En el Cesar, el poder no siempre está donde se vota. Está, también, donde se sanciona, donde se investiga y donde se decide qué expediente duerme y cuál camina. Esos son los organismos de control.
El Ministerio Público – Gregorio Eljach Pacheco — Procurador General de la Nación (desde el 16 de enero de 2025)
La cadena disciplinaria del Cesar comienza, como todo, en la capital del país. Eljach Pacheco —nacido en Fusagasugá, pero con raíces en San Juan del Cesar— llegó al cargo con 95 de 103 votos del Senado el 2 de octubre de 2024, una unanimidad que en Colombia siempre huele a acuerdo previo. Hasta senadores de la oposición declarada levantaron la mano. Se posesionó simbólicamente en Riohacha el 20 de diciembre —un guiño a sus raíces guajiras— y asumió en propiedad el 16 de enero de 2025. Su deuda política con el ejecutivo es el elefante en la sala que todos ven y pocos señalan. Desde esa silla se vigila la conducta de más de un millón de servidores públicos en todo el país.
Angélica Olarte Becerra — Procuradora Regional del Cesar
En Valledupar, la palabra de Olarte Becerra pesa. Bajo su jurisdicción caen los 25 alcaldes del departamento, la Gobernación, las entidades descentralizadas y cualquier funcionario que maneje un peso público. Aquí reposan miles de expedientes disciplinarios, algunos con los pies fríos hace años, otros que avanzan con una puntualidad sospechosa. Le responde jerárquicamente a Eljach en Bogotá, pero en el día a día navega los equilibrios de un departamento donde los apellidos mandan.
Handy Francisco Pacheco Mejía — Procurador Provincial de Ocaña
Aunque su despacho está en Norte de Santander, Pacheco Mejía tiene jurisdicción disciplinaria sobre el sur del Cesar: Aguachica, Gamarra, La Gloria, Río de Oro, San Martín, San Alberto y González. Una franja donde la economía extractiva, los corredores del conflicto armado y los contratos públicos conviven con una institucionalidad que no siempre da la talla. La pregunta de rigor aplica aquí con especial fuerza: ¿quién vigila al vigilante en un territorio donde la presión ilegal sobre los funcionarios es asunto cotidiano?
El brazo fiscal – Ronald Calderón Vieco — Director Seccional de Fiscalías del Cesar
Si la Procuraduría disciplina, la Fiscalía mete a la cárcel. Calderón Vieco dirige el brazo penal del Estado en el Cesar, una institución que depende de la fiscalía general de Luz Adriana Camargo —nombrada por el presidente Petro—. La cadena de mando es corta y tiene sabor político definido. Bajo su responsabilidad caen los delitos que van desde el homicidio hasta la corrupción administrativa, el narcotráfico y el lavado de activos. Enfrenta investigaciones por contratación pública que llevan años congeladas, en un departamento donde las familias políticas tradicionales tienen memoria larga y paciencia de corta.
Las Contralorías
Carlos Hernán Rodríguez Becerra — Contralor General de la República (desde agosto de 2022, reelegido junio de 2024)
El hombre que audita el Presupuesto General de la Nación —más de 500 billones de pesos para 2025— fue elegido con 265 votos del Congreso pleno, un récord histórico con respaldo de todas las bancadas. La Contraloría General tiene competencia preferente sobre las contralorías departamentales: puede entrar al Cesar cuando los controles locales sean insuficientes o cómplices. Rodríguez Becerra encontró en el presupuesto de 2023 irregularidades por 60,2 billones de pesos, según reportes de su propia entidad. Una cifra escandalosa que debería llenar los titulares de todos los medios del país. En cambio, el debate político se concentra en otros temas y esos billones desaparecidos en irregularidades siguen esperando rendición de cuentas real.
Luis José Rodríguez Torres — Contralor Departamental del Cesar
Tiene en sus manos la vigilancia fiscal de la Gobernación y de todas las entidades descentralizadas del departamento, con un presupuesto que desde 2025 ronda los 2 billones de pesos entre transferencias, regalías y recursos propios. La Contraloría Departamental del Cesar es elegida por la Asamblea Departamental, y ahí está el nudo gordiano: los diputados que eligen al contralor son los mismos que fiscaliza la gobernación que él debe auditar. Un círculo vicioso institucional que en el Cesar tiene historia larga y consecuencias conocidas: contralores que miran hacia otro lado cuando el que manda es el mismo que los puso. Un círculo vicioso que en el Cesar tiene historia larga.
Con la gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila bajo la lupa del consejo de estado por su propia elección, Rodríguez Torres tiene en sus manos la auditoría de una administración que ya ha generado polémicas.
Juan Francisco Villazón Tafur — Contralor Municipal de Valledupar
Elegido por el Concejo Municipal —otro caso donde el mismo cuerpo que lo elige debería estar bajo su radar—, Villazón Tafur audita los recursos de la alcaldía de la capital cesarense. Recientemente, su despacho detectó hallazgos de carácter disciplinario, fiscal y penal en auditorías a Emdupar, la empresa de servicios públicos, trasladándolos a la Fiscalía y la Procuraduría. El protocolo se siguió. Pero el antecedente de contralores municipales —como relató este semanario en casos anteriores— que han terminado siendo ellos mismos investigados, obliga a mantener la guardia alta.
En una ciudad donde los contratos de infraestructura, el manejo de entidades públicas y las transferencias educativas mueven cientos de miles de millones, el Contralor Municipal es un actor con poder real… y con tentaciones reales.
La Personería – Dina Margarita Zabaleta Molina — Personera de Valledupar
La Personería Municipal es el control más cercano al ciudadano del común: recibe quejas, vigila a los funcionarios del municipio, defiende derechos humanos. Zabaleta Molina es su titular, pero debe el cargo al Concejo Municipal —los mismos concejales que en muchos casos debería estar vigilando— dado que el Concejo ha sido históricamente tierra fértil para los acuerdos de poder y los favores políticos cruzados en otras ocasiones. Una paradoja institucional que aquí adquiere dimensiones particulares, dado el historial del Concejo de Valledupar.
La Personería vigila la gestión del municipio de Valledupar, que maneja anualmente un presupuesto que supera los 600.000 millones de pesos, incluyendo transferencias del Sistema General de Participaciones para educación, salud y agua potable. ¿Cuántos de esos recursos están siendo bien invertidos? Esa es la pregunta que la Personera tiene el deber de responder.