En el municipio de Manaure, La Guajira, la ciudadanía hace un llamado urgente a la administración municipal por la ola de criminalidad. Mientras esto sucede la Alcaldía reconoce que tiene poca capacidad de respuesta y la situación es de gravedad.
En el municipio de Manaure, La Guajira, la ciudadanía dice sentirse sitiada por la inseguridad a manos de delincuencia común que se ha tomado las zonas de periferia y urbana.
Sentarse en las terrazas, caminar con tranquilidad, y desplazarse a cualquier lugar se ha convertido en un riesgo para sus propias vidas por el temor de ser acechados por un delincuente que bajo amenazas con arma de fuego o cortopunzante los obligan a entregarle sus pertenencias.
A esto le suman hechos de extorsión, homicidios, y secuestros.
Todo este panorama ha sido expuesto por líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, en consejos de seguridad y ante el Concejo Municipal, solicitando al alcalde John Galvis Pimienta Jusayu.
Es de recordar que recientemente la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana de Inminencia 013 de 2026, con relación a Maicao frontera con Manaure, el 22 de junio de la presente vigencia. En este orden ideas plasmó la cruda realidad de orden público que afecta a esta región.
El escenario de riesgo en esta zona se caracteriza por los siguientes factores claves, y es que la dinámica de inseguridad en Maicao afecta directamente a Manaure con la expansión y el control social ejercido por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) mediante panfletos amenazantes que generan zozobra en las comunidades relacionadas con el microtráfico y control territorial.
Además, Manaure se encuentra incluido también en la Alerta Temprana 020 de 2025 (enfocada en la Sierra Nevada y áreas de influencia de La Guajira, Magdalena y Cesar), la cual advierte sobre graves riesgos para la pervivencia cultural y física de las comunidades indígenas wayúu y afrodescendientes debido a confinamientos y desplazamientos forzados.
De acuerdo con Claudio Epieyu, educador y defensor de Derechos Humanos, en Manaure, La Guajira, la situación parece ser más crítica día a día. A pesar de las diferentes intervenciones en escenarios donde se ha debatido este tema no hay soluciones por parte de la administración municipal que tiene a cargo la dirección y exigencia hacia la fuerza pública para resultados concretos.
“Sigue el hurto a personas, el secuestro, homicidio, extorsión, hurto de motocicletas, a las personas las sacan de sus viviendas para cometerles hurtos, mientras que la fuerza pública brilla por su ausencia. Sin embargo, hay que decir, que los homicidios han bajado, pero es por la circulación de panfletos que es una problemática grave no una solución”, relató Epieyu.
Destacó que sí hay grupos organizados al margen de la ley, pero ahora mismo la mayor incidencia es en la delincuencia común.
“Hemos hecho requerimientos a la administración municipal que aumente el pie de fuerza, pero la presencia del GOES es momentánea, se van nuevamente. Hay que preguntar dónde están las patrullas nuevas que se han entregado, las motocicletas, las cuatrimotos. Tampoco hay sistema de seguridad por cámaras, nada de eso sirve”, manifestó Epieyu.
También refirió que fue entregado un Drone para mejorar la seguridad, pero esto no ha funcionado. “Acá entregaron una camioneta al Ejército, pero está trabajando es en Riohacha, entonces la pregunta es ¿dónde está esa inversión, ¿dónde está la plata?”.
El defensor de Derechos Humanos también cuestionó la falta de luminarias en todo el municipio principalmente en los barrios de la zona urbana, ya que permanecen a oscuras y se convierten en focos de inseguridad. “En este punto también entra a jugar un papel fundamental Air-e, por las continuas interrupciones del servicio de energía los sectores quedan en total oscuridad”.
La esperanza: una millonaria inversión para la seguridad
Para el municipio de Manaure, La Guajira, la administración municipal ha dispuesto invertir más de $2.000 millones, en seguridad para la adquisición de herramientas tecnológicas que les permita controlar este flagelo. Sin embargo, tanto líderes sociales como veedores y la ciudadanía en general cuestionan la alta cifra y esperan que los recursos si puedan verse y dar los resultados esperados.
Dicho contrato corresponde al proyecto denominado “Suministro de elementos para el funcionamiento de un sistema integral de seguridad ciudadana en el municipio de Manaure”, presentado el 15 de julio de 2026 por la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana, a cargo de Esther Cecilia Barros Epinayu; el cual tiene un valor de 2.499.945.500,42, y un plazo de ejecución de cuatro meses. Su objetivo es fortalecer la capacidad de vigilancia, prevención y reacción oportuna de la fuerza pública frente a la ocurrencia de hechos delictivos en el municipio.
Lo particular del proyecto es que dentro de su propia justificación la administración municipal reconoce las dificultades que actualmente existen para enfrentar la inseguridad. El documento señala que Manaure presenta una “débil capacidad operativa” para desarrollar acciones de vigilancia, prevención y reacción frente a los hechos delictivos, situación que limita el control territorial y la respuesta institucional, especialmente en sectores estratégicos del casco urbano y zonas periféricas.
Además, reconoce que existen deficiencias en la disponibilidad y cobertura de equipos destinados a la comunicación, patrullaje, videovigilancia, monitoreo y atención de emergencias. Según el diagnóstico, estas limitaciones dificultan la detección temprana de situaciones de riesgo, la coordinación entre las autoridades y la activación de mecanismos de respuesta frente a hechos que puedan afectar la vida, integridad y bienes de los habitantes.
Finalmente, el mismo documento advierte que la insuficiente capacidad de vigilancia y reacción ha incrementado la percepción de inseguridad entre los habitantes y mantiene condiciones que favorecen la repetición de conductas delictivas. Incluso señala que el temor de la población a ser víctima de delitos limita el uso de los espacios públicos, reduce la circulación de personas y afecta actividades comerciales, sociales y comunitarias.
