Ya el 24 de junio de 2017, el diario capitalino El Tiempo decía del rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo ‘Kaloy’ Robles Julio, que “en La Guajira es ‘vox populi’ que Robles es una especie de poder detrás del poder”. Ocho años después, el Semanario La Calle buscó qué podría hacer poderoso a ‘Kaloy’ Robles en la política de la península colombiana. “El analista político Ariel Ávila asegura que el poder electoral de la universidad radica en que muchos de sus estudiantes tienen becas y otros beneficios. Afirma que como muchos de ellos se desempeñan como jurados electorales, no hay garantías de transparencia”, termina el informe de El Tiempo. Históricamente, lo que dicen los expertos en lides políticas es que lo que hace a un varón electoral son los contratos que facilita y los puestos (empleos) que entrega. La Calle se metió al Secop II y esto fue lo que encontró sobre la Universidad de La Guajira, sólo en lo que va de 2025.
El primer contrato de 2025: por más de 504 millones de pesos
Aunque el contrato CD-1011-2024, por un valor de $504.221.445, aparece con el año 2024 en su número, en realidad fue subido al seco II el 7 de enero de 2025; precisamente, por eso es que el semanario la calle lo incluye en la temporada del año en curso, convirtiéndose en el primero firmado en 2025. el objeto de este contrato es “interventoría técnica, administrativa, financiera de la adecuación y dotación del tercer piso del consultorio jurídico para el centro de conciliación, la construcción de dos canchas multifuncionales cubiertas de 36 x 28 mts y construcción del segundo piso del restaurante en la Universidad de La Guajira, sede Riohacha”.
El de mayor cuantía en lo que va del 2025: más de 54 mil millones de pesos
Se trata del contrato de ‘convocatoria privada de mayor cuantía’ UG-OC-004-2025, por un monto de $54.893.520.228. El objeto de este contrato es la ‘construcción de coliseo en la Universidad de La Guajira, sede Riohacha’. Ya el contrato firmado aparece como ‘contrato de obra No. 450 de 2025’.
Contrato de más de 3.800 millones para consultoría al de más de 54 mil millones
En el Secop II aparece como ‘convocatoria privada de menor cuantía’ UG-OC-005-2025, por un monto de $3.848.440.543; sin embargo, una vez se abre el contrato firmado, ya aparece como ‘contrato de consultoría No. 445 DE 2025’; en todo caso, el objeto de este contrato es ‘realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental de la construcción de coliseo en la Universidad de La Guajira, sede Riohacha’.
450 contratos de prestación de servicios en cinco meses
La Corte Constitucional ha señalado que los contratos de prestación de servicios deben ser utilizados de manera excepcional y deben estar justificados por la necesidad de cubrir funciones ocasionales o especializadas que no son parte del giro ordinario de la entidad. Este tipo de contratos permiten a las entidades contratar personal sin crear una relación laboral permanente, lo que facilita la adaptación a proyectos o necesidades específicas. Expertos en política consideran que esta modalidad contractual se ha convertido en una forma de pagar favores políticos en entidades oficiales.
En los cinco primeros meses del año, la Universidad de La Guajira ha firmado cerca de 450 contratos de prestación de servicios. En el Secop II, varios de estos aparecen en la institución de educación superior pública de la península colombiana como ‘contrato de prestación de servicios profesionales’, otros como ‘contrato de prestación de servicios apoyo a la gestión’ y otros como ‘contrato de prestación de servicios’ a secas.
Dos contratos de suministro de personal: uno por más de 6.500 millones y otro por más de mil millones
Además de las cuatro centenas de personal contratado por prestación de servicios, la Universidad de La Guajira ha firmado dos contratos para suministro de personal. Uno parece en el Secop II como ‘convocatoria privada de menor cuantía’ UG-OC-002-2025 por un valor estimado de $6.781.571.745. Ya firmado aparece como ‘contrato de prestación de servicios No. 381 de 2025’ y por un valor de $6.556.038.586. Su objeto es ‘prestar el servicio de suministro de personal temporal para la realización de actividades operativas y logísticas, como apoyo a la gestión institucional de la sede central de la Universidad de La Guajira y en las sedes de Maicao, Fonseca y Villanueva.
El otro contrato, con el mismo objeto del anterior, aparece en el Secop II como ‘contrato de prestación de servicios’ CD-33-2025. Una vez firmado, aparece como ‘contrato de prestación de servicios No. 33 de 2025’. Y su valor, en ambos casos, es de $1.013.455.238.
Más de 5.200 millones para contratar vigilantes
En el Secop II aparece como ‘convocatoria de menor cuantía’ UG-OC-001-2025, por un precio estimado total de $5.285.889.194. Ya firmado, es el ‘contrato de prestación de servicios No. 377 DE 2025’, por un valor de $5,259,078,85. En ambos casos, el objeto es ‘prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones de la Universidad de La Guajira, sede principal y las sedes de Maicao, Fonseca, Villanueva y Ceres Manaure’.
Los 200 nombramientos docentes entre 2024 y 2025
Al final de la semana pasada, fue noticia la incorporación de 16 nuevos profesores al cuerpo docente de la Universidad de La Guajira. De este grupo, 13 se incorporan a la sede principal, en Riohacha, y tres en la sede Fonseca. Desde el inicio de 2024, hasta la fecha, ya son 188 los profesores que han sido nombrados mediante el concurso de méritos convocado en 2021, el cual ofertó un total de 200 plazas.
El escándalo de 2017 con la Gobernación
De acuerdo a los analistas, lo anterior es lo que explica que ‘Kaloy’ Robles, “que nunca ha ocupado cargos de elección popular es, hoy por hoy, la ficha clave de la política en La Guajira”, de acuerdo al ya citado informe de El Tiempo. “Su nombre, que es poco conocido en el resto del país, empieza a sonar porque por cuenta de sus gestiones el departamento pagó (a la Universidad de La Guajira) 26.500 millones de pesos por una demanda en la que sus autoridades simplemente no se defendieron”, agrega el informe.
“Para la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el proceso fue irregular. No solo porque no se dio un plazo prudencial para cumplir la sentencia sino porque la administración departamental de entonces no se opuso, ni se defendió de la demanda”, dice el informe de El Tiempo.
El escándalo de 2021 y 2022 con su hermano, el ex alcalde de Manaure
En abril de 2022, se conoció que la Procuraduría General de la Nación formuló cargos por presuntas irregularidades en la inscripción y posesión de Juan José Robles Julio como alcalde de Manaure, La Guajira, para el periodo 2020 – 2023. El Ministerio Público investigaba, entonces, si el exalcalde incurrió en causal de inhabilidad por ocupar el cargo como primera autoridad del municipio, a pesar de tener un presunto vínculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad, es decir, si es hermano de Carlos Arturo Robles Julio, quien se desempeñó entre 2018 y 2021 como rector de la Universidad de La Guajira dentro de los 12 meses anteriores a su elección. “Debido a estos hechos, el Tribunal Administrativo departamental presentó una sentencia el pasado 15 de enero de 2021, la cual fue confirmada por el Consejo de Estado, en la cual se declaró la nulidad del acto de elección de Robles Julio como alcalde de Manaure, y ordenaba la cancelación de la credencial otorgada por la comisión escrutadora que lo acreditaba como tal”, se informó entonces.