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Fraccionamiento de contratos, ¿una jugadita del alcalde de Pelaya?

En medio de los informes de contratación publicados en el portal Colombia Lícita, la Alcaldía de Pelaya aparece con una seguidilla de contratos de mínima y menor cuantía, muchos de ellos con objetos similares y montos cercanos al límite permitido por ley.

Los registros sugieren una posible práctica de fraccionamiento contractual, mecanismo con el que algunas administraciones locales dividen obras o adquisiciones más grandes para adjudicarlas de forma directa y sin licitación abierta.

Durante 2025, el municipio ha celebrado varios contratos de valores modestos pero llamativamente similares:

$22.380.000 para mantenimiento y reparación de redes eléctricas y equipos de aire acondicionado en instituciones educativas, contrato con fecha del 28 de julio del presente año.

Otro de los contratos realizados por la alcaldía de Pelaya tiene un monto de $28.430.156 para materiales de ferretería con destino a labores de adecuación y mantenimiento de infraestructura, con fecha del  23 de julio del presente año.

Con un costo de $21.200.000 para avalúos de predios de utilidad pública, fechado el 3 de septiembre del presente año, aparece otro de los contratos del ente municipal.

Siguen los contratos de menor cuantía por un monto de $39.499.530 para dotación de talleres y textos educativos con fecha del 2 de julio del 2025.

Así mismo aparece un contrato por valor de $72.587.500 para adecuaciones en el Palacio Municipal con fecha del 9 de septiembre del presente año.

Aunque cada proceso figura como independiente, la cercanía en fechas, montos y finalidades apunta a un patrón de división de gastos públicos dentro de la misma vigencia fiscal.

 

Un presupuesto que se diluye en microcontratos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027, Pelaya maneja un presupuesto de inversión superior a $22 mil millones de pesos anuales, con importantes rubros para educación, infraestructura y fortalecimiento institucional.

Sin embargo, la ejecución parece fragmentarse en decenas de contratos menores, lo que dificulta el control ciudadano y el seguimiento de la inversión real.

“Cuando los contratos se hacen en pedacitos, la comunidad no alcanza a ver resultados concretos. Se gasta mucho, pero las obras se quedan a medias”, afirmó Ana María Pacheco, lideresa comunal del barrio Centro.

Fraccionar contratos vulnera la transparencia

De acuerdo con el abogado especialista en contratación estatal Julián Serrano, esta práctica podría vulnerar los principios de planeación y selección objetiva.

 “La ley prohíbe dividir contratos con el propósito de eludir procedimientos más rigurosos como la licitación pública. Cada proceso debe obedecer a una planeación integral. Si se repiten objetos y proveedores, es un indicio de fraccionamiento”, explicó Serrano.

La Contraloría General ha advertido en informes recientes que varios municipios del Cesar presentan patrones similares, en los que la modalidad de mínima cuantía se convierte en una puerta fácil para la salida discrecional de recursos.

Sin licitaciones visibles

En lo corrido de 2025, el municipio de Pelaya no registra procesos de licitación pública ni de concurso de méritos en el portal consultado, a pesar de manejar recursos suficientes para haber ejecutado al menos una obra o adquisición mediante esos mecanismos.

Esta ausencia de procesos abiertos refuerza la hipótesis de una administración enfocada en microcontratos de baja cuantía que no pasan por etapas de evaluación competitiva.

Ciudadanía pide control y rendición de cuentas

Organizaciones civiles locales han solicitado que la Procuraduría Provincial de Aguachica y la Contraloría Departamental del Cesar revisen los contratos adjudicados este año.

“Queremos saber si realmente se está ejecutando la plata en lo que se promete. Pelaya necesita inversión visible, no contratos de papel”, señaló Carlos Daza, representante de un colectivo juvenil de veeduría ciudadana.

Los contratos de mínima cuantía son una herramienta legal válida, pero su uso sistemático en objetos similares puede transformarse en una estrategia de dispersión del control público.

La transparencia, la planeación y la rendición de cuentas deben ser la regla, no la excepción, para evitar que el presupuesto municipal se diluya entre contratos pequeños con grandes sospechas.

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