En Curumaní los balones salieron a precio de Champions y la calidad terminó jugando en otra liga $249 millones para las escuelas deportivas, una sola oferta en la contratación, diferencias de más de $200.000 entre algunos balones del contrato y referencias comerciales de Golty, y jóvenes inconformes con lo recibido. Alex Oliveros cuestiona las cuentas de la Alcaldía y la Procuraduría abrió una indagación preliminar. Si la plata era para formar campeones, alguien tendrá que explicar por qué las cifras están jugando de delanteras y las respuestas siguen en la banca.
En Curumaní parece que el fútbol se juega con reglas distintas cuando llega la hora de contratar. Para los niños, conseguir implementos de calidad es una necesidad; para las cuentas de la dotación deportiva de 2026, algunos balones aparecen con precios que harían pensar que vienen firmados por Messi, bendecidos por Cristiano y empacados en una vitrina de museo. El problema es que el contrato no compró trofeos ni estrellas internacionales, sino implementos para las escuelas de formación del municipio.
El negocio ascendió a $249.235.000 e incluyó balones, guayos, petos, canilleras, conos, uniformes de patinaje y elementos para voleibol. Una inversión considerable para impulsar el deporte local, pero que ahora debe responder por diferencias de precios difíciles de ignorar, cuestionamientos sobre la calidad de lo entregado y una indagación preliminar de la Procuraduría General de la Nación.
La contratación quedó en manos de Cindy Paola Díaz Payares, propietaria de Suministros Payares, luego de que su propuesta fuera la única habilitada. La modalidad contemplaba una subasta inversa, mecanismo en el que los oferentes compiten para reducir el precio. Pero en este partido no hubo rival que obligara a bajar las cifras. Una sola propuesta y se acabó la competencia.
Así, los casi $250 millones quedaron comprometidos sin una puja entre varios participantes. La existencia de un único oferente no demuestra por sí sola una irregularidad, pero deja una pregunta que la administración debe responder con documentos y no con gambetas: ¿cómo calculó los precios y qué estudios respaldaron los valores contratados?
Balones que cuestan un ojo de la cara
Entre las voces que han cuestionado el contrato está la del concejal Alex Oliveros, quien relató haber recibido el reclamo de un integrante de una de las escuelas deportivas beneficiarias. Según su versión, algunos jóvenes se mostraron inconformes con la calidad de los implementos y decidieron no recibir la dotación. La celebración por la entrega, al parecer, duró menos que un tiempo reglamentario cuando los muchachos vieron lo que les estaban dando.
Oliveros cuestionó los precios y señaló que, a su juicio, no se corresponden con la calidad observada. “Uno busca por ahí en el mercado y encuentra unos balones entre cuarenta y cinco mil hasta ochenta mil pesos”, manifestó.
Las cifras del documento económico son contundentes. Suministros Payares cobró $228.000 por cada balón de fútbol número 5. Fueron 150 unidades, por $34.200.000. Los balones número 4 quedaron a $205.000 cada uno, para $30.750.000, mientras que los de fútbol sala se contrataron a $202.500 por unidad, para un total de $20.250.000.
En total, $85.200.000 destinados a balones. A esos precios, uno pensaría que cada uno viene con GPS, seguimiento satelital, repetición del VAR y árbitro incluido. Pero no: son implementos deportivos para escuelas de formación, y precisamente por eso hay que explicar por qué cuestan lo que cuestan.
La comparación con una cotización de Grupo Y S. A., proveedor de productos Golty, fechada el 13 de octubre de 2026, pone las diferencias en perspectiva. Allí aparece el balón de fútbol Fénix Thermobonded número 5 por $44.980 antes de IVA; el número 4 figura al mismo precio. El balón de voleibol de competencia aparece a $56.763 y el de fútbol sala a $48.152, también antes de IVA.
La diferencia entre el balón número 5 contratado por $228.000 y el cotizado en $44.980 es de $183.020 por unidad. Para el balón de voleibol, la distancia entre $258.000 y $56.763 alcanza $201.237. En fútbol sala, entre $202.500 y $48.152 hay $154.348 de diferencia.
