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Gabriel Castilla, el director que mandó el ICBF al Cesar con las manos atadas

Un plantón de más de cinco horas a las afueras de las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) congregó a las madres comunitarias del Cesar, para protestar contra la reforma laboral que busca abolir las asociaciones y contratarlas a través de fundaciones, asimismo exigen garantías laborales, prestaciones sociales y salud.

Las madres comunitarias llegaron de varios municipios del departamento del Cesar con carteleras y pitos para vociferar arengas contra el instituto y sus directivas, a quienes acusan de ser unos indolentes por querer desmejorar sus condiciones de trabajo. A la protesta se unieron más de 200 mujeres inconformes porque a la fecha no hay contratación de los operadores que finalmente las vinculan para atender a los más de 100 mil niños que asisten anualmente a los Hogares Comunitarios.

De acuerdo con Claudia Sánchez, vocera de las madres comunitarias, explicó que la situación se presenta en los municipios de Aguachica, Pailitas, La Gloria, San Martín, por mencionar algunos, pero reiteró que son los 25 municipios que resultarían afectados con el cambio de contratación.

“La manifestación pacífica se debe a que nos quieren contratar con las fundaciones, pero nosotros venimos trabajando hace más 25 años como asociaciones. En nuestro caso la asociación se llama Nuevo Horizonte, hay otras más asociaciones, y no es lo mismo que hagan un contrato con fundación que es por prestación de servicio a un contrato por asociación, donde el padre de familia tiene voz y voto”, dijo Sánchez.

Dijo además que, “en estos momentos estamos sin seguridad social, muchos de nuestros hijos han suspendido tratamiento, muchas madres comunitarias no reciben atención médica, queremos que el director se ponga la mano en el corazón y dé oportunidades nuevamente a las asociaciones y que haya equidad”.

Por su parte, María Elena Caballero, otra madre comunitaria, dijo que la mayoría de mujeres tienen más de 24 años brindando atención a la primera infancia. “Estábamos en la casa y trabajábamos con 12 familias, de ahí pasamos a la estrategia que es la modalidad familiar, Fami, después transitamos como asociaciones y nos dijeron que íbamos a tener nuestro empleo, pero ahora nos dicen que a la fecha no hemos sido contratadas, que nuestra asociación no pasó, donde llevamos 6 años trabajando con madre gestantes, lactantes y menores de edad y en estos momentos esos niños están sin atención”, añadió.

Señaló además que, “ahora nos quieren engañar, nos quieren pasar para una fundación para sacarnos donde tenemos 24 años de servicio sin pensión, sin nada”.

Reunión sostenida entre el director del ICBF, Gabriel Castillo Castilla y madres comunitarias.

La situación es crítica para estas madres comunitarias, pues aseguran que a través de las fundaciones perderán los años trabajados, es decir, no serían liquidadas, y la mayoría quedaría sin trabajo. María Bohórquez, dijo que “Si nos contratan a través de una fundación nos pueden escoger a dedo, es decir, no todos vamos a trabajar. Esta es una situación donde hay intereses económicos de unos cuantos, y no tienen en cuenta nuestros derechos”.

Otra madre comunitaria Margarita Rojas, sostuvo que, “perderíamos todos los derechos, seriamos contratadas por OPS, no tenemos seguridad social, ni garantías de que nos puedan contratar el otro año. La fundación nos puede acoger ahora, durante tres meses, pero después nos dejan a un lado”.

Entre tanto, la madre comunitaria Marta Cecilia Suárez, indicó que tiene más de 30 años de experiencia laboral, que se vería afectados si lléguese a recibir contrato por medio de una fundación.

“Cuando empezamos a trabajar solo recibíamos una bonificación de $4.030 pesos. Tengo más de 31 años de ser madre comunitaria. Hemos trabajado con las uñas, corazón y amor por eso, merecemos respeto, queremos que sigan nuestras asociaciones porque un tiempo de 30 años no es para dejarlos votados”, acotó Suárez, madre comunitaria transitada del municipio de San Martín.

¿Qué dice el director del ICBF regional Cesar?

Gabriel Castilla Castillo

Por su parte, el director del ICBF Regional Cesar, Gabriel Castilla Castillo, sostuvo una reunión con una comisión de las Madres Comunitarias que protestaron para socializar con ellas tanto el inicio de la prestación de servicios de Primera Infancia como la posibilidad de que las organizaciones que no fueron habilitadas mejoren en los aspectos que fallaron para que puedan en adelante, en la periodicidad postularse y lograr habilitarse en el Banco de Oferentes.

“Primero anunciarles que desde el ICBF sede Nacional ya se conformó el nuevo Banco Nacional de Oferentes donde fueron habilitadas 1.397 propuestas a nivel nacional, por supuesto incluido nuestro departamento. Lo segundo es explicarles o detallarles que a partir de este banco se seleccionarán los operadores para brindar servicios a 64 mil 674 niñas y niños menores de 5 años, en lo que se refiere al Cesar, en las cuatro modalidades de atención”, indicó Castilla Castillo.

Quien además agregó que “lo que prima es que los operadores tengan no sólo indicadores financieros robustos, sino que, sobre todo, sólo aquellos que obtienen un indicador de desempeño bueno o sobresaliente serán contratados. En este índice de desempeño pesará hasta en un 20% la opinión de los padres de familia».

Finalmente, el funcionario sostuvo que desde la dirección regional se adelanta, por directriz nacional, la invitación a las organizaciones habilitadas para iniciar el proceso de contratación, con el fin de que la atención en las unidades de servicio se pueda dar a partir de la segunda semana de febrero.

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