Aunque el 25 de enero pasado, en la página web del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) publican una noticia en la que se da cuenta de que “el Sistema de Vigilancia en Salud Pública de Colombia informa que se registra una disminución histórica de la mortalidad en menores de cinco años en la tasa nacional”, también se reconoce que el informe “contrasta con el aumento de la detección y notificación de casos por desnutrición aguda, moderada y severa, en niños y niñas menores de 5 años durante los últimos 2 años”.
“La mortalidad por desnutrición aguda ha disminuido del pico de 325 casos en 2022 a 246 en 2023 (23 % de disminución). La disminución ha sido mayor en menores de un año, en niños procedentes de zonas rurales e indígenas, lo cual evidencia el impacto de la mayor detección y la intervención oportuna, en especial en los sitios con mayores dificultades”.
De acuerdo al informe, los departamentos de Chocó y La Guajira muestran una disminución importante de la mortalidad, mientras Vichada registra un aumento, al igual que otros siete departamentos en donde se concentra una tasa de detección mayor”.
Lo cierto es que las cifras alarmantes de fallecimientos reportadas el Instituto Nacional de Salud en octubre del año pasado (55 menores de 5 años, en lo que iba corrido del año) prendieron las alarmas de la Defensoría del Pueblo que, en ese mismo mes, expidió un comunicado en el que el defensor Carlos Camargo Assi pidió a las autoridades “tomar medidas integrales y con una cobertura amplia de servicios, que permitan dar respuesta a las situaciones de vulneración de derechos en el departamento”. Más de tres meses después, no se conoce ninguna acción contundente de autoridad alguna para revertir esta situación.
A mediados de noviembre del año pasado, se conoció un informe de la Contraloría General de la Nación: señaló que 95 de los 265 niños fallecidos en La Guajira, entre 2019 y 2022, hacían parte de los programas del ICBF “y no fue posible detectar a tiempo su estado de desnutrición”, dice el informe.
“Esto algo que se ha vuelto común en los procesos de atención a los niños Wayuú: las entidades desarrollan sus programas y proyectos y los resultados de los mismos no son compartidos con otras entidades interesadas y que también deben intervenir el proceso de combatir la desnutrición infantil. Nada más un ejemplo, cuando se focaliza un niño por desnutrición en el ICBF esta información no es compartida con las EPS y con el Ministerio de Salud, con el ánimo de procurar esfuerzos mancomunados y poder ayudar al infante en el estado desnutrición a salir de la referida situación y hacer el seguimiento necesario”, de acuerdo a la Contraloría.