No son monedas perdidas debajo del sofá. Son brechas que exigen una explicación seria. La cotización está antes de IVA y deben revisarse las condiciones comerciales y las especificaciones técnicas, pero las diferencias merecen una comparación documentada de marcas, modelos, calidad y condiciones de compra. Si los implementos contratados tenían características superiores, la Alcaldía debe demostrarlo. Si eran comparables con los cotizados, tendrá que explicar por qué el municipio pagó una diferencia tan grande.
Una fuente interna que aseguró trabajar con el Ministerio del Deporte y pidió mantener su identidad en reserva también cuestionó los valores. “Revisando su publicación es una falta de respeto esos precios, yo trabajo con el Ministerio de Deporte y ni ellos manejan esos precios”, escribió al remitir la cotización de Golty.
La subasta inversa terminó sin puja
El acta de evaluación económica deja constancia de que solo hubo una proponente habilitada. El documento señala que “no hay lugar a la subasta inversa y se debe adjudicar al único oferente habilitado cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado”, con referencia al numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015.
Que no hubiera otros proponentes puede explicar por qué no se realizó la puja, pero no sustituye la obligación de justificar el presupuesto, sustentar los estudios de mercado y verificar que lo contratado corresponda a lo entregado.
Y los balones no son el único capítulo. El contrato incluyó 200 pares de guayos a $246.000 cada uno, para $49.200.000; 200 petos a $72.000 por unidad, por $14.400.000, y 230 canilleras a $35.000 cada una, para $8.050.000. También contempló conos, camillas, trusas de patinaje, bandas elásticas y otros implementos.
Oliveros expresó su preocupación por la dotación destinada a los menores. “Si ustedes quieren darle algo a los niños de Curumaní, denle lo mejor”, reclamó. También planteó que el contratista podría haberse quedado con una proporción considerable del valor del negocio. Esa afirmación corresponde a su cuestionamiento y no constituye una cifra demostrada de utilidad o detrimento patrimonial. Para establecerlo hacen falta soportes contables, comparación técnica y revisión de los costos reales.
La Procuraduría pita y la Alcaldía debe responder
El 26 de octubre, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la Alcaldía de Curumaní, por posibles irregularidades relacionadas con el contrato de $249.235.000.
El Ministerio Público informó que busca verificar los reportes sobre un presunto pago de hasta tres veces el valor de mercado por artículos como balones, canilleras y petos, y establecer si las conductas examinadas podrían constituir faltas disciplinarias. La actuación apenas comienza: no hay una declaración definitiva de responsabilidad ni una conclusión oficial que confirme un detrimento patrimonial.
Semanario La Calle intentó comunicarse con el alcalde de Curumaní para conocer su versión sobre los precios, los criterios empleados para establecer el presupuesto, la calidad de los implementos y las diferencias frente a la cotización comercial. No obtuvo respuesta al cierre de esta nota.
Por ahora, el marcador es incómodo para la administración: un contrato de casi $250 millones, una sola propuesta habilitada, diferencias superiores a $200.000 en algunas comparaciones y cuestionamientos sobre la calidad de los implementos. Todo esto mientras la Procuraduría comienza a revisar qué ocurrió.
En Curumaní, los niños necesitan balones para entrenar, no artículos que parezcan cotizados como piezas de lujo. Si la Alcaldía pagó por implementos de alta calidad, que muestre las referencias y las pruebas de entrega. Si los precios responden a condiciones técnicas especiales, que las explique. Y si las cuentas están bien hechas, que las ponga sobre la mesa.
Porque con la plata pública no basta con entregar una bolsa de implementos, tomarse la foto y dar por terminado el partido. Cuando se gastan $249 millones, la ciudadanía tiene derecho a saber si compró calidad o si terminó pagando como en la Champions para jugar con una dotación de otra categoría. La Procuraduría ya comenzó a revisar la jugada. Ahora le toca a la Alcaldía dejar de jugar a la defensiva y explicar las cuentas.
