Mientras los informes financieros advierten caída del recaudo y riesgos para la sostenibilidad del hospital, documentos conocidos por La Calle revelan adiciones contractuales, nuevas vinculaciones y cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés. Una fuente allegada a este semanario habla de contratación desmedida, mientras la Asociación de Usuarios reconoce dificultades, pero también mejoras. La senadora Claudia Margarita Zuleta pidió a Supersalud cambiar a la agente interventora.
La intervención del Hospital Rosario Pumarejo de López debía representar orden, recuperación financiera y estabilidad para uno de los centros asistenciales más importantes del Cesar. Sin embargo, a pocos meses de la llegada de Lina María de Armas Daza a la administración de la institución, comenzaron a acumularse cuestionamientos alrededor de contratos, movimientos de personal, formalización laboral y decisiones financieras; La Calle tuvo acceso a informes de Revisoría Fiscal, documentos administrativos, contratos, adiciones y comunicaciones que permiten reconstruir parte de lo ocurrido dentro del hospital.
Uno de los documentos más relevantes advierte que, al cierre de julio de 2026, el Rosario Pumarejo registraba un déficit neto de facturación de $1.433 millones, una caída del 23,8 % frente a junio, un indicador presupuestal IPS 45 de 0,58 y un déficit acumulado cercano a $44.032 millones. El mismo informe advertía un riesgo significativo para la sostenibilidad de la operación y la continuidad del servicio; El problema es que, al mismo tiempo que las cuentas comenzaban a mostrar señales preocupantes, dentro de la institución se producían nuevas contrataciones, adiciones y movimientos administrativos que hoy generan preguntas sobre las prioridades de la intervención.
La familia dentro de la administración
Uno de los primeros asuntos que aparece en la documentación conocida por este medio es la presencia de Tulia de Armas, hermana de Lina de Armas, dentro de la estructura administrativa del hospital, el expediente señala que Tulia fue vinculada como profesional especializada del área jurídica. También consta que, cuando Lina de Armas se posesionó como agente especial interventora, manifestó bajo juramento que no se encontraba incursa en inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés.
El parentesco y la vinculación están documentados. Lo que sigue corresponde a cuestionamientos que requieren verificación por parte de las autoridades; Según información recogida en el expediente, trabajadores y contratistas han manifestado inquietudes sobre la influencia que presuntamente tendría Tulia de Armas en decisiones relacionadas con el ingreso, permanencia y retiro de personal. En esos mismos señalamientos también aparece el nombre de Sandra Acosta.
La documentación va más allá y sostiene que algunas decisiones relacionadas con contratación y selección de proveedores habrían contado con participación de Tulia de Armas y de Jorge Calderón Garcerant, identificado allí como su pareja y asesor de gerencia; En el expediente también aparece un contrato de prestación de servicios profesionales número 1258-2026, por $49.333.333, relacionado con asesoría jurídica al despacho de la agente interventora y atribuido a Calderón; Estos elementos plantean una pregunta que merece explicación: qué mecanismos se utilizaron para evitar posibles conflictos de interés y garantizar independencia en las decisiones administrativas y contractuales.
Más de $1.500 millones en adiciones
Uno de los capítulos que más llama la atención tiene que ver con dos contratos de mantenimiento, Juan Carlos Gutiérrez Mejía / Colthermo aparece con el contrato 0961-2026, inicialmente por $1.440 millones, destinado al mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos, redes de gases medicinales, sistemas de esterilización y equipos de apoyo hospitalario. También figura el contrato 0967-2026, por $1.695.954.000, relacionado con mantenimiento de instalaciones eléctricas, mecánicas, hidráulicas, refrigeración, aire acondicionado y equipos industriales.
Durante la administración de Lina de Armas se aprobaron adiciones por $720 millones para el primero y $847.977.000 para el segundo; Las modificaciones suman $1.567.977.000 adicionales y llevan el valor conjunto de ambos contratos a aproximadamente $4.703 millones.
El punto que genera discusión no es únicamente el monto.
Según los documentos entregados a La Calle, cuando se aprobaron las adiciones el contrato 0961 todavía tendría un saldo cercano a $722 millones, mientras el 0967 conservaría alrededor de $848 millones. La misma documentación plantea la necesidad de establecer cuáles fueron las razones técnicas, financieras y jurídicas que llevaron a adicionar recursos cuando todavía existían saldos disponibles. La existencia de esos recursos no demuestra que las adiciones sean ilegales. Pero sí convierte su justificación en un asunto de interés público, especialmente en un hospital intervenido por dificultades financieras.
