La Fiscalía General de la Nación pidió este martes 2 de diciembre imponer medida de aseguramiento intramural contra Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con el direccionamiento de contratos y la apropiación de 111 millones de pesos. La fiscal del caso, Lucy Laborde, aseguró ante el juez que el procesado “tenía pleno conocimiento de la ilicitud de sus acciones”.
Según el ente acusador, los delitos están vinculados con irregularidades en contratos firmados con la Fundación Conciencia Social, dentro del denominado Caso Fucoso. La Fiscalía sostiene que Petro habría intervenido indebidamente para favorecer a la entidad con recursos de la Gobernación del Atlántico, actuando según la acusación para obtener beneficios personales y económicos junto a su entonces esposa, Daysuris Vásquez.
Durante la diligencia, la fiscal Laborde destacó que Daysuris Vásquez habría sido utilizada como enlace para gestionar contactos y acuerdos entre la fundación y la administración departamental, siempre bajo instrucciones del exdiputado. La petición de medida de aseguramiento preventiva quedó sustentada en la gravedad de los hechos, el riesgo procesal y la presunta influencia política que, según la Fiscalía, pudo haber ejercido Nicolás Petro en el direccionamiento de los contratos investigados.