El 16 de julio de 2025, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Riohacha ordenó al gobernador Jairo Aguilar Deluque, en su calidad de representante legal de la Gobernación de La Guajira, entregar una respuesta clara y completa sobre el uso del 3 % de los recursos provenientes de la Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo, asignados por ley al fortalecimiento de las bibliotecas públicas del departamento.
La decisión fue tomada tras una acción de tutela presentada por la presidencia de la Veeduría Ciudadana por la Educación y la Cultura – Alerta Guajira, quien solicitó información detallada sobre el recaudo de estos fondos desde 2017, su ejecución, el valor acumulado y los recursos aún pendientes de inversión.
La jueza concluyó que la respuesta inicial presentada por la Gobernación de La Guajira, motivada por el auto de tutela, fue insuficiente y no abordó de manera sustancial los puntos esenciales de la solicitud. Por ello, ordenó emitir una nueva en un plazo máximo de 48 horas.
Representantes del sector cultural, quienes han solicitado mantener la reserva de su identidad por temor a represalias, denuncian que los $5.800 millones recaudados por concepto de la Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo no se han invertido en el fortalecimiento del sistema bibliotecario.
Aseguran que muchas bibliotecas públicas de La Guajira se encuentran en condiciones precarias, con graves limitaciones en sus servicios y lejos de cumplir con los estándares establecidos por la Ley de Bibliotecas Públicas.
Además, señalan que tampoco se habría dado cumplimiento a la Ordenanza 139 de 2004, norma que creó la Biblioteca Pública Departamental y la Red Departamental de Bibliotecas Públicas, y que obliga a las autoridades a garantizar su funcionamiento y canalizar los recursos necesarios para su operación y sostenibilidad, a pesar de que ya han pasado 20 años desde su promulgación.
Un caso emblemático es el de la Biblioteca Departamental, que presenta serias deficiencias operativas, deterioro en su infraestructura y ausencia de equipos como computadores, lo que impide el acceso de niños, jóvenes y adultos a herramientas para su desarrollo en la sociedad de la información y el conocimiento. La situación fue corroborada por la Veeduría Ciudadana por la Educación y la Cultura – Alerta Guajira, que mediante derecho de petición recibió respuesta oficial de la Gobernación de La Guajira, en la que se reconoce que actualmente no se cuenta con el espacio de acceso digital y que apenas se está gestionando la instalación para habilitar la conexión a internet.
La obligación de destinar el 3 % del recaudo de la Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo al fortalecimiento de las bibliotecas públicas fue nuevamente ratificada en el Plan de Desarrollo Departamental 2020–2023 (página 98), formulado durante la administración del entonces gobernador Nemesio Roys Garzón. Durante su mandato, se recaudaron más de $92.632.679.801 millones por concepto de esta estampilla, de los cuales aproximadamente $3.317.797.985 millones debieron asignarse al sistema bibliotecario, conforme a lo estipulado en la normativa vigente.
Posteriormente, el Consejo de Estado anuló la elección de Roys por haber incurrido en doble militancia durante su campaña electoral. El exgobernador ha sido identificado como un aliado político del senador Alfredo Deluque, dirigente del Partido de La U en La Guajira.
Diversos sectores culturales señalan que Nemesio Roys ha mantenido una fuerte influencia en las decisiones relacionadas con la política cultural del departamento. Un ejemplo de ello fue el nombramiento de Astrid Herrera Gómez como directora de Cultura, Juventud y Género de La Guajira durante su primer año de mandato (2020).
Herrera, gestora cultural y considerada muy cercana al exgobernador, actualmente ocupa un cargo directivo en la Escuela Taller de La Guajira. Durante la administración de Roys, fue ella quien tuvo a cargo la ejecución de los recursos destinados al sector cultural.
Tras la salida de Roys, la administración departamental fue asumida sucesivamente por Jairo Aguilar Deluque, José Jaime Vega Vence y Diala Patricia Wilches Cortina, todos con vínculos políticos estrechos con el entorno del hoy senador Alfredo Deluque. Wilches Cortina, además, había trabajado previamente en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).El grupo político de Nemesio Roys mantiene una importante cuota de poder e influencia en la Gobernación de La Guajira, encabezada por Jairo Aguilar Deluque.
La influencia del grupo político de Nemesio Roys se hace evidente en el alto número de contratos de prestación de servicios y procesos de licitación adjudicados, usados como fichas políticas para sostener su bastión de poder, incluyendo su injerencia en la cultural. La situación puede ser corroborada mediante el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).
Según observaciones de actores del sector cultural, varios de estos contratos presuntamente no responderían únicamente a fines administrativos, sino que formarían parte de una estrategia deliberada para preservar estructuras de respaldo político, asegurar lealtades y fortalecer la capacidad de movilización electoral del grupo en el poder, especialmente en territorio.
En esa misma línea, versiones recogidas en el ámbito regional señalan que el senador Alfredo Deluque habría impulsado, desde hace varios años, una estrategia dirigida a debilitar políticamente a los gobernadores que no se alinean con su proyecto, a través de la radicación de denuncias ante instancias nacionales y organismos de control, especialmente en Bogotá.
