El Juzgado Promiscuo Municipal de Distracción ya había sancionado al alcalde Jacob Arnaldo Brito por desacato, luego de comprobar el incumplimiento de una orden judicial orientada a garantizar el derecho a una vivienda digna a la Asociación Comunidad Sin Vivienda Digna del municipio. Sin embargo, pese a esa decisión, la situación continúa sin resolverse.
Hoy, el problema de fondo sigue intacto. Las disposiciones emitidas por la justicia que contemplaban la compra o legalización del predio ocupado, así como la reubicación concertada de las familias en un terreno adecuado no se han traducido en acciones concretas ni en soluciones efectivas. Lo que en su momento representó un fallo contundente, actualmente permanece como un proceso estancado y sin resultados visibles para la comunidad.
Han transcurrido más de seis años desde la tutela emitida en julio de 2019, y aunque la administración municipal ha señalado avances, reuniones y gestiones institucionales, en la práctica las familias continúan viviendo en condiciones precarias, sin acceso real a una vivienda digna ni garantías de reubicación.
Lejos de resolverse, el caso se ha extendido en el tiempo entre nuevos requerimientos, dilaciones administrativas y respuestas insuficientes. La sanción impuesta en su momento no logró destrabar la situación, y hoy el panorama sigue marcado por la incertidumbre, la falta de ejecución y una evidente ausencia de soluciones estructurales.
Mientras tanto, la comunidad continúa esperando. Lo que comenzó como una orden judicial para proteger derechos fundamentales, hoy evidencia cómo, a pesar de decisiones judiciales y sanciones, la respuesta institucional ha sido incapaz de resolver una problemática social que sigue vigente.
Promesas, reuniones y ninguna solución
Aunque desde la administración municipal se han argumentado gestiones, reuniones y acercamientos institucionales, en la práctica los resultados son inexistentes.
El tiempo ha pasado, pero la situación no ha cambiado.
El caso se ha prolongado entre trámites, requerimientos y silencios administrativos que han dilatado una solución que debió ser prioritaria.
La comunidad, mientras tanto, sigue esperando.
Un predio en disputa y una invasión que crece
El conflicto se desarrolla en el predio conocido como La Montañita, propiedad del fallecido William Rodríguez, el cual actualmente se encuentra en proceso de sucesión.
El Semanario La Calle se contactó con Víctor Rodríguez Cueto, hijo del propietario, quien actualmente está a cargo del terreno.
Según explicó, la sucesión lleva aproximadamente tres años sin resolverse, lo que ha impedido cualquier proceso formal de venta.
Mientras tanto, en el predio se ha consolidado una invasión progresiva conocida como “15 de enero”, que ya supera las 30 viviendas construidas en material.
“Esto no empezó así. Eran pocas casas, pero con el tiempo ha ido creciendo sin control”, cuenta.
El problema no es solo de ocupación.
Basuras, contaminación y daños a la propiedad
El heredero denunció ante las autoridades una serie de afectaciones graves dentro del predio.
Acumulación de basuras
Daños en cercamientos (lienzos y puntales)
Contaminación de acequias
Vertimiento de aguas negras
“Las aguas residuales de algunas viviendas están cayendo directamente en el terreno, afectando los cultivos y generando lagunas contaminadas”, le dijo al Semanario La Calle.
Además, advierte que esta situación no solo afecta la salubridad, sino que vulnera directamente el derecho a la propiedad privada.
Una sucesión estancada y tensiones familiares
El caso se complica aún más por un conflicto interno entre los herederos.
Según explicó el encargado del predio, existe una disputa por la distribución del bien, a pesar de que ya hay decisiones judiciales que reconocen derechos patrimoniales.
Un juez de familia habría establecido la existencia de una unión marital y sociedad patrimonial, lo que implica que parte del predio corresponde a la compañera permanente del fallecido.
Esto ha generado desacuerdos entre los herederos, quienes según el testimonio han dilatado el proceso.
“El problema es que no todos están de acuerdo con cómo se debe dividir el predio, y eso ha frenado todo”, explicó.
Señalamientos delicados: posibles conflictos de interés
El Semanario La Calle conoció que el encargado del predio tiene dos hermanos, y uno de ellos, William Rodríguez, ocupa actualmente el cargo de secretario de Hacienda en la administración municipal.
Según el denunciante, existirían sospechas de que el proceso de sucesión estaría siendo dilatado, presuntamente con intereses que favorecerían decisiones futuras sobre el predio.
“Ellos creen que me afectan a mí, pero se están afectando todos. Esto lo están alargando”, señaló.
Este señalamiento corresponde a la versión del entrevistado y no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades competentes.
Limitaciones legales y falta de acción institucional
Desde el punto de vista jurídico, la situación del predio representa un obstáculo para cualquier intervención estatal.
Al estar en sucesión, el terreno no puede ser adquirido de manera convencional hasta que se defina la titularidad.
Sin embargo, Víctor Rodríguez actual encargado del precio señala que existen alternativas legales, como la consignación del valor del predio a nombre de los herederos, que podrían permitir avanzar en una solución. Pero a pesar de ello, no se han tomado decisiones concretas.
Silencio institucional
El Semanario La Calle intentó obtener una versión oficial del alcalde Jacob Arnaldo Brito frente a esta situación.
Sin embargo, al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
El silencio institucional, sumado al incumplimiento del fallo judicial, agrava la percepción de abandono por parte de la comunidad.
Una problemática que sigue viva
Hoy, el panorama en Distracción sigue marcado por la incertidumbre.
Por un lado, familias que reclaman su derecho a una vivienda digna.
Por otro, un predio en disputa legal.
Y en el centro, una administración que no ha logrado o no ha querido materializar soluciones.
Lo que comenzó como una orden judicial para proteger derechos fundamentales, hoy es un reflejo de cómo las decisiones pueden quedarse en el papel cuando no existe voluntad política ni ejecución efectiva.
Mientras tanto, la comunidad continúa esperando. Y el fallo, seis años después, sigue sin cumplirse.
Aunque desde la administración municipal se han argumentado gestiones, reuniones y acercamientos institucionales, en la práctica los resultados son inexistentes.
El heredero denunció ante las autoridades una serie de afectaciones graves dentro del predio.
El Semanario La Calle conoció que el encargado del predio tiene dos hermanos, y uno de ellos, William Rodríguez, ocupa actualmente el cargo de secretario de Hacienda en la administración municipal.
El Semanario La Calle intentó obtener una versión oficial del alcalde Jacob Arnaldo Brito frente a esta situación.