El 24 de diciembre de 2024, el ICBF presentó un plan que prometía formalizar los contratos de aporte para comunidades Wayúu entre el 21 y el 24 de enero de 2025. Pero la realidad fue otra. Una verificación en el SECOP II muestra que procesos por $169 millones, $646 millones y uno por $8.401 millones —todos con el objeto de atender integralmente a la primera infancia, infancia, adolescencia y sus familias en municipios priorizados por la Sentencia T-302— fueron cargados apenas entre el 28 y el 31 de julio de 2025. Es decir, la ejecución real arrancó en pleno segundo semestre, muy lejos de lo prometido.
Operación directa: el Instituto como su propio operador
El 16 de mayo, un comunicado oficial del ICBF anunció que la entidad asumiría directamente la operación de ocho unidades de atención a primera infancia, medida prevista solo para casos de ausencia o retiro de operadores. Menos de dos semanas después, el 29 de mayo, informó la terminación de otro contrato y la asunción de siete unidades adicionales. Dos episodios que revelan que a mitad de año el servicio estaba sostenido con parches, no con contratos ordinarios.
Pagos atrasados: la deuda con las madres comunitarias
El problema de los retrasos tampoco se resolvió con el cambio de año. El 2 de mayo de 2025, el medio comunitario Consonante publicó “Retrasos y promesas incumplidas afectan el trabajo de madres comunitarias en Fonseca”, donde educadoras denunciaron pagos y contratos demorados, pese a compromisos previos. El impacto fue directo: familias de trabajadoras sin ingresos a tiempo y atención en riesgo.
Cobertura sí, pero a punta de contingencias
En febrero, el ICBF celebró que más de 10.800 niños y niñas recibían atención en Hogares Comunitarios, con meta de llegar a 12.700 antes de diciembre. Sin embargo, para mantener esa cifra fue necesario activar operación directa en mayo y firmar la mayoría de contratos recién a finales de julio.
Conclusión: lo planeado y lo ejecutado no coincidieron
Los comunicados oficiales, las bases de datos de contratación y las denuncias locales dibujan un mismo patrón: el ICBF sostuvo cobertura en La Guajira en 2025, pero lo hizo tarde, con medidas de emergencia y sin resolver los problemas históricos de pagos atrasados. Entre la planeación de escritorio y la realidad del territorio, la brecha sigue abierta.