En Colombia, los escándalos de corrupción parecen tener más eco dependiendo de a quién salpican en Bogotá que del tamaño del desfalco. En 2021, el país entero se indignó con el caso de Centros Poblados y los 70 mil millones que le costaron la cabeza a la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen. Ese ruido político y mediático trascendió fronteras. Mientras tanto, en La Guajira, el exgobernador Nemesio Roys repartía más de 300 mil millones de regalías en obras suntuarias, sin estudios técnicos ni pertinencia social, y el silencio fue casi absoluto.
Como bien lo señaló la periodista Salud Hernández-Mora, el problema radica en que a Bogotá no le importaba Roys. No era un nombre con peso en la capital. El escándalo no tocaba al poder central, ni a un ministro ni al presidente. Así, los medios nacionales pasaron de largo y el país dejó que se levantaran elefantes blancos: patinódromos en caseríos, piscinas olímpicas en pueblos sin agua, centros deportivos de alto rendimiento en zonas rurales sin alcantarillado, parques y monumentos mientras la gente seguía cargando pimpinas.
El periodista Luis Colmenares fue claro al describir este modelo de “desarrollo invertido”: ponerse ropa nueva sin bañarse ni comer. Así gobiernan muchos en La Guajira, repartiendo contratos que poco o nada alivian el hambre, la sed y la precariedad de un departamento donde la pobreza multidimensional golpea con fuerza a niños y familias enteras.
Lo más indignante no es solo la ligereza con la que se despilfarraron los recursos de regalías, sino la indiferencia nacional. Porque, como lo denunció Hernández-Mora, hubo advertencias, visitas, reportajes, denuncias ante la Procuraduría. Todo quedó en nada. Un procurador “especial” fue nombrado, pero los resultados brillan por su ausencia. El silencio institucional es cómplice.
La Guajira no merece seguir siendo el territorio donde la corrupción se normaliza y la indignación se agota rápido. No merece que el abandono del Estado central se complemente con la voracidad de sus élites locales. Que un escándalo de 70 mil millones tumbe a una ministra, mientras otro de 300 mil millones quede en el aire, dice mucho de qué es lo que realmente importa en Colombia: no la magnitud del saqueo, sino quién resulta golpeado políticamente.
El mensaje es devastador. A los pocos que luchan contra la corrupción los aíslan, los amenazan o los condenan al fracaso. Y el resto se resigna a que el agua no llegue, que la escuela siga en ruinas, que el hospital no tenga médicos ni insumos. En últimas, como lo advirtió Salud Hernández, cada región tiene lo que tolera.
Lo que está en juego no son 300 mil millones de pesos ni los caprichos de un gobernador que quiso maquillar municipios pobres con cemento y pintura. Lo que está en juego es la dignidad de La Guajira, una tierra a la que el país sigue mirando de reojo solo cuando conviene.