Los reportes publicados en el portal Colombia Lícita muestran una constante en la contratación de la Alcaldía de Pelaya durante 2025: numerosos contratos de mínima y menor cuantía, varios de ellos con objetos parecidos y valores muy cercanos al tope permitido por ley.
El patrón ha despertado sospechas de un posible fraccionamiento contractual, una práctica en la que se dividen compras u obras más grandes para entregarlas de manera directa, evitando procesos de selección más exigentes.
Montos pequeños, objetivos casi calcados
Los registros evidencian una serie de contratos que, aunque independientes en el papel, guardan similitudes llamativas:
$22.380.000 para mantenimiento de redes eléctricas y aires acondicionados en instituciones educativas (28 de julio).
$28.430.156 en materiales de ferretería para reparaciones de infraestructura (23 de julio).
$21.200.000 para avalúos de predios destinados a utilidad pública (3 de septiembre).
$39.499.530 para dotación de talleres y textos educativos (2 de julio).
$72.587.500 para adecuaciones en el Palacio Municipal (9 de septiembre).
La cercanía en fechas y las coincidencias en los propósitos de los procesos alimentan la percepción de un uso reiterado de contrataciones segmentadas.
Un presupuesto atomizado
Según el Plan de Desarrollo 2024–2027, Pelaya administra más de $22 mil millones anuales para inversión en sectores clave.
Sin embargo, esta capacidad financiera no se ve reflejada en grandes proyectos, sino en una multitud de contratos menores que, según la comunidad, dificultan el seguimiento real de las inversiones.
“Cuando todo se contrata por partes, los avances no se notan. Se invierte, pero no se ven obras terminadas”, comenta Ana María Pacheco, lideresa comunal del barrio Centro.
Riesgos para la transparencia
Para el abogado en contratación pública Julián Serrano, dividir procesos cuya naturaleza exige un contrato de mayor alcance puede quebrantar principios básicos como la planeación.
“La norma es clara: no se pueden fragmentar contratos para esquivar modalidades como la licitación. Repetir objetos y montos similares suele ser una alerta”, señala.
Incluso la Contraloría General ha identificado comportamientos comparables en otros municipios del Cesar, señalando que la mínima cuantía se ha convertido en un mecanismo atractivo para la discrecionalidad
Ninguna licitación a la vista
Durante 2025, no aparece registrado ningún proceso de licitación pública ni concurso de méritos por parte del municipio, aun cuando el volumen de recursos permitiría ejecutar al menos algunos proyectos por estas vías más competitivas.
La ausencia de estos mecanismos respalda la preocupación de que la administración esté privilegiando contratos pequeños sin competencia abierta.
Comunidades exigen control
Varias organizaciones ciudadanas han solicitado a los entes de control revisar la contratación municipal.
“Queremos ver en qué se está invirtiendo realmente. Pelaya necesita obras que se vean, no trámites dispersos”, afirma Carlos Daza, vocero de un grupo juvenil de veeduría.
Aunque los contratos de mínima cuantía son plenamente legales, su uso repetido en objetivos similares puede erosionar el control público. Para evitar dudas y fortalecer la confianza, la administración municipal deberá reforzar sus prácticas de planeación y transparencia.