La agente interventora del principal hospital público del Cesar llegó con la misión de recuperar una institución en crisis, pero a pocas semanas de asumir enfrenta cuestionamientos por el manejo de los recursos, la formalización laboral y su negativa a acudir a un debate de control político convocado por la Asamblea Departamental. Mientras tanto, un documento bancario revela que la entidad tenía cerca de $10.000 millones en sus cuentas al inicio de su gestión.
El Hospital Rosario Pumarejo de López atraviesa nuevamente un escenario de tensión. La institución que fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud con la promesa de recuperar su estabilidad financiera y administrativa ahora enfrenta una nueva ola de cuestionamientos alrededor de la gestión de la agente interventora Lina de Armas.
En el centro de la discusión hay un documento bancario conocido por Semanario La Calle que revela que el hospital contaba con un saldo superior a los $9.815 millones en cuentas financieras apenas un día después de la llegada de la nueva interventora.
La cifra toma relevancia porque coincide con uno de los principales reclamos que han surgido desde la Asamblea Departamental: mientras trabajadores y sectores políticos pedían avances en la formalización laboral y soluciones para la crisis institucional, la entidad contaba con recursos millonarios disponibles.
El documento confirma la existencia del dinero, pero también abre nuevos interrogantes: ¿cuál era la destinación de esos recursos?, ¿por qué no se ha avanzado en la formalización laboral?, ¿qué decisiones financieras se tomaron desde la llegada de la nueva administración?
Hasta ahora, esas preguntas siguen sin una respuesta pública detallada.
Una intervención que prometía salvar al hospital, pero que sigue acumulando dudas
La crisis del Hospital Rosario Pumarejo no nació con Lina de Armas. La institución llegó a la intervención después de años de dificultades financieras, problemas administrativos y cuestionamientos sobre la calidad del servicio.
La Superintendencia Nacional de Salud tomó el control de la entidad luego de encontrar, según información expuesta en escenarios de control político, 96 hallazgos relacionados con aspectos administrativos, financieros y asistenciales.
La intervención fue presentada como una oportunidad para corregir el rumbo de un hospital que había perdido capacidad financiera y operativa.
Sin embargo, el panorama continúa generando preocupación.
Durante seguimientos realizados en la Asamblea Departamental se expusieron cifras que muestran un aumento de las obligaciones del hospital: de aproximadamente $60.980 millones en diciembre de 2024, a cerca de $99.657 millones en diciembre de 2025, y más de $100.000 millones para enero de 2026, según los datos presentados en ese escenario.
La pregunta que ronda la intervención es directa: si el objetivo era recuperar financieramente la institución, ¿por qué las obligaciones continuaron creciendo?
La respuesta requiere revisar los estados financieros oficiales para determinar cuánto corresponde a deudas heredadas y qué parte se generó durante el proceso de intervención.
Los $9.815 millones que reabrieron el debate por la formalización laboral
El documento que hoy pone nuevamente la lupa sobre el hospital corresponde a un consolidado bancario del Banco de Bogotá fechado el 11 de junio de 2026, un día después de que Lina de Armas asumiera como agente interventora.
El reporte registra un saldo total de $9.815.040.350, distribuido en dos productos financieros.
Aunque el extracto no señala que esos recursos estuvieran destinados exclusivamente a formalización laboral, su aparición coincide con una de las principales discusiones dentro del hospital.
Desde meses atrás, trabajadores y sectores políticos habían reclamado avances en la formalización de empleados que durante años permanecieron vinculados mediante contratos de prestación de servicios.
En una audiencia pública realizada el 24 de enero de 2026 se había planteado que recursos provenientes de la atención a población migrante serían utilizados para avanzar en ese proceso.
La cifra mencionada para esa estrategia se acercaba a los $10.000 millones.
Por eso, el documento financiero adquiere relevancia: no prueba por sí solo un uso indebido de los recursos, pero sí deja una pregunta que la administración del hospital deberá responder: si existían recursos cercanos a esa cifra, ¿qué impidió avanzar en la formalización anunciada?
El control político que Lina de Armas decidió no enfrentar
El debate llegó a la Asamblea Departamental del Cesar, donde el diputado Jesús Suárez solicitó explicaciones sobre la situación financiera, laboral y administrativa del hospital.
La convocatoria buscaba conocer el estado actual de la institución, especialmente frente al crecimiento de las deudas, los procesos laborales pendientes y la ejecución de recursos.
Sin embargo, la agente interventora decidió no asistir al debate programado.
En la comunicación enviada a los diputados, Lina de Armas argumentó que llevaba pocas semanas al frente del hospital y que aún adelantaba el proceso de empalme con la administración anterior. También sostuvo que parte de la información solicitada correspondía a periodos previos a su llegada.
La decisión generó molestia entre algunos diputados, quienes cuestionaron que una entidad pública intervenida, con una crisis financiera superior a los cien mil millones de pesos y múltiples interrogantes abiertos, no entregara explicaciones directamente ante la corporación departamental.
El diputado Jesús Suárez calificó como preocupante la postura de la interventora y aseguró que la funcionaria habría cuestionado la pertinencia del control político, calificándolo de “incongruente”, pese a que la Asamblea sostiene que tiene la obligación constitucional de ejercer vigilancia sobre una empresa pública del departamento.
Más allá de la controversia política, el episodio dejó una discusión de fondo: ¿quién responde por las decisiones de una institución pública cuando los organismos de control territorial buscan conocer su situación?
La salida de un médico con cáncer y una administración bajo señalamientos
A los cuestionamientos financieros se sumó una decisión administrativa que generó una fuerte reacción dentro del sector salud: la declaratoria de insubsistencia del médico Alaín Jiménez Fadul, quien ocupaba el cargo de subdirector científico.
La salida ocurrió cuando el funcionario regresaba de una incapacidad relacionada con un tratamiento oncológico, situación que provocó cuestionamientos por la oportunidad de la decisión y por la posible aplicación de garantías especiales de protección laboral.
Aunque los cargos de libre nombramiento y remoción permiten cambios administrativos, será la autoridad competente la encargada de establecer si en este caso se respetaron todas las garantías legales.
Mientras tanto, también permanecen sobre la mesa otros cuestionamientos expuestos durante los debates de control político: trabajadores contratistas con incertidumbre sobre su continuidad, posibles retrasos en procesos de formalización y la existencia de procesos judiciales que representarían riesgos económicos para la institución.
La administración de Lina de Armas asegura que recibió un hospital con problemas acumulados y que adelanta un proceso de organización interna. Sin embargo, los documentos conocidos por Semanario La Calle y las preguntas planteadas desde distintos sectores mantienen abierta la discusión sobre el rumbo de la intervención.
El Hospital Rosario Pumarejo fue intervenido para recuperar la confianza de los cesarenses. Hoy, casi dos años después del inicio de ese proceso, la pregunta que permanece es si la intervención está logrando resolver la crisis o si simplemente cambió el nombre de quienes toman las decisiones.