Sin embargo, esta estrategia ha pasado en gran medida desapercibida a nivel nacional y local, lo que ha permitido que el senador Alfredo Deluque —junto con sus aliados políticos, como Nemesio Roys y Jairo Aguilar Deluque— siga siendo percibido como una figura intocable y poderosa dentro del escenario político regional.
En contraste, la Contraloría General del Departamento de La Guajira —actualmente bajo la dirección de Bienvenido José Mejía Brito, exalcalde de Dibulla por el Partido de La U, el mismo sector político del senador Alfredo Deluque— ha permanecido en silencio frente a casos representativos, como el de los $5.800 millones que debían destinarse a las bibliotecas públicas del departamento. La preocupación aumenta si se considera que los montos más elevados fueron ejecutados durante las administraciones de Nemesio Roys y Jairo Aguilar Deluque, sin que hasta el momento exista un pronunciamiento oficial ni se haya emprendido acción alguna de control fiscal por parte del organismo.
Fuentes consultadas bajo reserva afirman que los recursos en cuestión estarían perdidos y que los funcionarios de la Gobernación de La Guajira, responsables no contarían, presuntamente, con los soportes necesarios para explicar su ejecución. La situación explicaría la renuencia de la administración de Jairo Aguilar a responder la solicitud de derecho de petición radicada desde el 29 de mayo de 2025. Ante esta omisión, el 16 de julio de 2025, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Riohacha ordenó a la Gobernación entregar una respuesta de fondo sobre el manejo de los recursos de las bibliotecas, cuyo destino continúa sin esclarecerse.
En paralelo, la Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira, mediante la radicación número E-2025-109166, anunció el inicio de una actuación disciplinaria independiente para investigar las presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos provenientes de la Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo.
Durante el actual periodo de Jairo Aguilar Deluque (2024–2027), la Gobernación de La Guajira ha recaudado más de $69.033.574.256 millones por concepto de la Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo. De acuerdo con la normativa vigente, el 3 % de ese total —equivalente a cerca de $2.071.007.227 millones— debió haberse destinado al fortalecimiento de las bibliotecas públicas del departamento. Hasta el momento no se ha evidenciado una ejecución clara ni trazabilidad de los recursos, lo que ha encendido alertas entre sectores ciudadanos que exigen transparencia y cumplimiento del marco legal.
En 2017, el recaudo por concepto de la Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo superó los $5.011.976.100 millones, el 3 % —equivalente a $150.359.283 millones— debía destinarse al fortalecimiento de las bibliotecas públicas. Durante ese año, la administración departamental estuvo a cargo de gobernadores encargados como Wilmer González Brito, Weildler Guerra Curvelo y Tania Buitrago González.
Para 2018, La Guajira estuvo bajo las administraciones de Tania Buitrago González, Wilmer González Brito y Wilson Rojas Vanegas como gobernadores encargados. En ese año se recaudaron aproximadamente $11.543.841.566 millones por concepto de la Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo. De ese total, $346.315.246 millones correspondían legalmente al fortalecimiento de las bibliotecas públicas, en cumplimiento de la Ley 1813 de 2016 y las ordenanzas departamentales.
Bajo las administraciones encargadas de Wilbert Hernández Sierra y Jhon Fuentes Medina, el recaudo de la Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo alcanzó los $17.960.586.376 COP, lo que implicaba una asignación obligatoria de $538.817.591,28 COP para el fortalecimiento de las bibliotecas públicas. La obligación está sustentada en un marco jurídico claro, compuesto por la Ley 1813 de 2016 (artículo 49) a nivel nacional, las ordenanzas departamentales 388 de 2014 y 418 de 2016, así como por el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023, que en conjunto establecen el destino específico del 3 % de estos recursos al sistema bibliotecario público de La Guajira.
Embargos y contradicciones: el misterio del dinero perdido para las bibliotecas de La Guajira
El exgobernador encargado en 2017, Weildler Guerra, afirmó en entrevista que, durante su administración, los recursos provenientes de la Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo estuvieron frecuentemente sometidos a embargos, especialmente por parte de la Universidad de La Guajira.
“Efectivamente, existe una ordenanza que regula la distribución de los recursos recaudados por la Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo en La Guajira. Esa ordenanza es la número 388 de 2014, empezó a regir el 1 de enero de 2017 y esta ordenanza establece que el 3 % de los fondos recaudados por esta estampilla debe destinarse a la infraestructura y dotación de bibliotecas públicas, lo cual forma parte del sector cultural del departamento. Y hay que destinar otras obviamente a educación, medioambiente, deporte, agropecuario y otros tipos de sectores”, sostuvo Guerra.
Con esta afirmación, se puede inferir que, para 2017 —durante la gestión de Weildler Guerra—, los recursos de la estampilla destinados a bibliotecas públicas ya estaban acumulados, aunque no fueron ejecutados bajo su administración. Dichos fondos pasaron a estar bajo la responsabilidad de la gobernadora encargada Tania Buitrago, quien asumió el cargo tras la salida de Guerra y es identificada como aliada política de Alfredo Deluque.
