Los enredos de Edulfo Villar
Bosconia — ese pequeño municipio del Cesar que lucha cada día por tener agua, servicios dignos y algo de esperanza — vuelve a estar en boca de todos. Esta vez, por cuenta del exalcalde Edulfo Villar Estrada (vigencia 2020–2023), quien acumula investigaciones disciplinarias y administrativas que salpican su paso por la administración municipal.
Bajo la lupa de la Procuraduría
Desde finales de 2023, el nombre de Villar aparece en expedientes oficiales.
Primero, por una indagación sobre el manejo de los recursos del cuerpo de bomberos, abierta por la Procuraduría en noviembre de ese año. Y más recientemente, el 6 de junio de 2025, el mismo órgano de control le formuló un pliego de cargos por presuntas irregularidades en las obras complementarias del sistema de acueducto.
La acusación es grave: trabajos ejecutados sin las licencias ambientales requeridas.
¿Improvisación o abuso del poder?
La Procuraduría busca respuestas, y la comunidad también.
Robinson Manosalva Saldaña prometió transparencia, entregó sanciones
El nombre de Robinson Antonio Manosalva Saldaña, exalcalde del municipio de Aguachica (Cesar), quedó grabado en la memoria política y ciudadana de la región no por sus logros administrativos, sino por el cúmulo de sanciones disciplinarias, hallazgos fiscales, promesas incumplidas y conflictos judiciales que marcaron su gestión (2020–2023).
Durante cuatro años, su gobierno estuvo envuelto en controversias que involucraron desde nombramientos irregulares, contratos cuestionados, detrimentos patrimoniales, hasta incumplimientos de órdenes judiciales emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La administración Manosalva se presentó como un gobierno de “cambio y transparencia”, pero terminó señalada por los órganos de control, enfrentando protestas ciudadanas, retrasos en obras clave, conflictos con entidades del Estado y pérdida de legitimidad política.
Los guardaos del Mello Multa
Durante su mandato como alcalde de Valledupar (periodo y cargos previos consignados en fuentes oficiales), Mello Castro González dejó una gestión que hoy se discute por tres ejes principales: 1) contratos y concesiones sospechados de favorecer a terceros; 2) procesos disciplinarios y sanciones por incumplimientos administrativos; y 3) obras y proyectos inconclusos o mal ejecutados que afectaron servicios públicos y medio ambiente. Las denuncias fueron presentadas ante la Procuraduría, la Contraloría y la opinión pública; se vinculó a funcionarios y empresas cercanas a la administración. En varios de los casos, las instituciones abrieron indagaciones o impusieron sanciones administrativas,
Denuncias por concesiones de tránsito y alumbrado: ¿pago de favores o decisión administrativa?
A principios de 2022 —según varias publicaciones regionales— una de las polémicas más sonadas fue la cesión de concesiones de tránsito y alumbrado público del municipio a empresas privadas. En redes sociales y en denuncias públicas se sostuvo que los concejales habrían permitido la cesión a cambio de pagos, y que la administración municipal (bajo la responsabilidad del alcalde) favoreció la entrega de esos contratos. Estas denuncias motivaron la apertura de indagación por parte de la Procuraduría.
Qué se denunció:
- Que la autorización para ceder las concesiones de tránsito y alumbrado fue aprobada por el Concejo en condiciones cuestionadas y con aparentes irregularidades en el proceso de selección y negociación.
- En redes se apuntó a presuntas sumas pagadas a concejales para facilitar la cesión. Estas alegaciones necesitaban verificación por parte del Ministerio Público.
Respuesta institucional:
- La Procuraduría abrió una indagación previa para determinar responsabilidades disciplinarias en concejales y en la administración por la forma de la cesión. Hasta el momento de los reportes disponibles, la investigación era de carácter administrativo y disciplinario.
“El Kiko la hizo ‘boja’: contratos en familia y millones bajo la lupa”
En junio de 2023 la Fiscalía, a través del CTI, capturó al alcalde cuando ingresaba a la Procuraduría en Valledupar; la detención se produjo en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la celebración de múltiples contratos con empresas que, según la Fiscalía, habían sido de su propiedad o vinculadas a su familia, y por presunto concierto para delinquir. La Fiscalía señaló que los hechos investigados ocurrieron entre 2019 y 2023 y que la suma de los contratos superaba varios miles de millones de pesos.
Hechos concretos consignados por la Fiscalía y la prensa:
- Imputación por interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo (varias veces).
- Imputación por concierto para delinquir agravado (la Fiscalía lo incluyó en la acusación exploratoria).
- Se investigan adjudicaciones a la Fundación para el Desarrollo Social y Productivo (Fundecop) —empresa en la que Meza habría desempeñado cargos— y a Servicios Integrales del Caribe S.A.S., empresa vinculada a un hermano del alcalde.
Estas operaciones son el núcleo de la tesis investigativa: la Fiscalía sostiene que habría existido un esquema para favorecer contratos con empresas vinculadas a Meza y su entorno, vulnerando los principios de transparencia y conflicto de intereses.
“Becerril entre el hambre y el fraude”
Raúl Fernando Machado Luna fue elegido alcalde de Becerril en al menos dos periodos. Durante su gestión impulsó proyectos locales y estuvo presente en la actividad pública del municipio; sin embargo, episodios de su primera administración (2015) y posteriores generaron investigaciones por parte de la Fiscalía y cuestionamientos de la sociedad civil.
Imputación por presunta corrupción en contrato de alimentación (PAE, 2015)
La pieza más contundente en el expediente público de Machado fue la imputación abierta por la Fiscalía —relacionada con presuntas irregularidades en el contrato de alimentación escolar (PAE) suscrito durante su primer periodo en 2015— que, según la Fiscalía configura el delito de peculado por apropiación agravado. Medios nacionales y regionales relataron que la Fiscalía formuló acusación y que el exalcalde fue llamado a responder ante el Juzgado Penal correspondiente; en esas audiencias no aceptó cargos. La Fiscalía de Valledupar acusó y solicitó pruebas contables (estudios periciales y testigos) para determinar el eventual detrimento patrimonial de las arcas municipales por el manejo del PAE.
Investigaciones y señalamientos sobre contratos de obra pública
En años subsiguientes la gestión de Machado también fue cuestionada por contratos de obra pública y adjudicaciones que la ciudadanía y algunos medios consideraron problemáticos. Por ejemplo, hubo señalamientos sobre adjudicaciones millonarias a empresas vinculadas a procesos viales y de pavimentación —asuntos que generaron ruido mediático y motivaron la vigilancia de organismos de control. Hay adjudicaciones multimillonarias en pavimentación y obras en Becerril, con cuestionamientos sobre la forma y la simultaneidad de contratos.
La Contraloría puso en la lupa varios contratos municipales y proyectos (incluyendo proyectos de infraestructura y de conectividad/torres), lo que derivó en investigaciones administrativas y solicitudes de información.
Proyecto de conectividad rural / señalización de detrimento (Contraloría)
En meses recientes (cobertura 2025/2025 según reportes locales), han surgido cuestionamientos sobre un proyecto que buscaba llevar internet a zonas rurales del municipio: la iniciativa prometía beneficiar cientos de hogares rurales, pero, según versiones basadas en hallazgos de control, terminó generando serios problemas técnicos y de sostenibilidad y estuvo en la mira de auditorías por presunto detrimento. Investigaciones que se realizaron y reportes señalan fallas técnicas, y problemas de seguridad que dejaron inoperante el proyecto en menos de dos años.