Una vez más, los municipios de Riohacha y Maicao se convierten en escenario de prácticas administrativas que despiertan más dudas que certezas. La alarmante velocidad con la que se adjudican contratos, muchos de ellos sin la debida planeación ni transparencia, sugiere que la gestión pública en estos territorios se ha convertido en una auténtica feria, donde prima la improvisación y, en no pocos casos, el interés particular por encima del bien común.
La contratación pública debe ser, por excelencia, un mecanismo para garantizar el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, en estos municipios guajiros, pareciera que la lógica se ha invertido: se contrata primero y se justifica después. Millonarios convenios que deberían estar enfocados en salud, educación, infraestructura o programas sociales, terminan ejecutándose sin impacto real, bajo un manto de opacidad que erosiona la confianza ciudadana.
Los entes de control, por su parte, brillan por su lentitud o, peor aún, por su silencio. La ciudadanía merece respuestas, seguimiento riguroso y sanciones ejemplares si se comprueba que los recursos públicos han sido desviados o mal utilizados.
No se trata solo de denunciar, sino de exigir. Riohacha y Maicao no pueden seguir atrapadas en una rueda cíclica de corrupción y negligencia. Es hora de que los líderes locales comprendan que administrar no es repartir favores, sino construir futuro con responsabilidad, legalidad y compromiso ético.