Hace unos días, la Contraloría anunció que alrededor de 530.000 niños y niñas en el país se encuentran en riesgo de no recibir el servicio de alimentación escolar durante el primer mes de calendario escolar de 2023.
Haciendo un seguimiento al Programa de Alimentación Escolar, PAE, la entidad encontró que nueve de las 97 Entidades Territoriales Certificadas, ETC, tienen riesgo «incumplimiento en el inicio oportuno, debido a una ineficiente planeación para la realización de los procesos de contratación».
Las problemáticas se estarían dando en Córdoba, Valledupar, Sucre, Yopal, Santa Marta, Quibdó, Buenaventura, Neiva y Ciénaga.
Sin embargo, la Procuraduría General, nuevamente ‘pulló’ a la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar haciéndole recomendaciones a los entes territoriales del departamento para que cumplan con los lineamientos relacionados con la contratación de este beneficio nutricional para los estudiantes.
Para el organismo de control es necesario hacerle vigilancia superior a la contratación a las alcaldías y la Gobernación del Cesar para evitar fallas que conlleven a faltas disciplinarias por parte de funcionarios.
La primera recomendación que se hace es garantizar el inicio oportuno y continuidad del servicio durante la temporada escolar, la segunda es lograr que se haga efectiva la cantidad, calidad y oportunidad en la entrega de los alimentos.
La tercera es “comprar alimentos a pequeños productores agropecuarios locales o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30% del valor total de los recursos”, señaló la Procuraduría.
Además de eso, es necesario que las alcaldías lleven un control de las actividades realizadas y de todos los componentes y recursos necesarios; y, por último, que la comunidad educativa cumpla con la vigilancia y el interventor haga los informes periódicos correspondientes.