“Hay más trabajadores que puestos de trabajo”
Una fuente allegada al Semanario La Calle, conocedora de la situación interna del Hospital Rosario Pumarejo de López, expresó preocupación por lo que considera un incremento excesivo de personal en momentos en que los propios documentos advierten riesgos financieros.
“Lo que hemos podido evidenciar es la contratación desmedida de personal, siendo que se está hablando de que el hospital está en riesgo financiero”, afirmó.
La fuente resumió su preocupación en una frase aún más fuerte: “En el hospital en este momento hay más trabajadores que puestos de trabajo”.
La documentación conocida por este medio recoge cuestionamientos similares, allí se señala que la agente interventora tendría siete asesores de gerencia con honorarios desde los $8 millones y registra además contratos relacionados con comunicaciones y apoyo administrativo, estas afirmaciones no significan que cada contratación sea innecesaria o irregular. El punto de fondo es si el crecimiento de la contratación resulta compatible con la situación financiera que muestran los informes.
El recaudo cayó y las EPS también están en el centro del problema
Los números del hospital muestran otro frente delicado, un informe financiero señala que julio de 2026 fue el mes con menor facturación neta de toda la vigencia, con una reducción del 23,8 % frente a junio y del 17,6 % frente al promedio mensual del primer semestre, otra parte del expediente registra que el recaudo pasó de más de $13.815 millones en marzo, a $12.072 millones en abril, $10.659 millones en mayo y $7.503 millones en junio. Una relación se ubica en julio en $6.397 millones.
Sin embargo, otro informe incluido en el mismo expediente registra para julio un recaudo de $7.274 millones. La diferencia entre ambos reportes deberá ser conciliada, pero en los dos casos la tendencia es la misma: el hospital venía recaudando menos, desde la Asociación de Usuarios, Edier Ochoa, presidente de la organización, entregó una explicación que introduce un contraste importante.
Según Ochoa, varias EPS estarían direccionando usuarios hacia otros prestadores, afectando los ingresos del Rosario Pumarejo.
“Obvio, el recaudo sí ha bajado”, reconoció.
También manifestó preocupación por la salida de pacientes hacia otros prestadores y mencionó dificultades con Coosalud; Ese argumento encuentra respaldo parcial en los documentos financieros, que identifican inconvenientes con Coosalud, Nueva EPS y Proteger EPS, relacionados con falta de oportunidad en pagos, rechazo de radicaciones y demoras en autorizaciones, esto significa que la caída del recaudo no puede atribuirse exclusivamente a decisiones internas del hospital. Sin embargo, también obliga a preguntar qué acciones está tomando la intervención para contener el deterioro.
Quejas por medicamentos y procedimientos, pero también mejoras
Edier Ochoa confirmó además que la Asociación de Usuarios ha recibido quejas por demoras en procedimientos quirúrgicos, falta de insumos y medicamentos, aseguró que cuando estas situaciones se presentan, la Asociación se reúne con la administración y se activan planes de mejoramiento; Según explicó, la dificultad con medicamentos habría sido solucionada y se están realizando ajustes para mejorar la asignación de citas, también informó que existe una cantidad importante de pacientes pendientes de procedimientos relacionados con retiro de catéteres y que se proyecta una brigada para atender esos casos.
A pesar de los problemas, Ochoa sostiene que desde la Asociación de Usuarios han observado avances y considera que parte importante de los recursos se está orientando hacia la operación del hospital, su posición marca un contraste con las voces más críticas: mientras desde sectores internos se cuestiona la contratación y la sostenibilidad financiera, la representación de los usuarios reconoce problemas, pero también reporta soluciones y mejoras en la atención.
Los $35.342 millones y la formalización que quedó en el aire
Otro de los grandes puntos de tensión está relacionado con los recursos recibidos a finales de 2025, los movimientos bancarios muestran que el 29 de diciembre ingresaron $35.342.578.270, correspondientes a la Resolución 2682 de 2025. A esa cuenta también ingresaron recursos adicionales provenientes de La Guajira y Magdalena. Durante una audiencia pública realizada en 2025 se informó que parte de esos recursos sería utilizada para avanzar en la formalización laboral; La primera etapa permitió la vinculación de 75 empleados mediante planta temporal y para una segunda etapa se proyectaron 126 empleos, con una posesión masiva prevista inicialmente para el 28 de julio de 2026.
Ese proceso no se completó en la fecha proyectada
La misma fuente allegada a La Calle aseguró que, durante una reunión con Lina de Armas, la interventora reiteró que no estaba obligada a utilizar esos recursos para formalización porque la resolución no establecía expresamente esa destinación, ese argumento coincide con lo consignado en los documentos. Según el expediente, durante una rueda de prensa del 30 de julio de 2026, De Armas sostuvo que la resolución no indicaba específicamente que el dinero tuviera que destinarse a formalización y, bajo esa interpretación, decidió emplearlo para atender proveedores.
