Una vez más, La Guajira duele. Duele porque sus niños siguen muriendo de hambre, mientras la plata para alimentarlos se esfuma en los laberintos de la corrupción. Duele porque los gobernantes que deberían protegerlos se convierten en los primeros responsables de la tragedia, firmando contratos millonarios que jamás se reflejan en los estómagos vacíos de los más vulnerables.
El hambre en La Guajira no es una casualidad ni una simple consecuencia de la sequía. Es el resultado directo de una indolencia estructural que se ha normalizado. Los recursos del Estado, destinados a garantizar agua, alimentación y salud a los niños Wayúu, terminan desviados en manos de contratistas amigos, funcionarios complacientes y políticos sin escrúpulos.
Aún más preocupante resulta la complicidad silenciosa de organismos internacionales que, en teoría, deberían ejercer veeduría y control sobre la ejecución de estos programas. La presencia de agencias de cooperación y de la misma ONU en la región no ha logrado frenar el saqueo. Por el contrario, muchos se preguntan si su papel se ha limitado a producir informes y tomar fotografías, mientras en las rancherías los niños continúan muriendo de desnutrición.
¿Hasta cuándo seguiremos tolerando esta cadena de cinismo? ¿Cuántas alertas, informes y denuncias más se necesitan para que el Estado colombiano actúe con firmeza y castigue a los responsables?
En La Guajira no falta dinero: sobran los corruptos y faltan los dolientes.
Sobran los discursos humanitarios, pero escasea la humanidad.
Este editorial no busca señalar nombres, sino despertar conciencia. Porque mientras la sociedad permanezca callada, los niños Wayúu seguirán pagando con su vida el precio de una indiferencia colectiva.
La historia algún día juzgará a quienes pudieron hacer algo y no lo hicieron.