No obstante, según la Veeduría Ciudadana por la Educación y la Cultura – Alerta Guajira, el 3 % destinado al fortalecimiento de bibliotecas públicas constituye una partida con destinación específica, amparada por una protección legal que impide su embargo o uso para otros fines, salvo en situaciones excepcionales claramente establecidas.
La Corte Constitucional establece que los recursos públicos asignados a sectores sociales —como educación, salud, agua potable y saneamiento básico— están protegidos por el principio de inembargabilidad, dado que se destinan a garantizar derechos fundamentales. En este marco, las bibliotecas públicas se inscriben dentro del componente social, en especial en el ámbito educativo, al facilitar el acceso a la información y al conocimiento con fines pedagógicos, formativos y culturales.
Si bien el exgobernador encargado en 2017, Weildler Guerra, se refirió a los obstáculos administrativos que enfrentó durante su gestión —en particular los presuntos embargos que afectaron los recursos de la Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo—, esta situación no exime a la Gobernación de La Guajira, ni a las administraciones que estuvieron en ejercicio entre 2017 y 2025, de su deber legal de proteger los fondos con destinación específica y garantizar su correcta ejecución.
Ese compromiso sigue vigente y su cumplimiento es obligatorio. Además, según fuentes jurídicas consultadas, los recursos que debieron ser embargados correspondían exclusivamente a la asignación destinada a la Universidad de La Guajira, y no a la fracción del 40 % que, según la ordenanza, debe invertirse en varios sectores, incluyendo el fortalecimiento de las bibliotecas públicas.
Aun así, la ejecución de programas complementarios distintos a los estipulados por la Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo no exime a la administración actual de su obligación legal de cumplir con la destinación específica del 40 % del recaudo, cuyos recursos hoy parecen estar perdidos.
Esto plantea una nueva pregunta: ¿dónde están los fondos destinados a los demás sectores? El visible deterioro de la Biblioteca Departamental, así como de otras bibliotecas en los 15 municipios, refuerza las dudas sobre si esos recursos fueron realmente invertidos conforme a lo establecido, incluso durante administraciones de carácter transitorio.
A este debate se suma la postura del actual director de Cultura, Juventud y Género de La Guajira, José Emilio Sierra, designado en 2024 por el gobernador Jairo Aguilar Deluque. Sierra ha sostenido —en espacios tanto públicos como privados, y en ocasiones con tono burlesco y desafiante hacia los gestores culturales— que el porcentaje del 3 % “ya no está vigente”. La afirmación ha sido interpretada en el ámbito cultural como un intento de desviar la atención frente a la presunta pérdida o uso irregular de los recursos, lo cual, de confirmarse, podría configurar un presunto peculado por apropiación u otra modalidad de la conducta penal.
En contraposición, el exgobernador encargado en 2017, Weildler Guerra, aseguró en entrevista que la norma sigue plenamente vigente y que cuenta con respaldo tanto en la legislación nacional como en las ordenanzas departamentales. De acuerdo con fuentes jurídicas, no resulta jurídicamente válido que las actuales o pasadas administraciones aleguen desconocimiento o imposibilidad de ejecutar los recursos bajo el argumento de que estaban embargados.
Desde el punto de vista legal, la existencia de embargos sobre rubros sociales con destinación específica no exime a la administración de su obligación de reportar, justificar y ejecutar dichos fondos conforme a lo establecido.
Un embargo no elimina el mandato normativo ni interrumpe la trazabilidad presupuestal. Por eso, la pregunta ¿dónde está el 3 %?— sigue siendo completamente válida. Las autoridades están obligadas a dar una respuesta sustancial. Y, sin embargo, cuanto más se indaga, más densa se vuelve la niebla: en lugar de disiparse, las dudas se reproducen, incluso después de que una jueza —desde el Juzgado Segundo Civil Municipal de Riohacha— ordenara, el 16 de julio de 2025, que el gobernador Jairo Aguilar entregara la información solicitada por la veeduría ciudadana.
En su decisión, el despacho judicial fue contundente:
«La respuesta brindada por la accionada, se tiene que esta no cumple con el parámetro de ser de fondo, en tanto, el accionado se pronunció únicamente respecto a una de las solicitudes formuladas por el accionante, limitándose a informar el monto recaudado anualmente por el Departamento de La Guajira por concepto de la Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo desde el año 2017 hasta la fecha, discriminado por año calendario. Sin embargo, omitió responder las demás peticiones, entre ellas: el valor acumulado correspondiente al 3% del total recaudado que, según la normativa vigente, debe destinarse a infraestructura y dotación de bibliotecas departamentales, así como el monto efectivamente ejecutado y el valor pendiente de ejecución».
Y concluye: «Es evidente que se está vulnerando el derecho de petición invocado y como consecuencia de ello se despachará favorablemente la petición elevada, en el sentido que se remita la respuesta al canal digital determinado para ello».