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La Contraloría le pide al Gobierno explicaciones por crédito entregado a Avianca

La Contraloría General de la República formalizó una solicitud de información al ministerio de Hacienda, que permita aclarar el sustento técnico del crédito de hasta $370 millones de dólares dado por la Nación a la aerolínea Avianca, las garantías dispuestas, el papel que tendrá la Superintendencia Financiera para controlar dicho financiamiento y la actuación o las decisiones que se tengan previstas por parte del Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), frente a solicitudes de otras aerolíneas.

De igual manera, el organismo de control citó de manera formal a este Comité a mesa de trabajo, este miércoles 2 de septiembre, a las 9:00 a.m.

En esta reunión, la Contraloría buscará analizar el estado actual de los recursos dispuestos por el Gobierno para enfrentar la emergencia nacional y los efectos para este Fondo del crédito a Avianca.

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Vale la pena que dicho Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias está integrado por: el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera; el viceministro Técnico, Juan Pablo Zárate; viceministro General, Juan Alberto Londoño Martínez; el secretario General, Germán Quintero; el director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, César Augusto Arias Hernández; la directora de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, Claudia Marcela Numa Páez; el director General de Política Macroeconómica, Jesús Antonio Bejarano Rojas; la directora General de Regulación Económica de la Seguridad Social, María Virginia Jordán Quintero; y el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- , José Andrés Romero Tarazona.

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La Contraloría anunció además que hará seguimiento y verificación del sustento técnico del crédito dado por la Nación a la aerolínea Avianca, con el fin de garantizar la defensa y protección del patrimonio público, y en el marco de la Resolución Reglamentaria Orgánica 049 De 2019, que creó el Sistema de Control Fiscal Participativo, así como de las facultades previstas en el Decreto 267 de 2000, artículo 55 numeral 10.

En este caso, se ha desplegado el mecanismo de Especial Seguimiento para la vigilancia de la inversión de los recursos públicos administrados por el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

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