Han pasado meses desde que 16 niños del Centro Educativo El Salobre, en zona rural de Río de Oro, Cesar, terminaron intoxicados después de consumir alimentos en su jornada escolar. Hoy, cuando finalmente se conocen los resultados de laboratorio que durante casi un año permanecieron en silencio institucional, el caso deja una sensación todavía más inquietante: hubo contaminación bacteriana confirmada en todos los alimentos analizados, pero hasta ahora no aparecen responsables claros, sanciones conocidas ni respuestas contundentes de las autoridades.
Lo que comenzó como una discusión sobre si la intoxicación había sido causada por los sándwiches donados por la Alcaldía o por el menú del Programa de Alimentación Escolar (PAE), terminó convirtiéndose en otra cosa: un episodio marcado por demoras, hermetismo y miedo en una comunidad campesina donde muchos prefieren no hablar.
Los resultados sí existían
El pasado 6 de abril de 2026, el Semanario La Calle reveló los resultados emitidos por el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud Departamental desde el 23 de mayo de 2025. El concepto técnico fue contundente: “No conforme para los tres”. Las muestras analizadas correspondían a: sándwiches donados por la Alcaldía de Río de Oro, pastas y tajada con pollo.
Los análisis detectaron presencia de bacterias como Escherichia coli y estafilococo coagulasa positiva, microorganismos asociados a contaminación en alimentos. Es decir: todos los alimentos enviados al laboratorio estaban contaminados.
Durante meses, distintas voces oficiales insistieron en que no podía establecerse con claridad qué había causado la intoxicación. Incluso, en septiembre de 2025, la Secretaría Departamental de Educación todavía aseguraba no conocer los resultados de laboratorio. Sin embargo, hoy se sabe que esos resultados ya existían desde mayo del año pasado.
El silencio después del escándalo
Tras conocerse oficialmente los análisis, el Semanario La Calle intentó nuevamente obtener respuestas del alcalde de Río de Oro, Arnoldo Ramón Osorio Rincón, y del procurador provincial de Ocaña, Handy Francisco Pacheco Mejía. No hubo respuesta.
En junio de 2025, el procurador había dicho a este medio que no podía entregar información sobre posibles actuaciones disciplinarias debido a la reserva legal de los procesos. Ahora, ni siquiera responde los mensajes relacionados con el caso. Mientras tanto, tampoco se conocen públicamente: investigaciones concluidas, sanciones, correctivos, ni decisiones administrativas derivadas de la intoxicación de los menores.
Y la pregunta sigue intacta: si los resultados confirmaban contaminación bacteriana desde mayo de 2025, ¿qué hicieron las autoridades durante todo este tiempo?
Padres de familia hablan, pero con temor
La Calle logró comunicarse nuevamente con algunos padres de familia de los menores afectados. Las respuestas reflejan cansancio, prudencia y, sobre todo, miedo a quedar expuestos en medio del escándalo. “La verdad, mi hijo no tuvo más consecuencias por lo sucedido. En el momento de la intoxicación tuvo la atención médica, pero el alcalde no respondió por los medicamentos”, dijo una madre de familia.
Cuando este medio le preguntó si la Alcaldía o el colegio les habían informado oficialmente sobre los resultados de los análisis, respondió: “Pues según supe había salido con un alimento que estaba dañado”. La mujer también aseguró que algunas familias tuvieron que asumir gastos derivados de la atención posterior. “La verdad, le respondí por amabilidad, pero en esas cosas yo no quiero aparecer. Son cosas que ya pasaron y que, en su momento, no hubo ninguna compensación; menos ahora. Ya el alcalde a eso es caso omiso”, expresó.
Otra madre fue todavía más cautelosa. Aunque confirmó que uno de sus hijos y un sobrino consumieron tanto el almuerzo como los sándwiches repartidos ese día, evitó profundizar en el tema. “Me da mucha pena con usted, pero yo no le puedo colaborar en ese tema”, respondió inicialmente a La Calle. Luego agregó: “Yo no puedo conseguir esa información porque la gente, a veces habla de más, y no quiero estar metida en el mismo escándalo”.
Una comunidad donde la gente prefiere callar
Las respuestas no parecen casuales. El Salobre y buena parte de la región de Río de Oro están ubicados en una zona sensible por la influencia histórica de grupos armados ilegales en el corredor del Catatumbo. En territorios así, muchas personas prefieren mantenerse al margen de conflictos públicos, incluso, cuando se trata de hechos relacionados con salud pública o actuaciones administrativas. Y eso es, precisamente, lo que hoy ocurre alrededor del caso: mientras las autoridades guardan silencio, varias familias optan por no exponerse.
El episodio que nunca terminó de aclararse
La intoxicación ocurrió el 7 de mayo de 2025. Ese día, estudiantes del Centro Educativo El Salobre consumieron alimentos del PAE y también sándwiches entregados por la Alcaldía de Río de Oro. Horas después, comenzaron los síntomas: vómito, dolor abdominal y diarrea. En total, 16 niños y cinco funcionarios de la Alcaldía presentaron afectaciones.
Desde entonces surgieron dos versiones: una apuntaba a los sándwiches donados por la administración municipal; la otra planteaba que el origen podía estar en los alimentos del PAE o, incluso, en el agua consumida en la institución educativa rural.
El propio alcalde Arnoldo Osorio negó en su momento que los sándwiches fueran del día anterior, como sostenían algunas fuentes consultadas por este medio. “Eso es falso. Los refrigerios eran para el mismo día”, aseguró entonces el mandatario, pero hoy el panorama cambió completamente: los resultados del laboratorio confirmaron contaminación en todos los alimentos analizados.
La gran pregunta sigue abierta
Con los análisis finalmente sobre la mesa, la discusión ya no es únicamente qué alimento enfermó a los niños. La verdadera pregunta ahora es otra: ¿Cómo llegaron bacterias asociadas a contaminación a todos los alimentos consumidos ese día? Porque si hubo contaminación simultánea en sándwiches, pastas y pollo, el problema deja de parecer un hecho aislado y apunta a una falla más profunda en manipulación, conservación o cadena de distribución de alimentos.
Y mientras las familias callan, la Procuraduría no habla y la Alcaldía evita responder, el caso de El Salobre sigue creciendo con el tiempo. No por lo que ocurrió aquel 7 de mayo. Sino por todo lo que pasó después.