Un grupo de 17 empresarios colombianos ha sido objeto de incautación de bienes por parte de las autoridades competentes debido a su implicación en delitos como concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y falsedad en documento privado.
Ante esto, el presidente Gustavo Petro, se pronunció afirmando que, «esta investigación de la Dijin muestra uno de los mayores robos al estado colombiano. Se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran ‘gente de bien’ de los sectores más pudientes del país».
En las incautaciones se encontraron diversos activos, incluyendo barcos, un edificio en Cartagena, automóviles de lujo, terrenos, casas de verano y otros bienes, cuyo valor aproximado se estima en 1,3 billones de dólares.
Esta operación de incautación tuvo lugar en cinco departamentos del país, y uno de los nombres destacados es el empresario Hernando Silva Bickenbach, representante legal de Niman Commerce. Silva Bickenbach proviene de una familia colombiana prestigiosa y es conocido por su papel destacado en el comercio de compra y venta de petróleo en territorio colombiano.
El empresario fundó junto a su hermano la empresa Niman Commerce SAS en 2016, con un capital inicial de 5 millones de dólares, sin embargo, hoy el informe señala que Silva Bickenbach posee un gran poder financiero, lo que le permite, a través de Niman Commerce S.A.S., ser el principal comprador de hidrocarburos provenientes de sociedades no autorizadas para su comercialización.
La defensa del empresario ha anunciado que presentará la información necesaria y confía en la inocencia de Silva Bickenbach. Tanto él como otros empresarios enfrentan acusaciones de delitos de concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y falsedad en documento privado.
En otro caso relacionado, se ha informado que empresarios identificados como Jaime Alejandro Hoyos Juliao, Roger Gale Gutiérrez y Niman Commerce S.A.S. Están acusados de mover barcos de petróleo con bandera panameña en puertos de la costa Caribe, con destino a lugares como Singapur, Ámsterdam y otros puntos en Asia y Europa. Estos barcos transportaban grandes cantidades de petróleo colombiano que no aparecían registradas en los registros de exportación, lo que sugiere una operación ilegal de hurto de petróleo.
Se estima que la carga mensual de estos barcos equivalía a un millón de barriles de petróleo colombiano, con un valor cercano a los 10 millones de dólares. Para llevar a cabo esta actividad ilícita, se utilizaban más de 20 camiones cisterna, cada uno con capacidad para 12,000 galones, para transportar petróleo venezolano desde distintas ubicaciones hasta Colombia, donde se mezclaba con el petróleo obtenido ilegalmente del oleoducto Caño Limón-Coveñas.