Al finalizar el cuatrienio 2016 – 2019 varios alcaldes del departamento del Cesar ‘pelaron el cobre’ y terminaron envueltos en escándalos y líos jurídicos. Algunos lograron ‘escabullirse’ y salir bien librados, mientras que en El Paso y Codazzi la administración finalizó acéfala y sus mandatarios presos.
Un mal final tuvieron dos de los 25 exalcaldes de los municipios del Cesar, debido a que no terminaron su mandato por ser recluidos en la Cárcel Judicial de Valledupar, tras enfrentar líos con la justicia.
El primero de ellos es el exmandatario de El Paso, Hidalfo De la Cruz, quien junto a su esposa Neyruth Murgas Fuentes fueron capturados el pasado 24 de octubre por cometer delitos electorales, de cara a las elecciones regionales en la que se escogieron a los mandatarios para el periodo 2020 – 2023.
Aunque el exalcalde guardaba la esperanza de recobrar su libertad, el pasado 13 de diciembre en audiencia de segunda instancia, el Juez Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento ratificó la medida intramural en contra de él y su primera gestora, por lo que hasta la fecha siguen recluidos en la cárcel, en el marco de la investigación que se adelanta en su contra por presuntos actos de corrupción en los anteriores comicios regionales.
El Juez consideró que existe una inferencia mínima razonable de que el exmandatario y su esposa, presuntamente presionaban a sus empleados para realizar actividades proselitistas a favor del entonces candidato a la Alcaldía, José David Ortiz, tío de Hidalfo De la Cruz.
De acuerdo a los expuesto por el togado, el exmandatario no debía salir de prisión pues “existe la posibilidad de obstaculización de la actividad procesal y probatoria”, esto debido a que “la actitud amenazante de los imputados a quien estuviera contrario de sus intereses puede inferir la actividad de inducción o coacción de testigos, debido fundamentalmente al vínculo legal y laborales”.
Durante la audiencia en la que se ratificó la medida, el Juez dijo que, además, la libertad de los investigados, podría representar un peligro para las víctimas, puesto que, dos de los posibles testigos en declaración juramentada a los investigadores indicaron que fueron amenazados de muerte por parte del exalcalde y la gestora social.
De la Cruz y Murgas están privados de la libertad desde el pasado 27 de octubre por decisión del Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías y lo seguirán mientras avanza el juicio en su contra por los delitos de constreñimiento electoral agravado en concurso con corrupción al sufragante agravado; y constreñimiento al sufragante agravado y corrupción al sufragante simple, respectivamente.
El caso de ‘Luchito’
Durante el último año de gobierno de Luis Vladimir Peñaloza en Codazzi, el exmandatario se la pasó resolviendo sus ‘chicharrones’ jurídicos, pues fue suspendido dos veces por la Procuraduría Provincial de Valledupar, la última vez por presuntamente participar en política; sin embargo, no fue esto lo que lo alejó definitivamente del cargo, sino una denuncia en su contra por cobrar aparentemente cobrar coimas a los contratistas de su administración, situación que lo tiene tras las rejas.
Peñaloza fue capturado el 20 de noviembre de 2019 y tuvo que pasar navidad y fin de año en la Cárcel Judicial de Valledupar tras la ratificación de la medida de aseguramiento hecha por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Valledupar.
Al exalcalde de Codazzi lo investigan por los delitos de concusión y peculado por apropiación, con base en las denuncias de un contratista de la población a quien presuntamente le exigía y recibía coimas. Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre enero de 2016 y diciembre de 2018.
A Peñaloza Fuentes lo denunció Otoniel Ariño Urbina, en calidad de representante legal de la Unión Temporal Centro Cultural Codazzi, a quien presuntamente le pidió $150 millones para autorizarle el pago de una cuenta de cobro por valor de $1.000 millones. El dinero supuestamente lo entregó en Guatapurí Plaza Comercial a un hermano de Peñaloza.
Para ese mismo contrato, Luis Vladimir Peñaloza Fuentes autorizó una adición y a cambio pidió $60 millones más a través de una figura de contrato de simulación de crédito, de acuerdo con la versión del denunciante.
La Fiscalía estableció que el dinero era girados a la cuenta de un tercero de nombre Vairon Caballero Ballesteros, sin órdenes o comprobantes que justificaran esos pagos. En total fueron girados $1.417 millones de pesos.
Cabe recordar que, en el marco de la diligencia judicial, ‘Luchito’ Peñaloza ha sufrido quebrantos de salud, por lo que antes de finalizar el 2019 salió de la cárcel y durante tres días estuvo recluido en la Clínica Cesar.
El ingreso se produjo en la tarde del anterior 24 de diciembre, pero una vez valorado por los profesionales de la salud fue dado de alta en la noche del 26 del mismo mes.
Desde su captura en el barrio Los Cortijos el procesado ha estado hospitalizado dos veces en un centro asistencial de la capital del Cesar.