El 6 de enero de 2026, la Procuraduría delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa abrió formalmente un proceso disciplinario contra César Augusto Pachón Achury, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), por presunto incumplimiento a una decisión judicial que le ordenaba terminar el Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería, en La Guajira.
Con un auto de nueve páginas, el Ministerio Público decretó varias pruebas para avanzar en el proceso. La apertura no fue repentina: fue el resultado de un informe de seguimiento elaborado en diciembre de 2025 por la Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado, que evidenció los aparentes incumplimientos de la Agencia de Desarrollo Rural ante el mandato judicial que tenía plazo máximo de cumplimiento hasta mayo de 2024, asumida en noviembre de ese mismo año por Pachón. Aunque la prórroga para gestionar el proyecto se cumplió bajo la administración de Luis Alberto Higuera -el antecesor del exsenador hasta agosto de 2024-
«El fallo de segunda instancia ordenaba a la Agencia de Desarrollo Rural trazar la hoja de ruta para culminar el proyecto que daría solución a estos problemas de más de 15 años, sin embargo, la entidad, al parecer, ha hecho caso omiso al cumplimiento de la acción popular sin gestionar los trámites administrativos pertinentes.»
Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda
Según el Ministerio Público, la ‘posible inobservancia’ de Pachón respecto a la gestión para la apropiación de recursos generó ‘la presunta imposibilidad de avanzar en los demás compromisos’ que el Consejo de Estado había decretado. En términos prácticos: sin dinero gestionado, no hubo contratos, no hubo obras y no hubo agua para los guajiros y sus municipios.
El perfil de Pachón añade capas al escándalo. El investigado es un excongresista del Pacto Histórico cuya curul en el Senado fue anulada en agosto de 2023 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por doble militancia. Pese a ello, fue designado por el presidente Gustavo Petro como cabeza de la ADR en septiembre de 2024 y asumido en noviembre del mismo año, en medio de cuestionamientos sobre inconsistencias en su hoja de vida y una investigación paralela que adelanta la Corte Suprema de Justicia por presuntos hechos de corrupción.
La sentencia que lo mandó a actuar y que ignoró
Para entender por qué la Procuraduría investigó a Pachón, hay que remontarse al 11 de mayo de 2023, cuando el Consejo de Estado, mediante su Sección Primera, emitió una sentencia de 182 páginas que ratificó el fallo proferido anteriormente por el Tribunal Administrativo de La Guajira en el marco de una acción popular interpuesta por el propio Ministerio Público desde 2018.
El alto tribunal declaró que la ADR había incumplido cinco derechos fundamentales de la comunidad guajira, entre ellos el acceso a los servicios públicos y el derecho al agua potable, y ordenó a la Agencia conformar una mesa técnica con la Gobernación de La Guajira, Corpoguajira y seis ministerios —Agricultura, Hacienda, Ambiente, Vivienda, Minas e Interior— para terminar el proyecto.
Además, el Consejo de Estado ordenó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) coordinar la inclusión del proyecto de Acueducto Regional en la Alianza por el Agua y la Vida, con el fin de priorizar la conexión de los acueductos municipales con la represa El Cercado. El cronograma trazado era claro: la gestión de recursos debía completarse antes de mayo de 2024.
«El señor César Augusto Pachón Achury, en su calidad de presidente de la ADR, posiblemente no dio cumplimiento a la función de estructurar, cofinanciar y ejecutar proyectos estratégicos nacionales de desarrollo agropecuario y rural integral.»
Informe de seguimiento de la Procuraduría Quinta delegada, diciembre de 2025
La sentencia fue el resultado de un largo proceso judicial que nació en 2018, cuando la Procuraduría interpuso la acción popular ante el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la licencia ambiental. El Tribunal Administrativo de La Guajira falló en primera instancia en 2020, reconociendo cinco vulneraciones a los derechos colectivos de los habitantes guajiros. La ADR apeló, y el Consejo de Estado confirmó y amplió la orden en 2023. César Pachón, al parecer, no la acató.
El origen: una promesa de los años 80 convertida en elefante blanco
La historia de este megaproyecto es, en sí misma, la historia de la negligencia estatal en una de las regiones más castigadas de Colombia. La idea de construir una represa sobre el Río Ranchería comenzó a gestarse desde mediados del siglo XX. En 1983, el congresista Raúl Andrés Peláez presentó un proyecto de ley para apoyar su construcción. En 1987, la empresa italiana IFAGRARIA realizó el estudio de factibilidad.
Sin embargo, fue hasta diciembre de 2001 cuando el entonces Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT) celebró los contratos de obra e interventoría con la Unión Temporal Guajira (UTG), conformada por firmas nacionales como Conalvías, Grandicon, Gómez Cajiao, Zigma, Suárez y Silva Ingenieros, y Patria S.A. En 2005, Corpoguajira otorgó la licencia ambiental (No. 3158), y el 6 de marzo de 2006 comenzaron oficialmente las obras.
El proyecto era ambicioso: una presa de enrocado con cara de concreto de 110 metros de altura, capacidad para 198 millones de metros cúbicos de agua, y la promesa de abastecer los acueductos de nueve municipios (San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Maicao, Manaure y Uribia), además de irrigar 18.536 hectáreas de distritos de riego y generar 7 megavatios de energía eléctrica. La inversión proyectada superó los $610.000 millones, cofinanciados entre la Nación (más del 80%) y la Gobernación de La Guajira (17%).
