Mientras el Hospital San Rafael de San Juan del Cesar enfrenta denuncias por deterioro de sus instalaciones, falta de agua e inundaciones, sus cifras financieras despiertan serios interrogantes. La institución reportó recaudos superiores a $212.000 millones entre 2022 y 2025, mientras sus pasivos aumentaron casi $9.378 millones en un año y el senador Alfredo Deluque no respondió a las preguntas de Semanario La Calle.
En el Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira, las cuentas crecen, las deudas aumentan y las explicaciones siguen siendo insuficientes frente a las denuncias sobre el estado de sus instalaciones. Las cifras financieras de la institución contrastan con las imágenes de inundaciones y los testimonios de usuarios que reclaman condiciones dignas para recibir atención médica. La situación plantea una pregunta que no puede quedarse entre balances contables y comunicados institucionales: ¿cómo se explica que una entidad que reportó recaudos por más de $212.000 millones durante cuatro años continúe enfrentando cuestionamientos por problemas básicos de infraestructura?
La respuesta exige revisar inversiones, obligaciones financieras y decisiones administrativas. Porque el problema no se limita a las goteras que aparecen cuando llueve, sino a la capacidad de una institución pública para garantizar instalaciones adecuadas y rendir cuentas sobre los recursos que administra.
Millonarios recaudos frente a una infraestructura cuestionada
Según la información institucional recopilada por Semanario La Calle, el Hospital San Rafael reportó recaudos por $212.576 millones entre 2022 y 2025, de los cuales $130.996 millones corresponden a 2024 y 2025; Aunque recaudar no significa disponer de la totalidad de esos recursos para obras, pues deben cubrirse salarios, medicamentos, insumos y gastos de funcionamiento, las cifras hacen necesario conocer cómo se distribuyó el dinero y qué resultados se obtuvieron.
En materia de infraestructura, la institución reportó inversiones de $158,5 millones en 2023, $144,6 millones en 2024 y $1.505 millones en 2025. Hasta abril de 2026, la cifra informada fue de $50,06 millones, de los recursos registrados en 2025, aproximadamente $1.387 millones habrían correspondido a proyectos en puestos de salud de Corral de Piedra, Cañaverales, El Hatico de los Indios y Los Haticos.
Estas inversiones son importantes para las comunidades rurales. Sin embargo, queda pendiente establecer cuánto dinero se destinó específicamente a la sede principal del hospital, qué reparaciones se ejecutaron y por qué persisten las denuncias sobre sus condiciones físicas. Los recursos aparecen en los informes, pero los usuarios necesitan comprobar que las inversiones también se reflejan en instalaciones seguras y funcionales.
Una deuda que aumentó casi $9.378 millones
El panorama financiero también genera preocupación. De acuerdo con las cifras citadas de la rendición de cuentas de 2025, página 33, los pasivos del Hospital San Rafael pasaron de $22.294 millones en 2024 a $31.672 millones en 2025; Esto representa un incremento aproximado de $9.378 millones en apenas un año. El aumento no demuestra por sí mismo irregularidades administrativas, pero sí exige una explicación detallada sobre las obligaciones acumuladas, las cuentas por pagar, los compromisos con proveedores y las medidas adoptadas para evitar un mayor deterioro financiero.
Resulta necesario conocer si el crecimiento de los pasivos está relacionado con obligaciones operativas, dificultades en el recaudo, compromisos pendientes u otros factores identificados en los estados financieros; Mientras tanto, las denuncias sobre las condiciones de atención continúan.
¿Qué explica el incremento de las deudas? ¿Qué medidas ha adoptado la gerencia? ¿Cómo se priorizan las inversiones cuando existen necesidades visibles en las instalaciones? Son preguntas que requieren documentos, cifras y respuestas públicas.
Deluque, en el centro de las preguntas políticas
El debate alrededor del Hospital San Rafael también alcanza al senador Alfredo Deluque Zuleta, una de las figuras políticas de mayor reconocimiento en La Guajira. En los cuestionamientos sobre el entorno político de la institución se menciona a Marcos Antonio Bolaños Vega, exgerente del hospital, por sus presuntos vínculos políticos con sectores cercanos al congresista. La existencia de relaciones políticas, por sí sola, no demuestra intervención en decisiones administrativas ni responsabilidad por las dificultades del hospital. Sin embargo, la discusión pública hace pertinente conocer qué gestiones ha adelantado Deluque frente a la situación de esta institución.
