Después de más de un año de haber sido pública la forma como el alcalde Juan Francisco Rojas logró que le aprobaran un polémico empréstito, dos concejales del municipio sacan a relucir las evasivas que la primera autoridad de este pueblo del corredor minero está teniendo con unas denuncias que instauraron por las irregularidades que hay alrededor de estos recursos. Al final solo se endeudó por 16 mil millones de pesos, plata que se invirtió solamente en dos obras de infraestructura.
Según afirman los concejales, el alcalde ‘Kiko’ se está haciendo el de las ‘gafas rotas’ con una denuncia que ellos interpusieron en abril de este año en el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar y para la que se le ha citado en dos oportunidades y no ha asistido presentando excusas, en su remplazo siempre llega su abogado. Se espera que para noviembre asista al tercer llamado, de no ser así podría ser conducido por autoridades policiales.
La demanda
La queja fue interpuesta por los concejales Miller Vargas y Javier Machado, dos de los corporados que votaron en contra en su debido momento al proyecto de acuerdo que le dio vía libre al alcalde para endeudar el municipio.
Según los corporados, dicho proyecto de acuerdo no cumplió con los requisitos y tiene varias causales de nulidad, entre esas haber incurrido en la violación del debido proceso. En el documento que presentaron Vargas y Machado dice que, “se quebrantaron las normas en las que debió fundarse, toda vez que para la expedición y sanción del Acuerdo N°003, el Concejo Municipal y la Alcaldía de Becerril debieron agotar previamente el requisito de viabilización, priorización y aprobación ante el OCAD, quebrantando el artículo 2.2.4.1.2.8.4. del Decreto 1082 de 2015. En este caso el Acuerdo mencionado fue expedido el 28 de mayo de 2018, sancionado el 6 de junio de 2018 y solamente hasta el 8 de agosto cargado ante la Dirección Nacional de Planeación, entidad que pertenece al OCAD. La Dirección Nacional de Planeación certifica que “aún no han surtido el trámite de viabilizacion, priorización y aprobación ante el OCAD por lo que no es posible remitir los acuerdos de aprobación”, dice la demanda.
Por otro lado, los querellantes afirman que dicho empréstito fue expedido de manera irregular, debido a que el representante de la administración municipal que acudió ante el Concejo Municipal para la socialización y exposición del proyecto en las respectivas sesiones fue el señor Sergio Inardo Muñoz Villareal, persona que no estaba legalmente facultada para hacerlo, “este señor ya no era secretario de despacho, no era funcionario de la administración municipal, no era asesor y mucho menos es un contratista”, dijo uno de los corporados, hecho que también fue expuesto en la demanda.
“El señor Sergio Inardo Muñoz, tal y como podemos observar dentro del Acta N° 028, se dedicó en su exposición a relatar ante el Concejo las normas y el funcionamiento del Órgano Colegiado de Administración y de Decisión –OCAD, sin que en alguna de las intervenciones explicara de manera si quiera somera en qué se invertiría el empréstito solicitado, a qué obras y de qué forma serían distribuidos los recursos”, agregaron los corporados.
¿Y si prospera la demanda?
Se presume que las inasistencias del alcalde a las citaciones hechas por el juzgado obedecen a una pretensión de dilatamiento, toda vez que su periodo administrativo termina en diciembre de este año. Lo curioso del caso es que pese a la demanda que tiene encima este empréstito, ya los recursos para las obras fueron girados. Según se conoció con el banco BBVA se habrían conseguido 9.200.000.000 millones de pesos para el ‘mejoramiento de la vía que comunica el puente sobre el río Maracas con la vereda Socomba’ para un total de 4 kilómetros, mientras que con el Banco de Bogotá se logró el valor de 5.819.912.88 millones de pesos. Recursos que se pagarán en 96 meses, es decir compromete dos vigencias futuras.
De anularse dicho proyecto de acuerdo se entraría en un problema administrativo toda vez que ya los recursos están aprobados, girados y en ejecución.