Además del peculado por apropiación agravado que la Fiscalía le imputó a los dos primeros salpicados por el detrimento patrimonial causado por la Concesión de Tránsito al municipio de Valledupar por más de 12 mil millones de pesos, les podrían imputar otros cargos, no solo a ellos sino a los representantes de las tres empresas que se asociaron y crearon la unión temporal que se ganó la licitación para el manejo del Tránsito, movilidad y semaforización en el año 2005 en el gobierno de Ciro Pupo Castro y a ex funcionarios públicos de la época.
Concierto para delinquir, al igual que la evasión de impuestos durante seis años, serían otro de los delitos que les podrían imputar a Jorge Luis Hoyos Cañavera representante legal en ese entonces de las empresas, Serinco de Córdoba, así mismo el de la empresa Cericar S.A Manuel Turiso Turiso y Joel David Montaño Hernández representante de Cecon S.A, quienes se unieron en el año 2005 para obtener el contrato de concesión L 005/04 cuyo objeto era; ‘la repotenciación, operación, mantenimiento y expansión del sistema de semaforización de la ciudad y la implementación de un sistema de control de tráfico y modernización tecnológica y funcional de la Secretaría de Tránsito del municipio’, bajo el nombre de Unión Temporal Sistemas Inteligentes de Tránsito Valledupar’.
Funcionarios estarían entre los salpicados
Según información obtenida por el Semanario La Calle, serían 16 las ordenes de capturas que se habrían proferido, de las cuales se han efectuado dos en la ciudad de Barranquilla y dos más estarían negociando, así mismo se conoció que no solo las orden de capturas estarían direccionadas hacia los representantes de la firma que conformaron la unión temporal, sino en contra de ex funcionarios de la Alcaldía de Valledupar, al igual que políticos que habrían movido las influencias para la adjudicación de dicho contrato, por lo que estarían inmersos en concierto para delinquir.
Este medio conoció además que el mismo alcalde Ciro Pupo tendría responsabilidad en el ‘ramillete de irregularidades’, pues fue durante su mandato que la concesión después que el otorgaron el contrato con unas cláusulas, las modificaron al parecer de forma arbitraria para poder sacar mayor provecho.
La concesión habría cambiado la cláusula cuarta del contrato de concesión en el cual se disponía en principio que de los dineros recaudados por la concesión el 30 por ciento era para el municipio y el 49 por ciento sería destinado para inversión en la semaforización y el 21 por ciento, se invertiría en modernización de la oficinas para constituir el 70 por ciento; sin embargo cinco meses después esa cláusula fue modificada debido a que la concesión no les quedaba utilidades, solo el sueldo de los empleados.
Fue así como el 21 de julio de 2005 se modificó la cláusula cuarta y del 70 por ciento que iba para la concesión, el 49 por ciento era utilizado para todo, es decir, para mejoramiento de infraestructura, semaforización, sostenimiento y demás y el 29 por ciento quedaba prácticamente para libre destinación.
Estas modificaciones se habrían realizado con el consentimiento de la administración de turno, por lo que las implicaciones penales tienen temblando a más de un ex funcionario de la época, debido a que según conoció La Calle se habrían manejado tráfico de influencias, lo que les habría permitido a la concesión evadir los impuestos por seis años.
La concesión tendría que haber pagado mayor impuestos con el pasar de los años, debido a que sus ingresos eran superiores a los 610 millones de pesos que se pactaron inicialmente entre la concesión y el municipio, sin embargo estos hasta el año 2011 pagaron impuestos por el mismo monto, cuando alcanzaron a captar una suma superior a 35 mil millones de pesos.