Semanario La Calle intentó comunicarse con el senador para conocer su posición sobre las denuncias de infraestructura, las inversiones reportadas y el crecimiento de los pasivos. Al cierre de esta nota, no se había recibido respuesta. Su pronunciamiento permitiría aclarar cuál ha sido su participación, si la ha tenido, en gestiones relacionadas con el hospital y qué conocimiento posee de las dificultades denunciadas; La ausencia de respuesta deja esas preguntas abiertas, sin que ello constituya prueba de responsabilidad alguna.
Denuncias ciudadanas y temor entre trabajadores
La inconformidad también se refleja en redes sociales, donde ciudadanos han expresado preocupación por el estado de las instalaciones y han solicitado investigaciones sobre el manejo de los recursos. Algunos comentarios contienen acusaciones contra antiguos directivos y críticas a dirigentes políticos. Sin embargo, esos señalamientos deben ser verificados por las autoridades competentes y no pueden presentarse como hechos demostrados.
Entre las quejas sobre la atención, una usuaria mencionó “la falta de agua, las habitaciones de los pacientes en mal estado de los baños, la atención terrible”.
A estas denuncias se suman testimonios de trabajadores que, bajo reserva de identidad, han manifestado temor a posibles represalias laborales si hablan públicamente sobre las dificultades internas.
La situación plantea interrogantes sobre las garantías existentes para denunciar fallas en el servicio, problemas de infraestructura o posibles irregularidades administrativas.
Un hospital público debe garantizar no solamente la atención de sus pacientes, sino también mecanismos seguros para que sus trabajadores puedan advertir sobre situaciones que requieran corrección.
Inversiones rurales y responsabilidades pendientes
La investigación también identificó el contrato interadministrativo MSPS-1025-2024, celebrado entre el Ministerio de Salud y Protección Social y ENTerritorio, que contempla la reposición de 24 infraestructuras de salud, una ampliación y una adecuación. Entre los puestos rurales mencionados figuran Guayacanal, Villa del Río y Veracruz, vinculados a la red del Hospital San Rafael.
Aunque estos proyectos responden a necesidades importantes de las comunidades rurales, corresponde establecer cuáles se han ejecutado, qué recursos se han comprometido y qué responsabilidades tiene cada entidad frente a su desarrollo; La discusión también debe incluir el mantenimiento de la sede principal, donde las denuncias de usuarios continúan exigiendo atención.
Millonarios recursos, deudas crecientes y una gestión que debe rendir cuentas
Las imágenes de las inundaciones en el Hospital San Rafael de San Juan del Cesar no pueden analizarse como hechos aislados. Las denuncias sobre el deterioro de sus instalaciones, las deficiencias en los servicios básicos y las condiciones de atención deben examinarse junto con los resultados financieros y administrativos de la institución. Los $212.576 millones en recaudos reportados entre 2022 y 2025, sumados al incremento aproximado de $9.378 millones en los pasivos durante el último año, plantean interrogantes que requieren explicaciones documentadas. Si bien los recaudos no equivalen a recursos disponibles exclusivamente para infraestructura, resulta indispensable establecer cómo se distribuyeron, qué inversiones se ejecutaron y cuáles fueron sus resultados.
El Hospital San Rafael no puede continuar enfrentando cuestionamientos sobre sus condiciones de funcionamiento sin que existan respuestas públicas, precisas y sustentadas en documentos. La comunidad tiene derecho a conocer qué se ha invertido, qué obras se han ejecutado, por qué aumentaron las obligaciones financieras y cuáles son los compromisos concretos para superar las deficiencias denunciadas. Porque cuando una institución pública de salud reporta millonarios recaudos, incrementa sus pasivos y enfrenta denuncias persistentes sobre el estado de sus instalaciones, la rendición de cuentas deja de ser una formalidad administrativa y se convierte en una obligación inaplazable. San Juan del Cesar y el sur de La Guajira no necesitan nuevas explicaciones sin respaldo: necesitan resultados verificables, responsabilidades claramente establecidas y garantías de que los recursos destinados a la salud se traduzcan en una atención digna, segura y oportuna.