La fuente allegada a este semanario cuestionó esa decisión y afirmó que, a su juicio, el pago de proveedores y pasivos judiciales terminó teniendo prioridad, también habló de comentarios sobre eventuales beneficios o porcentajes relacionados con pagos.
¿Dónde terminó el dinero?
Los documentos sí permiten seguir una parte importante de los $35 mil millones; Un informe de Revisoría Fiscal dirigido a la Superintendencia Nacional de Salud verificó 19 procesos judiciales pagados por aproximadamente $15 mil millones, respaldados por cuatro actas del Comité de Conciliación, también aparecen pagos de obligaciones tributarias, proveedores y personal especializado.
En marzo, por ejemplo, se registraron pagos por $6.589 millones correspondientes a siete procesos judiciales y otros $2.485 millones a proveedores relacionados con el aparato médico, en abril fueron registrados aproximadamente $4.455 millones adicionales correspondientes a cinco procesos judiciales; Una conciliación bancaria a corte de mayo registra alrededor de $25.103 millones en egresos y un saldo real de aproximadamente $10.600 millones en la cuenta examinada.
Por lo tanto, no sería preciso afirmar que se desconoce totalmente el destino del dinero. Existe trazabilidad para una parte importante de los recursos, el interrogante es diferente: qué se priorizó, cuánto permanecía disponible después y qué ocurrió con los recursos que estaban contemplados dentro del proceso de formalización.
ASTU sí aparece en procesos contra el hospital
Hay, sin embargo, una parte que sí tiene soporte documental, el expediente señala la existencia de una obligación económica a favor de ASTU que, incluyendo capital e intereses, superaría los $100 millones. Además, ASTU aparece en documentación del hospital relacionada con los procesos ejecutivos 2021-00200 y 2021-00305.
Esto vuelve relevante la llegada de quien habría sido representante de esa organización a la Jefatura de Control Interno de la institución que figuraba como contraparte de esos procesos, la pregunta que surge no es menor: ¿qué medidas se adoptaron para garantizar la independencia de Jader Carrillo frente a cualquier asunto relacionado con ASTU?
¿Y qué tiene que ver Caleth Carrillo?
Este punto requiere una precisión para evitar interpretaciones equivocadas; Según una fuente consultada por La Calle, después de la llegada de Jader Carrillo a Control Interno se habría producido un cambio en la representación de ASTU, el expediente coincide en señalar, todavía en términos que requieren verificación, que pocos días después de su designación, Jader habría dejado la representación legal de ASTU y esta habría sido asumida por su hijo, Caleth Carrillo, lo relevante será establecer documentalmente cuándo dejó Jader la representación de ASTU, cuándo la asumió Caleth y qué ocurrió después con las acreencias y procesos que la organización mantenía frente al hospital.
Claudia Zuleta eleva el tono
La controversia ya trascendió el hospital; La senadora Claudia Margarita Zuleta pidió públicamente a la Superintendencia Nacional de Salud cambiar a Lina de Armas como agente especial interventora, en su pronunciamiento, la congresista habló de retrasos en pagos a especialistas, incertidumbre alrededor de la formalización laboral, cambios de personal experimentado y dudas frente a nuevas vinculaciones.
Zuleta también puso bajo la lupa los $35.342 millones recibidos por atención a población migrante y pidió a la Contraloría General de la República revisar el destino final de esos recursos, uno de sus señalamientos más fuertes fue que una intervención pública no puede convertirse en un mecanismo para “repartir cargos, pagar compromisos políticos o contratar personas por cercanía”, los documentos revisados por La Calle no prueban que la administración haya pagado compromisos políticos; Sí muestran relaciones familiares, movimientos de personal, contrataciones y cuestionamientos suficientes para que las autoridades determinen si algunas decisiones pudieron estar atravesadas por posibles conflictos de interés.
Lina de Armas y Jader Carrillo no respondieron
Como parte del proceso de contraste, La Calle buscó directamente la versión de Lina María de Armas Daza, a través de WhatsApp, este medio le planteó preguntas relacionadas con el manejo de los recursos, el proceso de formalización laboral, la situación financiera del hospital, las adiciones contractuales y los cuestionamientos sobre algunas decisiones administrativas, por lo que al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.
También se buscó por WhatsApp a Jader Carrillo para preguntarle sobre su anterior relación con ASTU, el estado de los procesos ejecutivos de esa organización y los cuestionamientos relacionados con un posible conflicto de interés, a lo que tampoco respondió al cierre de esta edición.
