonio público y el verdadero propósito del Hogar Juvenil Campesino. Esa acción judicial ha frenado la ejecución de la obra, y, hasta el momento, el proyecto no se ha podido iniciar.
Los contratos del hospital que producen suspicacia
En menos de un año, la administración del hospital ha firmado tres contratos de adecuación que suman casi mil millones de pesos, además de un millonario suministro de medicamentos y reactivos. En concreto: adecuación del Centro de salud de San Isidro: 244 millones de pesos; adecuación del Centro de salud de Culebrita: 226 millones de pesos; adecuación del Centro de salud de Burbura: 352 millones de pesos; y, como si no bastara, se firmó otro contrato de suministro de medicamentos y reactivos de laboratorio por 413 millones, que en teoría debería garantizar la atención y el abastecimiento médico.
Pero la realidad golpea fuerte. Según una fuente cercana al hospital, los pacientes denuncian que no hay medicamentos, no hay reactivos, no hay insumos básicos, “y los pacientes deben comprar hasta el algodón para ser atendidos. Los laboratorios están desabastecidos, los consultorios sin personal suficiente y los equipos médicos obsoletos. Nos dicen que hay contratos millonarios, pero uno viene al hospital y lo único que hay son excusas. La gente llega enferma y sale más enferma, pero de indignación”, agrega con ironía.
El hospital familiar: el tío de la gerente, ¿mayor contratista?
La misma fuente del hospital entrega otro dato revelador. “Detrás de los contratos hay nombres que ya suenan en toda la región: Omar Barbosa, señalado por la comunidad como el principal beneficiado con los negocios del hospital, y su sobrina, Luisa Barbosa, actual gerente de la institución. Un parentesco que levanta todas las alarmas y que para muchos confirma que el hospital se ha convertido en una empresa familiar con fondos públicos”, le dijo a La Calle.
Ocaña y González: ¿la misma maquinaria política?
Las fuentes que se comunicaron con el Semanario La Calle entregaron unos datos sorprendentes, que mostrarían una clara simbiosis entre las administraciones de González y Ocaña, donde el beneficiado sería este último municipio de Norte de Santander. Hay, por lo menos, dos casos en que se da esta situación, según revelaron las fuentes.
Beneficiados ocañeros en la prevención de la desnutrición
El Servicio Integrado de Atención y Prevención de la Desnutrición (Siapd) tiene como objetivo atender a niños menores de 5 años en riesgo de desnutrición y a madres gestantes. “En teoría, debía beneficiar a las familias más vulnerables de González, donde sí existen niños con carencias nutricionales graves. Sin embargo, en la práctica el Siapd se ha convertido en una herramienta política. De los 150 cupos disponibles, una gran parte fue asignada a beneficiarios provenientes de municipios de la provincia de Ocaña: Convención, Teorama, El Carmen y La Playa, entre otros. Es decir, los programas que deben beneficiar a los gonzalenses se están utilizando para atender población externa, mientras los niños del propio municipio siguen esperando la ayuda que les corresponde. Aquí los niños del pueblo pasan hambre, pero los votos de afuera sí comen bien”, dijo la fuente.
En el PIC también hay puros ocañeros
Los llamados ‘equipos básicos’ y el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) tampoco escapan de lo que la fuente del hospital llama “las sombras que cubren la gestión hospitalaria». El PIC debería ser la columna vertebral de la prevención en salud, visitando veredas, educando a las familias y garantizando atención temprana. “Pero aquí en González se convirtió en un desfile de improvisación, contratos inflados y nombres desconocidos. Los equipos básicos de salud deberían estar conformados por profesionales idóneos del municipio; sin embargo, fueron reemplazados por personas traídas de la provincia de Ocaña, quienes no tienen la experiencia ni las credenciales necesarias. Aquí nadie los conoce. Llegaron dizque a hacer visitas, pero no conocemos a las enfermeras. Ni los niños saben quiénes son, pero en los papeles aparecen como si hubieran recorrido todo el municipio”, dijo la fuente.
Transporte millonario del PIC, ¿con la misma camioneta?
La fuente reveló que para los contratos de transporte del personal del PIC y los equipos de atención, en los documentos oficiales, aparece una contratación para los dos programas que suman 90 millones de pesos sólo para movilizar a los funcionarios hacia las zonas rurales. “Sobre el papel, figuran tres camionetas al servicio del hospital. En realidad, los gonzalenses solo ven una, la misma de siempre, con el mismo conductor, recogiendo a las enfermeras y llevándolas a las veredas; además, que no cumple con los requisitos del contrato, que debe ser transporte especial.