La reciente contratación de dos coroneles retirados y un patrullero de la Policía Nacional por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar ha generado inquietudes alrededor del manejo presupuestal durante el proceso de intervención. Los acuerdos, firmados bajo la modalidad de prestación de servicios, representan en conjunto más de $150 millones, una cifra que ha abierto el debate sobre la pertinencia y proporcionalidad de los gastos autorizados por el agente interventor, Luis Palomino.
Según documentos oficiales, los coroneles retirados Jorge Alveiro Carrillo Delgado y Alberto Antonio Ruiz Caviedes suscribieron cada uno contratos por $77.000.000, cuyo objeto es la “prestación de servicios especializados de vigilancia y seguimiento al servicio de acueducto mediante la implementación de estrategias técnicas, operativas y administrativas orientadas a prevenir y mitigar la defraudación de fluidos”.
Aunque la lucha contra el hurto de agua es un reto conocido dentro del sistema de acueducto, los montos y la contratación de perfiles provenientes del sector castrense han despertado interrogantes entre actores sociales y expertos en el sector de servicios públicos, quienes consideran necesario conocer con precisión qué alcance real tienen estas asesorías y qué resultados concretos se esperan obtener durante su vigencia.
A estos dos contratos se suma otro, también por prestación de servicios, suscrito con el patrullero Raúl Jesús Hernández Reyes, cuya función consiste exclusivamente en prestar acompañamiento y seguridad al agente interventor.
El uso de recursos públicos para financiar un esquema de escolta personal mediante un contrato directo, mientras la entidad atraviesa un proceso de intervención, genera nuevas preguntas sobre los criterios de priorización presupuestal y la transparencia del proceso.
Hasta el momento, el gerente interventor Luis Palomino no ha entregado una explicación detallada sobre:
Los criterios que justifican los montos de las asesorías militares.
Los resultados esperados y los mecanismos de evaluación de las consultorías.
La razón por la cual la seguridad del interventor no se canaliza a través de la fuerza pública o de los esquemas institucionales existentes.
La pertinencia de estos gastos en un contexto de intervención, donde se supone que la austeridad y la eficiencia deben ser prioridad.
En medio de un panorama financiero complejo y con usuarios que reclaman mejoras urgentes en la prestación del servicio de acueducto, estos contratos se convierten en un punto de debate público. Sectores ciudadanos y veedurías han solicitado mayor claridad sobre el uso de los recursos durante la intervención y han insistido en la necesidad de garantizar que cada gasto responda a necesidades reales y verificables del sistema.
Por ahora, la ciudadanía espera que el gerente interventor Palomino entregue las explicaciones correspondientes y precise el impacto que estas decisiones contractuales tendrán en la recuperación operativa y financiera de la empresa.