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Exconcejales de Valledupar piden a Procuraduría les retire la sanción que los condenó a muerte política

Un nuevo capítulo se abre en la historia que protagonizan los 16 exconcejales de Valledupar que en el periodo pasado fueron destituidos e inhabilitados 12 años para ocupar cargos públicos por parte de la Procuraduría General tras votar a favor de Omar Contreras Socarrás como contralor de la capital vallenata para el periodo 2016-2019.

Este caso, que parecía resuelto, tomó un nuevo aire después de que en enero de este año se conociera que la Corte Constitucional falló una acción de tutela a favor de Contreras Socarrás y en contra de la decisión de la sesión Quinta del Consejo de Estado que los había inhabilitado. La Corte adujo que Contreras no estaba inhabilitado para ocupar el cargo de contralor de Valledupar, tumbando con ello de paso el fallo de la Procuraduría en la que prácticamente sentenciaba a muerte a los 16 exconcejales. Sin embargo, a la fecha la Procuraduría no ha revocado la medida.

“Se ha solicitado tres veces la revocatoria directa de la sanción y muy a pesar de la reforma Constitucional a la Contraloría y la tutela de la Corte Constitucional anulando la declaratoria de nulidad del Consejo de Estado, no proceden en algo que tienen que hacerlo de oficio, utilizando ello para extorsionar con el mantenimiento de una sanción ilegal e inconstitucional, al proponer que si retiran la reclamación económica revocan directamente”, dijo al respecto Carlos Daza.

Este 11 de mayo se llevó a cabo la primera de varias audiencias de conciliación entre la Procuraduría y los 16 exconcejales, el objetivo es que ambas partes puedan llegar a un acuerdo tras los daños que los excorporados han sufrido por el fallo de dicho ente de control que los sacó del Concejo antes de culminar su periodo, y que además los imposibilitó a que pudieran participar como candidatos en la contienda electoral del pasado 27 de octubre.

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La Calle conoció que en esta primera audiencia de conciliación no hubo acuerdo, la diferencia entre ambas partes se centra en la compensación económica que la Procuraduría le ofrece a los afectados. Son 8 millones de pesos los que ofrece a cada uno, cifra que fue rechazada de manera por los afectados ya que consideran no cubre los «enormes perjuicios causados».

Lo más grave de la situación es que la Procuraduría estaría buscando que estos acepten el monto ofrecido como compensación y así poder retirar la sanción que los regrese de nuevo al mundo de la política en nombre propio y no en cuerpo ajeno como hicieron la gran mayoría de los afectados para no perder la curul que ya habían ganado en el Concejo de Valledupar.

“La Procuraduría estaba obligada a retirar la sanción, por oficio y en relación a eso ofrecieron retirar la sanción de la página de la Procuraduría y dar 8’012.000 por honorarios dejados de recibir, situación inaceptable porque retirar la sanción es obligación de ellos y la parte económica que ofrecen no pueden a la cantidad de daños y perjuicios ocasionados por ellos en su error o equivocación. No terminan de resolver una injusticia y nos dejan atados a una sanción que nunca debió ser, condenándonos de momento a no tener posibilidad de general ingresos para nuestras familias que incrementan las dificultades que vivimos en la actualidad, no hay conciliación hay imposición e injusticia en la decisión de la Procuraduría”, agregó.

Vale la pena resaltar que esta primera audiencia no se hizo con los 16 exconcejales, este lunes 16 de mayo los primeros citados fueron: Leo Mestre, Víctor Alvarado, Eudes Orozco, Alex Pana, Carlos Picón, Carlos Daza, Wilfrido Arias, José Gómez y Gabriel Muvdi.

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Para este martes 12 de mayo la cita será para Ricardo López, Luis Miguel Santrich, José Amiro, Jaime Bornacelli, Gloria Ovalle y Yesid Triana.

Al respecto ya se han visto reacciones, una de ellas las del exconcejal, y además sancionado e inhabilitado por la Procuraduría, Eudes Orozco, quien trinó que dicha entidad se les está imponiendo.

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