La primera fase se terminó el 30 de noviembre de 2010. Pero ahí comenzaron los problemas. Desde el inicio, la obra registró emergencias ambientales graves: contaminación química que causó la muerte de miles de peces atribuida a la Unión Temporal La Guajira por no acatar el plan de manejo ambiental, e inundaciones en 2010 causadas por el fenómeno de La Niña que afectaron a comunidades indígenas de Caracolí, Piñón y Piñoncito. En 2017, la Contraloría General de la República detectó 43 irregularidades administrativas en la gestión del proyecto, de las cuales 18 podrían ser disciplinarias y cuatro tendrían alcance fiscal por $934,5 millones.
Con la liquidación del INCODER en 2016 —entidad que había reemplazado al INAT y que fue disuelto por escándalos de corrupción— las responsabilidades sobre el proyecto se repartieron entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Fue esta última quien heredó la obligación de terminar la obra… y quien, según la Procuraduría, no lo hizo.
Los entes involucrados: una cadena de responsabilidades sin fin
El fracaso del Proyecto Río Ranchería no tiene un único responsable. Es el resultado de décadas de traslados institucionales, negligencia, falta de coordinación y posible corrupción que involucran a múltiples entidades:
INAT (Instituto Nacional de Adecuación de Tierras): Entidad que abrió la licitación original en 2001 y celebró los contratos con la Unión Temporal Guajira.
INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural): Ejecutó la Fase I entre 2006 y 2010. Fue liquidado en 2016 por múltiples casos de corrupción, dejando el proyecto en el aire.
ADR (Agencia de Desarrollo Rural): Heredó las obligaciones de INCODER. Es la entidad actualmente investigada. Bajo su gestión, la obra ha permanecido sin avances concretos durante años.
Corpoguajira: Autoridad ambiental del departamento, otorgó la licencia en 2005. En 2015 aprobó una inversión adicional de $11.120 millones para preservación del río. En 2016 inició investigación a INCODER por incumplimientos. En 2024 participó activamente en la coordinación de alertas ante el riesgo de colapso del embalse.
Gobernación de La Guajira: Cofinanciadora histórica del proyecto y parte de la mesa técnica ordenada por el Consejo de Estado. En noviembre de 2024, el gobernador Jairo Aguilar se reunió con César Pachón para tratar el tema del Río Ranchería. También activó planes de contingencia junto a los organismos de socorro ante el riesgo de colapso del embalse El Cercado por las intensas lluvias de ese año, cuando el nivel del agua pasó del 79,81% el 1 de noviembre al 98,28% el 12 del mismo mes.
Ministerio Público (Procuraduría General): Interpuso la acción popular en 2018 y ahora abrió la investigación disciplinaria. Ha sido actor permanente de control y vigilancia sobre el proyecto.
Consejo de Estado: Emitió la sentencia vinculante de mayo de 2023 que ordenó la terminación del proyecto y trazó el cronograma institucional.
Contraloría General de la República: Detectó en 2017 las 43 irregularidades administrativas que profundizaron el escándalo institucional alrededor de la obra.
Una región que paga el precio del abandono
Mientras las instituciones se pasan el balón y los expedientes judiciales se acumulan, los habitantes de La Guajira siguen pagando el precio. La paradoja es cruel: a pocos kilómetros vive la represa más grande del norte de Colombia, con capacidad para 198 millones de metros cúbicos, y aun así las comunidades Wayuu, Wiwa y campesinas del departamento siguen sin agua potable.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) documentó que el consumo de agua por persona en La Guajira es de apenas 0,7 litros al día, mientras la mina El Cerrejón consume 17 millones de litros diariamente del mismo río Ranchería. Nueve municipios con más de 354.000 habitantes directamente afectados. Distritos de riego proyectados para 18.536 hectáreas que jamás se irrigaron. Una central hidroeléctrica de 7 megavatios que nunca generó energía.
La urgencia no solo es hídrica. El embalse El Cercado, sin las obras complementarias que garanticen su funcionamiento seguro, se ha convertido en una amenaza adicional. En noviembre de 2024, el nivel del embalse subió de manera alarmante, obligando a la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo y a la ADR a advertir a las poblaciones aguas abajo sobre un posible colapso. En abril de ese mismo año, una falla en una válvula obligó a cerrar las compuertas principales, secando el río por horas y generando un impacto devastador en el ecosistema.
Lo que viene: ¿seguirá el abandono o habrá justicia para La Guajira?
La investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría contra César Pachón es un primer paso, pero la historia del Proyecto Río Ranchería demuestra que los primeros pasos rara vez se convierten en soluciones reales. El expediente disciplinario puede derivar en una sanción que va desde amonestación hasta destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Sin embargo, incluso una sanción a Pachón no terminaría la represa.
Lo que sí está claro es que la sentencia del Consejo de Estado de mayo de 2023 sigue vigente y es de obligatorio cumplimiento. La mesa técnica que ordenó —integrada por la Gobernación de La Guajira, Corpoguajira, el DNP y seis ministerios— debe ser activada. Los recursos deben ser gestionados. Las obras deben ejecutarse. Y los nueve municipios guajiros que llevan más de 15 años esperando el agua que les prometieron deben recibirla.
La Procuraduría, la Contraloría, el Consejo de Estado y la opinión pública tienen los ojos puestos sobre un proyecto que costó $650.000 millones de pesos del erario y no cumplió ninguno de sus objetivos. El siguiente movimiento es del Gobierno nacional.