publicidad

publicidad

La historia de los apóstoles del Concejo de Valledupar se repite

Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y esa parece ser la realidad a la que hoy se tiene que enfrentar el actual Concejo de Valledupar, quien con apenas dos meses y un par de días en función, ha dado de que hablar más de lo que se esperaba.

Un par de corporados que entraron con hambre de poder y protagonismo, no por su función de ser coadministradores de la ciudad, sino por las agallas de poder y dinero, están llevando al resto a caer en errores infantiles que, tal parece, tarde o temprano les terminaría pasando cuenta de cobro.

Así las cosas, iniciaremos este relato de sucesos que no son ningún secreto, puesto que hoy son tema de conversación en los círculos sociales de la capital vallenata donde se habla de política, y tiene que ver con todas las circunstancias que rodearon la entrega del millonario contrato del transporte escolar de la ciudad, en el cual algunos cuantos de los concejales que hacen parte de la llamada coalición comieron, y al resto los habrían garroteado.

En nuestra edición impresa de la semana pasada, en la sección ‘Curiosidades Políticas’, publicamos que a los corporados que hacían parte de la coalición les habrían enviado 100 millones de pesos para que el debate no se llevará a cabo y el contrato pudiera firmarse sin mayores contratiempos. Una vez publicada dicha información, en la que no se reveló ni un solo nombre, 12 concejales hicieron pública una comunicación en la que desmentían dicha publicación, dando con ello a entender que sí existe una coalición y, al mismo tiempo, dejando a la luz pública quienes la conforman.

Por ello el radar de La Calle prendió motores para conocer más infidencias alrededor de todo lo que allí se movió y pudo conocer más detalles escabrosos que al final ratifican que, la pelea que se dan por llegar al Concejo de la ciudad no tiene otro fundamento que batallar por las coimas que deja cada uno de los contratos.

Según conoció La Calle, de una fuente de entero crédito y que hace parte de las entrañas del Concejo, alrededor del contrato de transporte escolar se movieron varias fuerzas, una de ellas la del que siempre se queda con ese contrato, quien este año tuvo que partir la marmaja para no quedarse por fuera, puesto que el objetivo era entregárselo en su totalidad a un contratista de la ciudad de Cartagena.

“Rey Carvajal se dio cuenta de unas anomalías en la licitación del contrato de transporte escolar y que además lo iban a dejar por fuera, por eso con las pruebas en la mano exigió que no lo dejaran por fuera porque si no las iba a hacer públicas, por eso les tocó darle una parte del contrato”, contó la fuente.

Esta versión tendría validez si se analiza la enorme tensión que había el día que se tenía pensando realizar el debate de control político a dicho contrato, además días antes el secretario de Educación Iván Bolaño ya había anunciado que no llegaría al mismo. El nerviosismo era evidente puesto que la idea era presionar a los dueños del contrato para que entregaran el dinero acordado que eran 100 millones de pesos, y tal parece que el objetivo al final se cumplió.

Le puede interesar  Concejal de Valledupar fue recluido en una clínica de la ciudad con Covid-19

Sin embargo, y pese a que los dueños del contrato habrían soltado la ‘moña’, los billetes no llegaron a los doce que hacen parte de la coalición, puesto que cuatro de ellos se habrían quedado con todo. Precisamente por ello, nos enteramos que el presidente del Concejo, Luis Fernando Quintero, habría protagonizado una fuerte discusión con un exconcejal del periodo pasado que hoy gobierna en cuerpo ajeno, porque se habría enterado que la plata llegó, pero no le habrían entregado su parte.

Otro de los datos de suma importancia que reveló la fuente con la que La Calle habló, es que el alcalde no les ha cumplido a sus concejales lo que les prometió, y la promesa no sería otra que burocracia y plata.

Arzuaga manda más que ‘Luifer’

Luis Fernando Quintero es sin duda alguna el heredero político del representante Eloy ‘Chichí’ Quintero, uno de los aliados más importantes con los que contó el alcalde durante la campaña, de ahí que se diera su llegada a la presidencia de la corporación; sin embargo, el protagonismo que debería tener está siendo opacado por un compañero que tiene en la mesa directiva, ese no es otro que Jorge Luis Arzuaga.

Es tanto el poder que hoy tiene dicho personaje, que los líos en los que están metidos los concejales por la elección de la contralora y el nombramiento de la secretaria General de la corporación se debería a Arzuaga, quien sería el que estaría detrás de esos nombramientos como sus fichas.

Le puede interesar  Concejal de Valledupar fue recluido en una clínica de la ciudad con Covid-19
Mairy Hernández – Mari Flor Teherán Puello

En el caso de la secretaria General de la corporación, Mairy Hernández, a la cual dejaron en el cargo porque estaba en estado de embarazo, se habría cometido un error debido a que cuando una persona es elegida para un periodo constitucional una vez culmine su tiempo debe salir del mismo, por lo que la actual mesa directiva debió convocar a un nuevo concurso. “Hay sentencias de la Corte que dicen que las personas que fueron elegidos por un periodo constitucional deben cumplir con ese periodo y listo, si ella quería estar nuevamente en el cargo, debió inscribirse y concursar”, indicó un abogado consultado por este medio de comunicación.

En ese sentido, el presidente Luis Fernando Quintero, ya habría cometido prevaricato por haberle pagado los dos sueldos que hasta ahora ha recibido la secretaria. Según el jurista, quien debió ocupar el cargo mientras se definía de fondo todo este bololó era el señor Armando Cuello, quien es funcionario de planta del Concejo y en diversas oportunidades ha ocupado ese cargo. ¿saldrán bien librados?

Por el lado de la contralora la situación es aún más complicada, puesto que fue la Procuraduría 47 Judicial II, en cabeza del abogado Jesús Eduardo Rodríguez Orozco, solicitó al Tribunal Administrativo del Cesar suspender el acto de elección de la contralora de Valledupar Mary Flor Teherán Puello, por considerar que la funcionaria no acreditó la experiencia laboral mínima exigida por la ley, en particular por no haber ejercido funciones públicas por un periodo no menor a dos años, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley 42 de 1993, este habría sido otro ‘chocorazo’ del concejal Arzuaga, quien habría pedido el apoyo para la contralora.

Vale la pena señalar que la solicitud fue hecha el pasado 28 de febrero y se da dentro del marco de la demanda de nulidad electoral promovida por el abogado Baldomero Ascanio Rosado Quintero y cuyo estudio le correspondió al magistrado José Antonio Aponte Olivella.

¿Este concejo de Valledupar está condenado a repetir la historia?, el tiempo nos dará una respuesta.

publicidad

publicidad