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¿Francisco Meza paga con recursos públicos el apoyo recibido en campaña?

Semanario La Calle conoció un contrato con el que el alcalde de El Copey, Francisco Meza, pretende ejecutar la compra de un lote. Pero… ¡vaya sorpresa!, la empresa con la que el mandatario llevará a cabo dicha compra es una de las que contrató con el gobernador suspendido Luis Alberto Monsalvo para la compra de mercados en el marco de la pandemia y que tiene hoy suspendida de su cargo a Lorena Hernández, secretaria general de la gobernación, quien fue la que suscribió el contrato. Además, el representante legal de dicha empresa apoyó la candidatura de Meza en la pasada contienda.

En El Copey no se habla de otra cosa que no sea del contrato de promesa de compraventa número 243 del 2020, que el alcalde Francisco Meza piensa efectuar de un lote por un valor de $600 millones. El revuelo es porque el vendedor de dicho lote será Servicios Integrales del Caribe Colombiano (Sicarsol), entidad que sale relacionada en el escándalo que cayó sobre la gobernación del Cesar por el sobrecosto en los mercados que se adquirieron para entregar a las familias vulnerables en el marco de la pandemia a comienzo del año en curso.

Servicios Integrales del Caribe Colombiano, identificada con el NIT. 900207376-9 y representada legalmente por Antonio María Andrade Zambrano, está en la mira de las entidades de control como la Contraloría y Procuraduría, por el aumento injustificado en los precios de un contrato con por $329.156.828 millones para la adquisición de 2.600 kits de mercados para la atención de la población vulnerable.

Según lo indica el contrato, el municipio de El Copey pagará la suma millonaria en su totalidad a los cinco días de haber ejecutado el contrato. Además, asaltan dudas sobre el costo del terreno puesto que la administración pagará $600 millones de pesos sobre dicho lote, precio que estaría muy por encima del valor real del mismo, y es precisamente este el motivo por el cual hay dudas sobre la legalidad de este negocio.

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“El municipio de El Copey Cesar pagará en una partida, dentro de los cinco días siguientes a la presentación Certificado de Tradición y Libertad, que contenga el registro de la escritura que se otorgue en conforme a este contrato”, dice una parte del documento contractual.

De acuerdo con el reporte RUES del contratista, su actividad económica se encuentra asociado con actividades de arquitectura e ingeniería, consultoría técnica, consultoría de gestión, actividades de apoyo a la agricultura y actividades de apoyo a la ganadería.

Pero hay más, no hay claridad del tamaño y especificaciones del lote que la administración va a comprar, el cual se encuentra en la parte de atrás del barrio San Toro de la cabecera municipal, el cual no hace parte del perímetro urbano de la localidad, y además parte del terreno que se va a comprar está invadido.

Antonio Andrade acompaña al alcalde a revisión de obras, es su mano derecha.

Pero este relicario de anomalías tiene un detalle más y es que Andrade Zambrano fue fundamental durante la campaña de Meza, y según dicen en el municipio ha sido eje fundamental en la contratación que ha venido realizando la administración, a tal punto que se dice que habría sido el mismo alcalde el que lo relacionó con la gobernación para que le dieran el contrato que generó el escándalo en sobrecostos.

Además de ello, la actual secretaría de Salud, Jennifer Andrade Barrera, es sobrina de Antonio María Andrade Zambrano, sí el mismo representante legal de la empresa a la cual le comprará el mencionado lote.

Para colmo de males

Faidith Guevara Guerra junto a su abuela fallecida.

Otra de las problemáticas en las que se ve envuelto este mandatario, están relacionada con la denuncia expuesta por Faidith Guevara Guerra, habitante del municipio quien asegura que el mandatario no le permitió la sepultura de su abuela en la localidad, pese a que el familiar que había muerto no tenía Covid-19, para la familia la actitud del alcalde fue una represaría por no haber apoyado su candidatura a la alcaldía en la contienda del año pasado.

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Vale la pena resaltar en el cementerio de El Copey ya colapsó debido a que no hay espacio donde enterrar más cadáveres; Sin embargo, Guevara Guerra dice que su familia ya tenía el espacio para brindar la sepultura a su familiar puesto que tienen bóvedas familiares adquiridas hace varios años.

“Coloco una denuncia pública sobre las anomalías que se están presentando en el municipio de El Copey, el alcalde Francisco Meza vulneró el derecho a la libertad de culto y derecho a la libertad de conciencia imponiendo obstáculos injustificados para el traslado del cadáver mi abuela fallecida por un infarto para el traslado a su sitio de domicilio, exigiendo el resultado de la prueba de Covid, manifestando que sin esta deberían sepultarla en el sitio donde falleció, expresado lo anterior por sus funcionarios de salud municipal. Mi pregunta aquí es ¿la ley es para todos?, ¿o para los que no elegimos a este señor? En días anteriores sepultaron una persona fallecida por Covid en el municipio, ¿entonces por qué la prueba era un requisito para sepultar a mi abuela en su lugar de residencia?, aseguró Faidith Guevara.

La indignación más grande para esta familia es que, pese a que aseguran que pudieron demostrar que la adulta mayor no tenía Covid-19, no permitieron la sepultura en el cementerio del municipio, todo motivado por cuestiones políticas.

“La secretaria de Salud municipal de El Copey negó el ingreso y/o traslado desde la ciudad de Valledupar al cementerio municipal, sin sustento legal alguno, situación que obedeció a la mera liberalidad del primer mandatario. Aun poniendo de presente a la autoridad municipal que se contaba con toda la logística necesaria, incluido el resultado de la prueba Covid-19 negativo, y el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad para realizar el traslado directamente al cementerio municipal, sin que el municipio tuviera que sufragar algún tipo de gasto”, aseguró Guevara.

 

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